Cuando el deber
se antepone al poder

Aunque la creación de la Corte Penal Internacional tal vez no dé resultados inmediatos, de todos modos, es un hito en la historia del derecho internacional.

El pasado 17 de julio, casi a medianoche, en la sesión plenaria de la Conferencia de Roma sobre la creación de la Corte Penal Internacional, hubo esa clase de ovación que uno espera oír después del triunfante final de un estreno de Pavarotti. Pero aquí se aplaudía el resultado de una votación: la sala acababa de aprobar el Estatuto de la Corte Penal Internacional por 120 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.

Los diplomáticos estaban manifestando algo más que un justificado alivio por el resultado de una conferencia de cinco semanas, durante la cual, la lucha agotadora por encontrar soluciones tuvo un equilibrio precario hasta la recta final. Se trataba de una ocasión simbólica, de un momento en que se estaba escribiendo un nuevo capítulo de la larga y lenta historia del derecho internacional.

El camino de Roma ha sido largo y el comienzo del viaje remonta a varios decenios. Del espíritu de los tribunales de Nuremberg y de Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial, nació el propósito de crear una Corte Penal Internacional permanente.

Ahora bien, los esfuerzos por lograr esta meta quedaron congelados desde el comienzo de la guerra fría hasta finales de la década de 1980. Aún entonces, la apertura de una nueva perspectiva política no era lo suficientemente amplia como para que el asunto figurara entre los temas prioritarios del quehacer internacional. Hizo falta el horror de los genocidios de Ruanda y ex Yugoslavia para que el tema se pusiera en el tapete de la mesa de negociación.

Poco después de estos acontecimientos, algunos Estados estaban satisfechos con los tribunales ad hoc creados por Naciones Unidas para entender de los casos de Ruanda y ex Yugoslavia, pero un número creciente de democracias seguían pensando que era preciso establecer una norma general, según la cual, los autores de genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad deben ser procesados.

Entonces, se fue creando un grupo de Estados que concordaban en una posición progresista respecto a la creación de la Corte Penal Internacional y que para la fecha de la Conferencia de Roma, ya integraban 50 países, principalmente de África, América Latina y Europa.

Un frente unido

La emoción de la respuesta de Roma obedeció, en parte, a que estos «países concordantes» obtuvieron lo que se proponían y, al final, sólo EE.UU. seguía oponiendo una verdadera resistencia; de hecho, tan firme que los chinos pudieron capear el temporal cómodamente y los rusos disfrutar de una conferencia tranquila.

Las posiciones de Francia y de Gran Bretaña, miembros permanentes de Europa, variaron más. Al contrario de los británicos, que se distanciaron visiblemente de la posición de sus primos del otro lado del océano, los franceses se asociaron al parecer esta dounidense, según el cual, las operaciones de mantenimiento de la paz por parte de sus fuerzas armadas podrían dar lugar a que sus propios ciudadanos tuvieran que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional.

A lo largo de todo este proceso, el papel de EE.UU. fue tan importante como misterioso. Sin embargo, cabe señalar que las mayores presiones y las fuerzas más dinámicas también dimanaron de las ONG , y de la flor y nata de la élite intelectual de dicho país.

Por ese motivo, también fue crucial que en esta ocasión, los países concordantes no cedieran a la presión estadounidense. Gracias a su firmeza, disponemos ahora de un estatuto que, a pesar de las carencias mencionadas, no es totalmente ineficaz. Aun cuando sería ingenuo esperar resultados, procesos y veredictos a corto plazo, esta estructura tiene un gran potencial de desarrollo, sobre todo, una vez que las superpotencias recuerden que el poder sin justicia es un arma de doble filo. Por lo tanto, en la senda del derecho internacional, donde se va avanzando con lentitud de caracol, el Estatuto de Roma representa un enorme pasito adelante.

Lukas Schmuts
Corresponsal en Ginebra del diario Basler Zeitung, de Basilea, Suiza.

