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Guerra declarada
a las minas terrestres
por Mary-Anne Andersen |
| Acabemos
con las minas terrestres. Con este lema inequÍvoco,
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja ha emprendido una campaña
pÚblica para obtener la prohibición total de
las minas terrestres. El avance en la consecución de
esta meta es irreversible pero la batalla dista de haberse
ganado y todavÍa queda mucho por hacer. |
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“Uno tiene que aceptar que para salvar al paciente
no hay más remedio que amputar, buscar la forma de
hacer abstracción de los sentimientos e intervenir
sin vacilar”, explica el Dr. Bernard Vermuelen, cirujano
suizo que cumplió misiones para el CICR en Peshawar,
Pakistán, en 1987, y en Khao-i-Dang, Camboya, cuatro
años más tarde. Entre sus múltiples recuerdos
de víctimas de las minas, la imagen más patente
es la de un niño a quien tuvo que amputar las dos piernas
y que tenía la misma edad de su hijo. “No era
un combatiente, tan sólo una víctima más
de esa arma usada para aterrorizar a civiles”, comenta.
El Dr. Vermuelen es uno de los tantos cirujanos de guerra
que, aterrados por la enorme cantidad de heridos por minas
que les tocaba atender en el quirófano, comenzaron
a enviar informes a la sede del CICR en Ginebra, en los cuales
describían esta situación y pedían encarecidamente
que la Institución tomase las medidas del caso.
Por su parte, el Dr. Robin Coupland, también cirujano
de guerra, empezó a recabar los datos que mandaban
los hospitales del CICR sobre los heridos por minas. Su estudio
permitió hacerse una idea del pasmoso número
de personas cuyos cuerpos y cuyas vidas destrozaban las minas
antipersonal en decenas de países. Asimismo, demostró
que los efectos de esta arma no se limitaban a muertes y mutilaciones,
ya que el tratamiento de los supervivientes insumía
una parte considerable de los recursos hospitalarios, habitualmente
escasos, en zonas donde ha habido o hay conflictos armados.
Otra conclusión alarmante del estudio fue que la mayoría
de las víctimas de las minas eran civiles. “Pudimos
comprobar que la utilización de las minas superaba
su objetivo militar ya que, en principio, estaban destinadas
a los soldados enemigos pero entre los pacientes que atendíamos
había muchos niños y mujeres”. |
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No hay otra salida
Tras haberse percatado de que el problema había cobrado
proporciones endémicas, en 1993, el CICR convocó
un coloquio de expertos médicos, militares y jurídicos
para buscar soluciones a esta crisis. “Durante años
habíamos tenido conciencia del problema pero en la
época de la guerra fría resultaba muy difícil
avanzar en cuestiones relativas al armamento. En 1993, por
el contrario, se daban las condiciones y por fin conseguimos
llamar la atención de la opinión pública
respecto al costo humano que entraña el empleo de esta
arma”, explica el Dr. Coupland.
Habida cuenta de la dimensión del problema, saltaba
a la vista que la única vía de acción
posible era lanzar una campaña para la prohibición
total de la producción, uso, almacenamiento y transferencia
de las minas terrestres antipersonal (minas AP). Los argumentos
en favor de esta opción se fundan en tres principios
básicos del derecho internacional humanitario: Emplear
armas que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios
es ilegal; las armas de efectos indiscriminados y el uso de
las mismas están prohibidos, y las armas que contradicen
“los dictados de la conciencia pública”
deberían prohibirse.
En febrero de 1994, el CICR hizo un llamamiento para que
se prohibieran las minas AP. El presidente Cornelio Sommaruga,
declaró: “Desde un punto de vista humanitario,
creemos que la única solución efectiva es la
prohibición total de las minas terrestres antipersonal”,
e invitó a los gobiernos a esforzarse por lograr tal
meta en la Conferencia de Examen de la Convención de
1980 de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales,
cuyo Protocolo II reglamenta el empleo de las minas terrestres.
Ahora bien, cuando la Conferencia de Examen se reunió
en septiembre de 1995, los Estados Partes en la Convención
de 1980 no lograron ponerse de acuerdo sobre las enmiendas
a dicho protocolo; tal fracaso obedeció a que las decisiones
debían tomarse por consenso. El resultado de las dos
sesiones siguientes, que tuvieron lugar en Ginebra en el primer
semestre de 1996, fue la aprobación de la versión
revisada del Protocolo II que prevé prohibiciones y
restricciones de carácter limitado en cuanto al empleo
y, hecho sin precedentes en un tratado de DIH, a la transferencia
de minas AP.
