Un país a la deriva

El indestructible dólar

Esta guerra absurda que no obedece a contradicciones ideológicas o políticas, ni a rivalidades de tipo étnico, a pesar de las apariencias, tampoco se caracteriza por enfretamientos directos entre los beligerantes. Se trata más bien de una guerra por beneficios económicos, en la que se conjugan matanzas indiscriminadas, saqueos en gran escala y ambiciones desenfrenadas.

Hace ya bastante tiempo que los líderes que manipulan las facciones dejaron de aparentar que luchan por ideales políticos. Hoy no tienen empacho en admitir que la guerra gira en torno a los recursos naturales y el poder personal. Todo lo que se puede explotar - diamantes, oro, caucho y maderas preciosas - está controlado y es comercializado por los jefes de facción, ya sea para enriquecerse personalmente o financiar el aparato militar que les permitirá seguir expoliando a su propio país.
En el puerto de Buchanan se amontonan las partidas de maderas preciosas listas para la exportación. Otras mercancías se exportan a través de países vecinos o parten el extranjero desde otros puertos de la costa.

Algunos países de Africa occidental tratan de salvaguardar sus propios intereses políticos, financiando o prestando apoyo logístico a las diferentes facciones y, por ende, el embargo a las importaciones de armas jamás se ha aplicado. Quienes se preguntan si a alguien le interesa poner fin a una economía de guerra tan floreciente no dejan de tener razón.

El “Mayor Rambo” se droga

Las facciones están integradas principalmente por jóvenes sin formación escolar que actúan bajo el efecto de la droga. Según algunas estimaciones, hay 6.000 niños enrolados en las milicias, es decir, un 10% de los efectivos militares. Los soldados se dan nombres de guerra tales como “Mayor Rambo”, “Capitán Dinamita” o “General Serpiente”, y es frecuente que se libren a una violencia sádica e indiscriminada.

Los jefes de casi todas las facciones habitan en los barrios residenciales de Monrovia o tienen representantes en esta ciudad. Instalados en la capital, dicer ejercer un control estricto sobre sus combatientes dispersos por las zonas rurales, donde la situación es extremadamente inestable. En realidad, dicho control suele ser ficticio.

Si en un futuro cercano se restaurara la paz, el país tendrá que iniciar sin demora la rehabilitación y reeducación de toda esta juventud, aviesamente utilizada por los señores de la guerra para satisfacer intereses perso-nales. Muchos niños y adolescentes necesitarán ayuda de diversos profesionales para sobreponserse de las experiencias traumáticas que han vivido y liberarse del sentimiento de culpa y de la drogadicción.

El dilema del CICR

Los factores económicos, el incesante aumento del número de facciones y la violencia en estado puro (asesinatos, actos de canibalismo y una ausencia total de respeto por los restos de las víctimas) han agudizado la complejidad de la acción humanitaria.

Las intervenciones del CICR en los últimos años han estado marcadas por las dificultades mencionadas. En un trágico incidente ocurrido en Bomi, en 1992, un funcionario nacional fue asesinado a balazos y un delegado resultó herido. Ese mismo año, los delegados tuvieron que abandonar las zonas controladas por el NPFL por el creciente peligro que suponía para los extranjeros que prestaban ayuda humanitaria. En octubre de 1993, el CICR pudo reanudar su labor en las zonas bajo control del NPFL, pero las organizaciones humanitarias tuvieron que evacuar la zona de Lofa a raíz de los enfrentamientos.

Durante 1994 se intensificaron las actividades militares en varias regiones de Liberia. Los combates en la región meridional del país entre el NPFL y el LPC, de reciente creación, generaron un clima de confusión e inseguridad generalizada que entorpeció o paralizó la labor humanitaria en algunas zonas. Las operaciones de socorro se interrumpieron en los condados de Cape Mount y de Bomi, al estallar enfrentamientos entre las facciones Mandingo y Krahn de la agrupación Ulimo.

En septiembre de 1994, cuando una coalición logró desalojar al NPFL de su plaza fuerte en Gbarnga, la población civil y los representantes de los organismos internacionales que permanecieron allí fueron objeto de saqueos y graves actos de hostigamiento. El CICR, al igual que las demás organizaciones, los observadores de la ONU y las tropas del ECOMOG, tuvo que evacuar al personal. Hasta entonces, llevaba a cabo un vasto programa alimentario en Bong y Margibi del que beneficiaban 120.000 personas al mes.

Desde los primeros meses de 1995, las organizaciones humanitarias han podido reanudar sus actividades con relativa seguridad en las zonas controladas por el ECOMOG. Aun cuando desde estas zonas se puede hacer llegar asistencia a la mayoría de la población del país, algunos centenares de miles de habitantes están aislados en las comarcas rurales. Últimamente, unas pocas organizaciones humanitarias han vuelto a las zonas controladas por el NPFL, a pesar de las condiciones complejas y peligrosas que allí persisten. Estas organizaciones han dado a conocer la situación inquietante de la población civil pues la malnutrición se agudiza y generaliza.

Habida cuenta de la extrema crueldad de las hostilidades, el CICR todavía no trabaja en las zonas que escapan al control del ECOMOG porque no ha obtenido la debidas garantías de seguridad. Esta situación le plantea un dilema de fondo ya que por un lado, es sumamente conciente de las necesidades de la población atrapada en medio del conflicto, y por el otro, tiene las manos atadas y no puede dispensar la ayuda requerida. Solucionarlo, será un proceso largo y penoso.

La 13.o acuerdo de paz firmado recientemente y la instauración de un gobierno en el que personajes claves del conflicto desempeñen un papel activo permiten abrigar esperanzas de que el país despierte de esta pesadilla.