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Sólo buscan trabajo
por Andrew Nette |
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Hace veinte años, se había estimado en 1.000.000
el número de emigrantes por motivos económicos
en Asia oriental y sudoriental. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo indica que, en la actualidad, unos
6.000.000 de personas han dejado su país de origen
para trabajar en la región, y que por lo menos la mitad
se encuentra en situación ilegal.
Antes del auge económico de los años 1980,
los desplazamientos de mano de obra se regían por diversos
mecanismos de contratación legal y organizada. Durante
los ochenta y a principios del decenio de 1990, las crecientes
desigualdades económicas y la disminución de
la fuerza de trabajo en el sector agrícola provocaron
un incremento espectacular del éxodo rural. Asimismo,
los trabajadores de los países más pobres, como
Indonesia y Filipinas, han buscado mejor suerte en economías
industrializadas como las de Tailandia, Malasia, Corea del
Sur y Hong Kong. Esta situación coincidió con
el colapso de los controles fronterizos en gran parte de la
subregión del Mekong –Vietnam, Laos, Camboya,
Myanmar y el sur de China– situación que abrió
las puertas a la proliferación de nuevas redes comerciales
y de transporte, así como al crecimiento incontrolado
de la fuerza de trabajo emigrante. |
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Detrás de las estadísticas hay un ser
humano
Hoy, Tailandia alberga casi 1.400.000 trabajadores inmigrantes,
casi todos indocumentados; en Malasia hay más de 700.000.
La mayoría de los trabajadores emigrantes son jóvenes
varones solteros y proceden de zonas rurales. «A muchos
no les queda más alternativa que aceptar los trabajos
más ingratos y sucios en las fábricas»,
dice Robert Bennoun, encargado de programas del UNICEF, residente
en Bangkok, y coordinador del grupo de trabajo sobre mano
de obra migrante y VIH establecido por el ONUSIDA. «Lejos
de las estructuras de apoyo familiares y comunitarias, con
poca instrucción y sin ningún derecho, quedan
totalmente expuestos a la explotación».
Según un estudio reciente de la Universidad de Mahidol
(Bangkok), las mujeres, atraídas por las nuevas oportunidades
laborales que les ofrecen las economías con fuertes
sectores industriales y de servicios, constituyen una creciente
proporción de las corrientes migratorias. Este contexto
es propicio a toda clase de abusos, de los que son víctimas
sobre todo las legiones de mujeres jóvenes y niños
que se incorporan a la llamada «industria del sexo»,
en condiciones de verdadera esclavitud. Este tráfico
forma parte de las corrientes ilegales de emigración,
que según los especialistas, genera cada año
entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en Asia. |
| El
milagro era un espejismo
Hubo tiempos mejores en que la policía y las autoridades
hacían la vista gorda, pero desde la crisis económica
que se propagó por toda la región el año
pasado, muchos extranjeros descubren que ya no son bienvenidos.
Tailandia ha deportado a unos 250.000 inmigrantes, la mayoría
birmanos. Cuando Corea del Sur decretó la amnistía
–suspensión de las multas o las penas de prisión–
para los extranjeros residentes ilegales que partieran voluntariamente,
50.000 personas abandonaron el país. En 1998, Malasia
deportó a 50.000 inmigrantes indonesios, y mucha gente
de la provincia indonesia de Aceh (donde predomina una situación
de conflicto) buscó refugio en la oficina del ACNUR
en Kuala Lumpur. La Media Luna Roja de Malasia les prestó
asistencia inmediatamente, distribuyendo comida, agua y mantas.
La emigración económica «puede convertirse
en un gran problema», afirma Thorir Gudmundsson, encargado
de información en la delegación regional de
la Federación Internacional en Kuala Lumpur. «Si
antes había muy poco espacio económico para
esta gente, ahora se ha reducido aún más por
culpa de la crisis».
«En la Conferencia Regional del Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Hanoi en el mes
de noviembre de 1998, se llegó a la conclusión
de que la condición de toda esta gente debía
ser una de las principales preocupaciones.
Hasta ahora, las Sociedades Nacionales han considerado que
los migrantes son vulnerables cuando entran en determinadas
categorías. En adelante, los consideraremos vulnerables
de por sí, independientemente de las circunstancias»,
precisa el Sr. Gudmundsson. |
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Problemas
de salud pública
Se considera que los movimientos de población favorecen
la propagación de cepas virales resistentes a los medicamentos
contra el paludismo y el VIH/SIDA. Ha quedado claramente establecido
que la propagación del VIH/SIDA sigue un corredor que
lleva desde Myanmar a Camboya, pasando por Tailandia, Laos,
Vietnam y el sur de China, región donde la acción
conjugada del auge del comercio, el desarrollo de los medios
de transporte, el uso de drogas por vía intravenosa
y los movimientos transfronterizos de población han
contribuido a la explosión de la pandemia.