Lo más decepcionante para el Movimiento fue la insuficiencia
de las restricciones al empleo de las minas AP. “Se
trata de un conjunto de normas complejo y poco eficaz, difícilmente
aplicable en la guerra. De ahí que el CICR decidiera
dar el paso y emprender una campaña que movilizara
al Movimiento a fin de despertar la conciencia pública”,
comenta el Sr. Herby, experto jurídico del CICR.
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| La
publicidad
El CICR lanzó oficialmente su campaña en noviembre
de 1995 con el lema “Acabemos con las minas terrestres”;
campaña que contó con un elemento inusual, es
decir, la publicidad.
“Para el Movimiento, esta fue una iniciativa revolucionaria
a varios niveles”, dice Johanne Dorais-Slakmon, coordinadora
de la campaña del CICR. Profesional con una sólida
formación en comunicaciones, la Sra. Dorais-Slakmon
considera que la publicidad puede ser una herramienta útil
cuando se trata de transmitir un mensaje a la opinión
pública. “Es la única manera de llegar
a todo el mundo y sensibilizar a gente de diversas culturas;
además, ofrece la ventaja de la concisión. Ahora
bien, para el CICR el hecho de utilizar la publicidad en el
ámbito de su estrategia de comunicación no tenía
precedentes, lo que provocó una viva controversia entre
progresistas y conservadores”.
Se encargó a una agencia especializada que preparara
conceptos creativos, y provocadores, dentro de los límites
aceptables para el CICR. El Sr. Gian Battista Bacchetta, director
adjunto a la Dirección General del CICR, reconoce que
la campaña supuso un paso de gigante para el Movimiento
porque “es innovadora y ha sacudido actitudes culturales
profundamente arraigadas en el CICR, lo que en buena medida
explica las reticencias iniciales. No obstante, la campaña
ha servido para convencer a los gobiernos de que tienen que
asumir su deber en esta materia.” En 1996, los anuncios
del CICR publicados en espacios donados por la prensa escrita
y la televisión internacionales, de un valor superior
a 3.000.000 de francos suizos, llegaron a unos 745.000.000
de personas en todo el mundo.
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Las pruebas
La campaña publicitaria se centró en dar a
conocer las horribles secuelas que dejan las explosiones de
minas y se aprovecharon diversas reuniones y conferencias
para presentar datos estadísticos y otras informaciones
a las autoridades y los responsables políticos. “Tenemos
que informar y al mismo tiempo polemizar, equilibrando adecuadamente
estos dos elementos, pues no podemos limitarnos a repetir
que las minas AP son un arma terrible. Además, tenemos
que lograr que las autoridades asuman la carga de la prueba
sobre todo en lo que atañe al costo humano del empleo
de las minas. A ellas incumbe justificar la necesidad de emplear
este tipo de armas”, sostiene el Dr. Coupland.
A diferencia de las campañas en favor de la prohibición
que han llevado a cabo algunas ONG, el Movimiento se ha abstenido
de acusar o denunciar a los países que producen o exportan
minas AP, concentrando sus esfuerzos en señalar la
perversidad del arma, sensibilizar a la opinión pública
al respecto e influir en el proceder de las autoridades.
“Las ONG pueden actuar como factores de presión
ciudadana pero la Cruz Roja desempeña otra función.
Nosotros aportamos nuestra pericia, nuestra experiencia de
terreno y nuestra credibilidad. Por ello, los gobiernos recurren
a nosotros en busca de consejos, orientación e información”,
dice Johanne Dorais-Slakmon. |
Colombia: Entre dos fuegos
Después de más de 30 años de guerra
civil entre la guerrilla y las tropas del gobierno, varias
regiones del país están infestadas de minas
AP. Las emplean la guerrilla, para precaverse de ataques
contra sus campamentos, y también las fuerzas gubernamentales,
para proteger los oleoductos porque el petróleo es
uno de los más valiosos productos de exportación.
Si bien no existe un registro estadístico del número
de víctimas ni de las minas diseminadas, se estima
que la mayoría de los afectados son niños.
En mayo de 1996, la Cruz Roja Colombiana lanzó una
campaña de sensibilización mediante carteles,
folletos y anuncios en radio y televisión. En menos
de seis meses, la mayoría de los 40.000 voluntarios
de la Sociedad Nacional participó en dicha campaña,
enseñando a niños y adultos a protegerse contra
los peligros que entrañan las minas y las medidas
que debían tomarse si alguien resultaba herido por
una de estas armas. A la labor de estos voluntarios se ha
sumado la colaboración de los medios de difusión,
que han apoyado la campaña cediendo espacios publicitarios
gratuitos.
