Las sanciones: un arma contundente

¿Sancionar o no sancionar? Dilema que puede pesar mucho en la decisión de los políticos cuando se trata de preservar intereses de diversa índole y de evitar una confrontación militar. Peter Walker analiza el tema desde un punto de vista humanitario y llega a la conclusión de que se puede evitar el sufrimiento innecesario de los simples ciudadanos, a condición de que las sanciones se apliquen según determinadas reglas.

Los gobiernos recurren de más en más a las sanciones económicas como medio de presionar a otros Estados, cuando los mecanismos diplomáticos fracasan y la guerra es una opción demasiado drástica, o simplemente inconveniente por razones de política interior.

Sin embargo, la eficacia de las sanciones, medida en términos de objetivos políticos logrados, en el mejor de los casos, ha sido fragmentaria.

En pocas palabras, las sanciones son un arma muy contundente. Es hora de que la comunidad internacional busque medios que le permitan asegurar que los daños que se prevé inflingir mediante las sanciones no sean desproporcionados respecto a los resultados que se espera obtener.

Un estudio realizado por la Federación, que se centra en el análisis de las sanciones aplicadas a Irak, Haití y Serbia-Montenegro, ha revelado cuan graves pueden ser los efectos accidentales de las sanciones (véase el recuadro). En el estudio se llega a la conclusión de que al cabo de años de aplicación de sanciones contra estos tres países se obtuvieron dividendos políticos mínimos, y el costo humanitario fue sumamente alto.

No se trata de proponer que las sanciones se abandonen sin más pues son una opción legítima cuando la diplomacia es ineficaz y cuando se considera que las operaciones militares son medidas demasiado drásticas. Antes bien, se trata de dilucidar si confieren una libertad de acción irrestricta a quienes las imponen o si no sería conveniente reglamentarlas, tal como se ha hecho con las acciones bélicas.

A mi juicio, se deberían tomar cuatro medidas simples para que la población de los países objeto de sanciones no tenga que soportar las consecuencias de tales medidas.

En primer lugar, habría que garantizar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas preste la debida atención a los aspectos humanitarios cuando imponga sanciones o pase revista a las sanciones aplicadas. A tales efectos, el Departamento de Asuntos Huma-nitarios de las Naciones Unidas debería tener acceso directo a las deliberaciones del Consejo de Seguridad en la materia.

En segundo lugar, el Departamento de Asuntos Humanitarios debería asumir la tarea de evaluar las repercusiones de las sanciones para los sectores más vulnerables de la población, tanto antes como después que hayan entrado en vigor.
En tercer lugar, deberían reformarse los procedimientos engorrosos y burocráticos impuestos por las Naciones Unidas para tramitar la exportación de cualquier artículo a los países objeto de sanciones. Habría que permitir la libre circulación de suministros humanitarios y el libre acceso a tales suministros de la población que los necesite.

En cuarto lugar, deberían simplificarse los procedimientos de aplicación de sanciones, para permitir la libre prestación de asistencia por parte de las organizaciones que se designen para ello, tales como las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. De momento, la capacidad de dichas organizaciones de intervenir eficientemente se ve seriamente comprometida por la interminable serie de obtáculos burocráticos que hay que salvar.

Operar estos cambios no debería plantear grandes dificultades, pues no se requiere establecer nuevos instrumentos de derecho internacional y las restricciones propuestas son congruentes con las prácticas vigentes en los conflictos armados. Además, se mantiene intacto el peso político y económico que suponen las sanciones para quienes detentan el poder.

El caso de Haití

La Organización de Estados Americanos y los Estados Unidos impusieron a Haití, en setiembre de 1991, un embargo político y comercial cuando un golpe militar depuso al Presidente Aristidi.

La violación a los derechos humanos, incluido el asesinato de seguidores del Presidente Aristide continuó.

En junio de 1993, ante el constante deterioro de la situación y los derechos humanos, el Consejo de Seguridad consideró que la situación en Haití constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Actuando bajo el mandato del Capítulo VII de la Carta y con el fin de restituir en su cargo al Presidente Aristide, adoptó la Resolución 841, que imponía un embargo de armas y petróleo al país y congelaba los fondos del gobierno en otros países.

Tres meses más tarde, el régimen militar haitiano pareció hacer una concesión al firmar un acuerdo con el Presidente Aristide, en la Isla Gobernador, en el cual se señalaban pasos para el restablecimiento de la democracia y la reinstalación del Presidente. Las sanciones fueron levantadas cuando el parlamento haitiano acordó en agosto reconfirmar el nombramiento del Primer Ministro, según los términos del acuerdo. Las sanciones parecían haber tenido éxito.

Sin embargo, la violencia recrudeció nuevamente. El Consejo de Seguridad decidió reimponer las sanciones me-diante la Resolución 873 del 13 de octubre, cuando se le impidió a una embarcación norteamericana, que transportaba tropas de entrenamiento y control, desembarcar en Puerto Príncipe. Al día siguiente, el Ministro de Justicia nombrado por el Presidente Aristide fue asesinado en Puerto Príncipe.

La Resolución 917 del Consejo de Seguridad, del 6 de mayo de 1.994, considerando que continuaban los “asesinatos extrajudiciales, los arrestos arbitrario, las detenciones ilegales, los secuestros, violaciones y desapariciones forzosas (y) la negación permanente de la libre expresión”, endureció las sanciones e impuso un embargo comercial general y la prohibición del tráfico aéreo.

Se aplicaron sanciones específicas como la prohibición de viaje para los jefes militares y policiales haitianos, sus familias y asociados (aproximadamente 600 personas), y se hizo un llamado a los gobiernos y Estados para que congelaran los activos de estas personas.

Seis semanas después del endure-cimiento de las sanciones, el Secretario General de las Naciones Unidas informó que existía poco progreso en la implementación de los acuerdos de la Isla Gobernador. Más bien, se hacía visible un agudo deterioro de los derechos humanos y se establecían nuevos patrones de represión. Los asesinatos políticos continuaban y el nivel de seguridad era inestable. El Secretario General resumió así la situación: “las tensiones han aumentado como consecuencia del... creciente impacto de las sanciones económicas, de la represión continua y de la crisis humanitaria.”

A finales de setiembre, 16.000 hombres, en su mayoría norteamericanos, invadieron Haití, reinstalaron al Presidente Aristide y enviaron a los líderes golpistas fuera del país. Pero no fueron las sanciones las que lograron estas metas. Las pérdidas vinculadas directamente con la intervención fueron pocas. Por el contrario, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de Harvard ha afirmado que las sanciones provocaron un aumento considerable en la mortalidad infantil. Este punto de vista fue rebatido. No obstante, la presunción de que las sanciones cobran menos vidas que las fuerzas armadas difícilmente encuentre respaldo en el caso de Haití.

Fragmento del Informe Mundial sobre Desastres 1995
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Traducción del original inglés: Ana Hidalgo Corrección de estilo: Luis Orlando Corrales.