«En Tailandia, a medida que la gente regresa de las
ciudades a sus comunidades rurales, muchos hospitales de las
provincias más pobres se van llenando de personas infectadas
por el VIH, en un marco general de deterioro de la capacidad
del sistema de salud pública», asevera el Sr.
Bennoun. «El desarrollo de servicios apropiados para
la población migrante es un desafío formidable.
De nada sirve, por ejemplo, distribuir folletos sobre el SIDA
en un barco pesquero tailandés si los tripulantes no
tienen acceso a servicios apropiados o no disponen siquiera
de preservativos», añade.
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Inmigrantes ilegales: ¿A alguien le importa?
«Mujer de Bangladesh vendida por un par de bueyes».
«Niños paquistaníes viajan de polizones
para trabajar de jockeys de camellos en Arabia». «Devueltas
a Nepal niñas seropositivas».
Detrás de cada uno de estos titulares hay una triste
experiencia de inmigración ilegal.
Con 20% de la población mundial, Asia meridional
está sometida a una presión demográfica
considerable. Los inmigrantes ilegales ejercen una tensión
suplementaria en infraestructuras ya frágiles y con
escasos recursos. Cuando cobran importancia las cuestiones
culturales, políticas, de identidad o de derechos
civiles, las controversias entre los inmigrantes ilegales
y la población del lugar son inevitables y para que
tales disputas no tengan efectos desastrosos a largo plazo,
la cuestión debe ser manejada con mucha amplitud
de criterio por los gobiernos y las comunidades de los países
en cuestión. Hasta ahora, ha primado la persecución.
La acción del Movimiento
El Movimiento debe decidir si la comunidad humanitaria
puede intervenir en nombre de los emigrantes desamparados
que desean reunirse con sus familias en el país de
origen. ¿Se pueden utilizar los servicios de búsqueda
de las Sociedades Nacionales para transmitir mensajes de
la Cruz Roja a los familiares de los emigrantes que esperan
regresar? El mejor ejemplo de «búsqueda en
tiempo de paz» es la experiencia de una agencia establecida
por el CICR en Bangladesh durante la «guerra de liberación
de 1971», y transferida después a la Sociedad
Nacional.
En 1997, la delegación del CICR en la India, junto
con las Sociedades Nacionales de la región, organizó
un seminario sobre la búsqueda de personas en tiempo
de paz. Se trataba de examinar la forma de establecer una
red de búsqueda para contribuir a la reunificación
familiar de los migrantes en dificultades. Para sorpresa
general, el seminario reveló que ninguna organización
se había ocupado de la situación de los inmigrantes
ilegales. Al no existir directrices políticas oficiales
para abordar el problema, es inevitable que las repercusiones
humanitarias sigan agravándose.
Las Sociedades Nacionales podrían desempeñar
una función importante, sensibilizando a la opinión
pública sobre la dura realidad de la inmigración
ilegal e instando a las autoridades a que tomen medidas
preventivas para evitarla.
Ahora bien, los importantes intereses políticos
y económicos involucrados en la migración
de ilegales han convertido este asunto en un escandaloso
fraude internacional. ¿Cómo conciliar estos
factores con la lógica humanitaria del Movimiento?
Además, habría que lograr que los migrantes
en busca de ayuda se sintieran seguros de la independencia
de las Sociedades Nacionales, y que la información
proporcionada no se empleara en su contra. Ello también
implica lograr una coordinación excelente entre las
Sociedades Nacionales de Asia meridional, y una respuesta
positiva por parte de los respectivos gobiernos.
Savita Vardé-Naqvi, delegada del
CICR en Asia meridional y enlace con los medios de comunicación,
residente en Nueva Delhi.
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Un problema persistente
Los gobiernos de toda la región comienzan a comprender
que prohibir las corrientes de mano de obra sólo
redundará en un aumento de la inmigración
ilegal. Esta convicción ha sido confirmada por el
estudio antes citado, en el que se explica que si bien los
trabajadores migrantes representan una gran proporción
de los pobres en Asia, se encuentran de todas maneras en
una situación económica mucho mejor que la
que tendrían de haberse quedado en sus hogares.
«A pesar de la política de deportación
aplicada por el gobierno de Tailandia contra los trabajadores
de Myanmar, cerca de 1.000.000 de personas se desplazan
cada año entre estos dos países», observa
el Sr. Bennoun. «Es comprensible, pues aunque la situación
económica sea poco favorable en Tailandia, sigue
siendo mucho mejor que la de los países de origen
de los inmigrantes».
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Andrew Nette
Periodista independiente, reside en Australia. |
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