“Las minas son tan odiosas que resulta fácil
sensibilizar a la gente. Sin embargo, impedir la diseminación
ha resultado más difícil, a raíz de
los enfrentamientos actuales”, dice el Dr. Guillermo
Rueda, presidente de la Cruz Roja Colombiana. “Las
partes involucradas en los enfrentamientos están
demasiado ocupadas como para inquietarse por los civiles
heridos por las explosiones de las minas que han disimulado.
Por ello estamos aquí”.
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El Movimiento cierra filas
La campaña internacional para la prohibición
de las minas terrestres ha representado para el Movimiento
una oportunidad sin parangón de demostrar su vigor
y potencial. El CICR se ocupó de informar a los medios
de difusión internacionales y de organizar reuniones
y conferencias para estigmatizar el uso de minas AP y sensibilizar
al respecto; las Sociedades Nacionales, por su parte, impulsaron
la campaña a escala nacional, adaptándola
a sus respectivas culturas y necesidades. Hasta ahora, han
participado 83 Sociedades Nacionales, lo que ha sido decisivo
a escala mundial. Desde el inicio de la campaña,
más de 80 Estados han declarado su apoyo a la prohibición
total y mundial de las minas AP, lo que significa que la
respaldan 109* países.
Otro beneficio para el Movimiento ha sido la actualidad
que ha dado a la promoción del derecho humanitario
en un momento crucial. En efecto, el tema de las minas ha
permitido que en muchos países las Sociedades Nacionales
y las delegaciones del CICR analicen con funcionarios de
gobierno y militares la aplicación del derecho internacional
humanitario.
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Ideas
e iniciativas
Además de utilizar el material suministrado por el
CICR, muchas Sociedades Nacionales demostraron gran ingenio.
Por ejemplo, en las escalinatas de los parlamentos e iglesias
de muchos países, entre ellos Alemania, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia, se hicieron “montañas
de zapatos”, símbolo de las 24.000 personas que
cada año matan o mutilan las minas AP.
“La publicidad fue importante para que la opinión
pública cobrara conciencia del problema y la prensa
se interesara”, dice Kristina Hedlund Thulin, consejera
jurídica de la Cruz Roja Sueca. “Pero hacía
falta un planteamiento distinto para tratar con los políticos”,
agrega. La Cruz Roja Sueca logró que todas las secciones
locales participaran y las alentó a que se comunicaran
con los parlamentarios de su circunscripción respectiva
para informarles del problema. También se distribuyeron
postales con información sobre las minas que luego
la gente envió a los políticos.
En octubre de 1995, la Comisión de Derecho Internacional
de la Cruz Roja Danesa publicó un estudio completo
sobre las minas AP, que versa sobre los aspectos legales,
militares y humanitarios del tema. Dado que entre los integrantes
de esta Comisión había eminentes doctores y
abogados daneses, el estudio dio lugar a un debate nacional
que culminó con la suspensión del empleo de
las minas AP.
Las Sociedades Nacionales de los países directamente
afectados por las minas también han participado en
la campaña, poniendo el acento en la prevención
y la sensibilización. En Mozambique, país marcado
por los estragos heredados de una guerra civil que duró
16 años, las minas se cobran víctimas civiles
todos los días. La Cruz Roja de Mozambique ha capacitado
a un gran número de voluntarios que informan sobre
las minas, sirviéndose del teatro, la canción
y la radio. Además, jóvenes voluntarios se han
encargado de levantar mapas de algunas zonas infestadas con
minas y de llevar un registro de los accidentes. Las minas
AP siguen empleándose en los conflictos internos de
Afganistán, Colombia y Bosnia, países donde
la necesidad de contar con programas de sensibilización
es cada vez mayor. |
| Acción
ecuánime
Pese a que han tropezado con algunos obstáculos, muchas
Sociedades Nacionales toman parte activa en la promoción
de la campaña contra las minas. Encontrar la manera
de hacer llegar el mensaje ha exigido de ellas gran tacto
y diplomacia.
La Cruz Roja Británica optó por centrar su
campaña en las necesidades humanitarias de las víctimas,
para no comprometer su estatuto de organización caritativa.