El 17 de julio de 1998 fue una fecha histórica en el combate contra esa impunidad que ha durado demasiado tiempo y ha dado carta blanca a los criminales de guerra. Tras años de incansables esfuerzos y cinco semanas de arduas negociaciones, se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

En las negociaciones entabladas para crear dicha corte participaron Estados, organizaciones intergubernamentales, cientos de ONG y el CICR; todos ellos trabajaron sin respiro para lograr lo que hubiera podido considerarse una quimera.

El texto del Estatuto es sustancial y permitirá que la citada corte castigue crímenes internacionales tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra y agresión. Ahora bien, es preciso tener claro que la CPI no se sustituirá a los tribunales nacionales ni conocerá casos de crímenes cometidos en el pasado. De conformidad con su Estatuto, su deber primordial residirá en procesar a los criminales de guerra y podrá ejercer su jurisdicción, únicamente cuando los tribunales nacionales se nieguen o se encuentren en la imposibilidad de investigar y de procesar a los autores. De ahí que sólo podrá conocer de los crímenes cometidos después de su creación.

En cuanto a los puntos fundamentales directamente relacionados con el derecho internacional humanitario, hay dos que interesan particularmente al CICR: las negociaciones mantenidas acerca de la jurisdicción de la CPI en materia de crímenes de guerra y sobre el número y el alcance de dichos crímenes, y las condiciones previas para que pueda ejercer su jurisdicción. Indudablemente, el logro principal ra-dica en que se haya incluido una sección relativa a los crímenes de guerra cometidos durante conflictos internos. Ello era esencial, dado que los conflictos más recientes son de esa índole, y que todo deja pensar que lo seguirán siendo en un futuro cercano. No obstante, hay que lamentar que entre los crímenes de guerra no figuren disposiciones concretas sobre el recurso al hambre como método de guerra, los ataques indiscriminados contra civiles y el uso de armas prohibidas en los conflictos internos.

La sección relativa a los crímenes de guerra en contiendas internacionales, que entran en la jurisdicción de la CPI, es satisfactoria pero incompleta. Citemos algunos ejemplos: no contempla disposiciones sobre la demora injustificada de la repatriación de prisioneros de guerra, ni sobre los ataques indiscriminados contra la población y los objetivos civiles. La lista de armas se reduce a un mínimo, en virtud de la dificultad de llegar a un consenso, lo que en gran medida obedeció a la posición de algunos Estados que querían incluir las armas nucleares en la lista de armas prohibidas, mientras que otros se negaban rotundamente. Por lo tanto, las armas nucleares, las armas biológicas, las armas láser cegadoras y las minas antipersonal no figuran en la lista.

La mayor decepción del CICR radica en el artículo que confiere a los Estados la facultad de no aceptar la jurisdicción de la CPI por un período de siete años, cuando se les acuse de crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos o en su territorio. De hecho, se establece así una distinción entre los crímenes de guerra, dando a entender que no son tan graves como los demás crímenes mencionados anteriormente. No hay que olvidar que el derecho internacional reconoce el deber de los Estados de procesar a los criminales de guerra, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde hayan perpetrado sus crímenes.

Respecto a las condiciones previas para que la CPI ejerza su jurisdicción, los Estados convinieron en que ésta conozca un caso cuando el Estado donde se cometió el crimen o el Estado de la nacionalidad del acusado sean parte del Estatuto o haya aceptado la jurisdicción de la misma en un caso concreto. Desgraciadamente, esa jurisdicción no se extiende también al Estado que tiene en custodia al sospechoso, lo que ofrecería a la CPI más posibilidades de ejercer su jurisdicción. Ahora bien, esta laguna podrá colmarse sí el Estatuto es aceptado por muchos Estados.

Teniendo presente esta evaluación positiva, hay que reconocer que aún queda una enorme tarea por hacer antes de que esta corte se constituya y comience a funcionar verdadera y eficientemente.

Un gran número de Estados deberán ratificar el Estatuto porque de no ser así, la CPI será letra muerta.

Marie-Claude Roberge
Asesora jurídica del Servicio Jurídico del CICR.