En virtud de la legislación británica, a dichas
organizaciones les está prohibido ocuparse de asuntos
de carácter político. Ahora bien, al obtener
la cooperación de personalidades como Diana, princesa
de Gales, cuyo viaje a Angola fue ampliamente difundido por
la prensa británica (véase pág. 25),
la Sociedad Nacional ha logrado que la gente se interese por
el problema.
La Cruz Roja Finlandesa tuvo que responder a menudo al argumento
de que era imprescindible que las fuerzas armadas de su país
colocaran minas terrestres a lo largo de la frontera con Rusia.
Últimamente, tuvo que postergar una audiencia prevista
con autoridades militares y representantes de un amplio espectro
de la sociedad civil porque estaban “demasiado ocupadas”
para participar.
“Debemos andar con cuidado. En este país, las
consideraciones militares siguen teniendo mucho peso y no
nos corresponde inmiscuirnos en un debate sobre la doctrina
militar. Mucha gente tiene ideas bien precisas en cuanto a
la necesidad de defender nuestras fronteras, pero desconoce
lo que se podría hacer con respecto a las víctimas
civiles en otras partes del mundo”, dice Helena Korhonen,
directora de Políticas Orgánicas y Recursos
de la Cruz Roja Finlandesa. “De ahí la dificultad
de centrar el debate en la dimensión mundial del problema.
A pesar de esa dificultad, considero que estas cuestiones
incumben a la Cruz Roja y deberíamos aprender a considerar
su dimensión transnacional”.
La Cruz Roja Japonesa (CRJ) también experimentó
dificultades. “Más de 40 por ciento de la población
japonesa no sabe nada de la guerra”, explica Otohiko
Hori, subdirector de Planificación del Departamento
de Relaciones Internacionales de la CRJ. “Por esta razón,
nuestra campaña ha tenido más bien un carácter
informativo. Mucha gente no sabe que las minas siguen mutilando
a civiles mucho tiempo después de terminadas las guerras.
Una vez que conocen el problema, los japoneses prefieren aportar
asistencia para las víctimas y para las labores de
remoción en lugar de exigir la prohibición de
las minas.”
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Redes regionales
Las iniciativas a escala nacional y regional también
han contribuido al avance registrado a escala internacional.
En mayo de 1996, con la ayuda del Gobierno y la Sociedad Nacional
de Nicaragua, el CICR organizó en Managua un seminario
regional sobre las minas AP. Este seminario, en el cual participaron
representantes de los Estados de América Central y
México, sentó las bases de una iniciativa con
miras a establecer una zona libre de minas AP hacia el año
2000 y de la resolución de la Asamblea General de la
OEA, en la que se preconiza convertir el continente americano
en zona exenta de minas.
En febrero de 1997, durante una conferencia internacional
celebrada en Maputo, Mozambique, por la coalición de
ONG denominada Campaña Internacional para la Prohibición
de Minas Terrestres (CIPMT), 12 Sociedades Nacionales de África
austral formaron una red regional de cooperación para
promover en cada país la prohibición de las
minas AP y obrar juntas para lograr que se establezca una
región exenta de minas.
En Europa, las Sociedades Nacionales de 14 países
han formado un Grupo de Apoyo Jurídico por cuyo intermedio
sus consejeros jurídicos intercambian información
y se asisten mutuamente en cuestiones relacionadas con las
minas AP.
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Austria: Meta Cumplida
No existe receta para que una campaña contra las minas
terrestres sea perfecta, pero utilizando como lema de la campaña
nacional el principio de “ver para creer” la Cruz
Roja Austríaca logró algunos resultados notables.
“Si queremos conseguir algo más que despertar
conciencias, tenemos que actuar. De ahí que desde un
principio, nuestro objetivo fuera la promulgación de
una ley”, señala Christian Marte, secretario
general adjunto de la Cruz Roja Austríaca. A efectos
de traducir la preocupación pública por las
víctimas en un llamamiento concreto a la prohibición
de las minas terrestres, la Sociedad Nacional usó avisos
publicitarios, recolectó firmas y organizó reuniones
informativas para diversos grupos. Asimismo, informó
a la opinión pública que empresas austríacas
promovían la venta de minas AP a otros países
en el catálogo Jane’s Military and Logistics,
pero se abstuvo de denunciar a las empresas productoras. Los
medios de difusión se hicieron eco, lo que dio lugar
a titulares como este: “Austria contribuye a la matanza
mundial causada por las minas terrestres”.
“Pese a que la obtención de firmas era algo
nuevo para nosotros, tuvimos un éxito inesperado”,
explica el Sr. Marte. Tras haber recibido las 60.000 firmas
conseguidas, el presidente de la República Federal
decidió apoyar la prohibición.
La División Jurídica de la Cruz Roja Austríaca
procedió entonces a preparar un anteproyecto de ley
y consiguió que los parlamentarios favorables a la
prohibición lo presentaran al Parlamento Federal que
en diciembre de 1996, aprobó la ley relativa a la prohibición
total de las minas terrestres antipersonal que entró
en vigor el 1° de enero de 1997.
“El hecho de haber tomado la iniciativa de redactar
el anteproyecto de ley demostró a la población
que la Cruz Roja Austríaca no sólo hacía
“ruido”, sino que también trataba el asunto
con toda seriedad”, dice el Sr. Marte. “Gracias
a la campaña, se conoce mejor a la Cruz Roja Austríaca
y las funciones que cumple. En un Estado de derecho, la sanción
y aplicación de leyes son el único medio para
impedir que se vulneren los intereses de terceros. Habida
cuenta de la índole humanitaria del tema y de que disponíamos
de las competencias jurídicas necesarias en este campo,
para nuestros consejeros jurídicos fue un honor redactar
dicho anteproyecto”.
Aún cuando ésta ha sido una manera inhabitual
de “vender” la Institución a la opinión
pública, no cabe duda de que ha dado muy buenos resultados.
De hecho, ya no nos consideran los “ingenuos e inofensivos”
de turno, añade el Sr. Marte.
Actualmente, Austria forma parte del núcleo de países
que anima el proceso de Ottawa. El gobierno austríaco
ha redactado una primera versión del tratado que sirve
de base para las negociaciones internacionales a nivel de
gobiernos, y las industrias austríacas que hasta hace
poco exportaban minas están importando estos artefactos
de Bosnia, para destruirlos, claro está. |
| La recta
final A efectos de acelerar el proceso, en octubre
de 1996, el gobierno de Canadá invitó a 50 Estados
partidarios de la prohibición, el CICR, las Naciones
Unidas y representantes de la CIPMT a reunirse en Ottawa para
definir la estrategia a seguir. En dicha ocasión, se
aprobó la Declaración de Ottawa y se redactó
el borrador de un plan de acción que establece las
medidas que han de tomarse a escala regional y mundial para
prohibir la minas en todo el planeta. Al finalizar la Conferencia,
Lloyd Axworthy, ministro de Asuntos Exteriores del Canadá,
invitó a todos los gobiernos a reunirse en Ottawa en
diciembre de 1997 para firmar allí un tratado de prohibición
total de las minas AP.
Después de la Conferencia de Ottawa de octubre de
1996, 155 Estados apoyaron una resolución presentada
por los EE.UU. ante la Asamblea General de la ONU, en la que
se pedía concluir cuanto antes un nuevo tratado jurídicamente
vinculante que prohíba la producción, el empleo,
el almacenamiento y la transferencia de minas AP.
“El denominado proceso de Ottawa es seguramente
el camino más rápido para poner en práctica
esta resolución”, observa el Sr. Herby. Incluso
si en diciembre se consigue la prohibición total, ello
no acabará con el legado mortífero de las minas
terrestres y, durante muchos años, habrá que
seguir prestando asistencia a los civiles que tropiecen con
estos artefactos en medio de arrozales, a lo largo de un camino,
mientras recogen leña o van arreando vacas. Por esta
razón, en la conferencia sobre minas AP que tuvo lugar
en Tokio los días 6 y 7 de marzo de 1997, el CICR presentó
un programa bastante completo de asistencia a las víctimas
que conjuga medidas preventivas y de rehabilitación.
“Prestar una asistencia suficiente y mejor sigue siendo
la principal preocupación del CICR ya que nuestras
competencias se centran en este campo. Pero también
necesitamos la cooperación de otras entidades, a fin
de
minimizar el sufrimiento que inevitablemente provocarán
las minas en los próximos 20 ó 30 años”,
señala el Dr. Coupland.
Un elemento fundamental de la propuesta es la creación
de sistemas de información sobre las minas en todos
aquellos países donde se han diseminado cantidades
ingentes de estos artefactos. La centralización de
la información permitirá mejorar el tratamiento
de las víctimas y prestar asistencia a un mayor número
de ellas. Además, los datos estadísticos servirán
para orientar con mayor precisión las tareas de remoción
y afinar los programas de sensibilización.
“Hay quienes sostienen que la campaña para la
prohibición se ha llevado a cabo en detrimento de la
atención a las víctimas, lo que no es cierto”,
dice la Sra. Dorais-Slakmon. “Nos hemos esforzado por
no despersonalizarlas, resaltando su experiencia a lo largo
de toda la campaña. Antes se las consideraba simples
bajas de guerra; ahora, en cambio, se reconoce que son pacientes
que requieren un tratamiento especial y que tienen necesidades
a largo plazo”.
Aun cuando la campaña puede haber hecho comprender
a la opinión pública la necesidad de brindar
asistencia a las víctimas de las minas, para el CICR
el tratamiento de esas personas sigue siendo una de las tareas
más exigentes. A partir de 1991, se han registrado
en la base de datos quirúrgicos más de 26.000
pacientes atendidos en cinco hospitales de la Institución.
Según estos datos, 27 por ciento son víctimas
de minas y en su gran mayoría no combatientes. El CICR
lleva a cabo 19 programas ortopédicos en ocho países
afectados por las minas. Otros 26 programas en 16 países
se han transferido a otras entidades, pero a todos se les
sigue prestando apoyo técnico y material. Desde 1979
hasta la fecha, el CICR ha fabricado más de 100.000
miembros artificiales para 80.000 personas amputadas.
El 6 de junio, lanzó un llamamiento de fondos para
seguir prestando asistencia a las víctimas de las minas,
y hacerlo mejor. Pese a los esmerados esfuerzos del Movimiento
y de otras organizaciones humanitarias, aún hay muchos
heridos y mutilados por minas librados a su propia suerte,
lo que supone una carga suplementaria para familias y comunidades
cuyos escasos recursos se han utilizado al máximo.
Para los millones de civiles inocentes que viven en zonas
minadas y que a diario corren el riesgo de morir o quedar
mutilados, así como para los cientos de miles de mutilados
por minas en todo el mundo, la prohibición total de
las minas AP será tan solo el principio del fin.
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Canadá: La union hace
la fuerza
Al preguntarle qué siente ahora que su gobierno literalmente
se ha hecho cargo de la campaña contra las minas terrestres,
David Pardoe de la Cruz Roja Canadiense sonríe satisfecho:
“Ha sido formidable, maravilloso. No es muy frecuente
que un gobierno se comporte como debería en cuestiones
humanitarias. De hecho, no siempre han apoyado la prohibición”.
La Cruz Roja Canadiense lanzó su campaña nacional
contra las minas terrestres al mismo tiempo que el CICR hizo
lo propio a escala internacional. Chris Giannou, cirujano
de guerra canadiense, dio el impulso a la campaña con
una serie de presentaciones sobre el tema. Apenas dos meses
más tarde, el 17 de enero, el gobierno canadiense declaró
una suspensión completa y unilateral de la producción,
exportación y uso operacional de las minas AP. Habiendo
logrado sus objetivos a escala nacional, la Cruz Roja Canadiense
se ocupó de promover una mayor asistencia a las víctimas
de las minas terrestres y a las operaciones de remoción
de minas.
El 3 de mayo de 1996, en la sesión de clausura de
la Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de
las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, el
gobierno canadiense asumió un papel de liderazgo, invitando
a los Estados a congregarse en Ottawa para tratar la futura
estrategia con miras a obtener la prohibición. A la
conferencia, celebrada en octubre, asistieron representantes
de los 50 Estados que ya apoyaban la prohibición, de
24 Estados que participaban en calidad de observadores y de
ocho organizaciones y organismos internacionales. Los 50 Estados
mencionados firmaron una declaración en la que se comprometen
a tratar de concertar a la mayor brevedad un acuerdo jurídicamente
vinculante destinado a prohibir la producción, almacenamiento,
transferencia y uso de las minas AP, y a incrementar la ayuda
a los programas de sensibilización sobre el problema,
a las operaciones de remoción de las minas y a la asistencia
a las víctimas. Los participantes acordaron reunirse
nuevamente en Ottawa, en diciembre de 1997, para firmar un
tratado.
La Cruz Roja Canadiense ha colaborado estrechamente con el
gobierno de su país, entregándole información
y lineamientos generales, pero manteniéndose al margen
de cuestiones de política exterior.
“En el último año, nuestra principal
preocupación ha sido avanzar al mismo ritmo que el
gobierno”, dice el Sr. Pardoe.
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Mary-Anne Andersen
Encargada de enlace de la Unidad de Minas, del CICR, enviada
en misión de servicio por la Cruz Roja Danesa.
Publicaciones sobre el problema de las minas en página
26.
* Incluidos los Estados que firmaron una declaración
en Bruselas, en junio de 1997.
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