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En espera del veredicto
por Jean-François Berger
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Lentamente se va volviendo a la
normalidad en Rwanda aunque se siguen sintiendo las secuelas
de la guerra y del genocidio de 1994. En las cárceles,
el CICR prosigue sus ingentes esfuerzos y se moviliza para
prevenir la propagación del VIH/SIDA.
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A comienzos del año, languidecían en cárceles
y calabozos de Rwanda más de cien mil detenidos, de
los cuales la mayoría están acusados de participación
en el genocidio de 1994, que en tres meses de frenesí
mortífero costó la vida a cerca de un millón
de tutsis y hutus moderados. Como dice una rwandesa de Kigali,
"el genocidio equivale a tres 11 de septiembre por día
durante tres meses...". La mayor parte de aquéllos
están en prisión desde hace ocho años
en espera de un juicio, viviendo en condiciones de hacinamiento
inconcebibles, aunque desde mediados de enero de 2003 miles
de ancianos, enfermos y menores fueron liberados por decreto
del gobierno.
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Cárcel central de Kigali. |
Frenar la hecatombe
Para comprender mejor la situación de esos presos,
es indispensable retroceder en el tiempo. Cuando se puso fin
al genocidio en julio de 1994, las cárceles empezaron
a llenarse a un ritmo desenfrenado con personas presuntamente
culpables de haber perpetrado las masacres. "Si esas
personas no hubieran sido encarceladas después de esta
terrible tragedia, habrían sido objeto de represalias
mortales en las colinas", recuerda Jean-François
Sangsue que se encontraba entonces en Rwanda y es actualmente
jefe de actividades operacionales del CICR para los Grandes
Lagos. Pero la situación se tornó rápidamente
en catástrofe, pues en las cárceles faltaba
de todo: espacio, agua corriente, infraestructuras sanitarias,
atención médica, alimentos, personal, fondos
para el mantenimiento. En muy poco tiempo, la mortalidad cobró
proporciones alarmantes. En 1995, los delegados del CICR comprobaron
la aparición de edemas en los miembros inferiores de
los detenidos debido a la falta de movilidad.
Confrontado cotidianamente con problemas vitales, el CICR
decidió hacerse cargo, como nunca antes en su historia,
de miles de presos. "Mantener con vida a los detenidos
que esperan juicio" fue la consigna. Ante la incapacidad
de hecho de las autoridades para prestar servicios penitenciarios
esenciales, el CICR fue sustituyendo gradualmente a las autoridades
para establecer, con la ayuda de los presos, los sistemas
de agua, higiene y salud preventiva y curativa, y ocuparse
del aprovisionamiento de víveres y la supervisión
nutricional.
A pesar de las ingentes necesidades que aún subsisten,
se ha logrado superar la situación de emergencia gracias
a la responsabilidad cada vez mayor asumida por las autoridades
rwandesas, que suministran ahora el 50% de los alimentos,
y a la acción paliativa del CICR.
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Años de espera
¿Cómo han logrado los detenidos soportar todos
estos años de espera sin juicio en un espacio tan exiguo?
La sociedad rwandesa está muy bien organizada y en
las cárceles se aplica exactamente la misma organización.
Cada cual tiene su papel, y esto es sin duda lo que les ayuda
a aguantar", observa Samuel Emonet, coordinador adjunto
de detención.
Basta con entrar en la prisión central de Nsinda —situada
a unos 80 km al noreste de Kigali— para comprender mejor
lo dicho por Samuel. Aquí los detenidos llevan casi
todos el mismo uniforme rosado que es el distintivo de los
acusados de genocidio. Su vitalidad salta a la vista: miles
de presos están atareados cocinando, reparando zapatos,
haciendo trabajos de carpintería, mientras otros vuelven
de los campos vecinos con carretillas. Acompañada del
detenido encargado de la higiene de la prisión, Diana
Couffeau, enfermera del CICR, se abre paso entre la multitud
para participar en el curso piloto de sensibilización
respecto al VIH/SIDA. En un rincón al resguardo de
la intemperie, en el que se ha colocado una pizarra, se apiñan
unos treinta detenidos de 15 a 20 años. El educador
recientemente capacitado hace hincapié en los síntomas
de las diferentes enfermedades de transmisión sexual
antes de dar a conocer el mensaje de prevención centrado
en la higiene básica y el riesgode las prácticas
homosexuales sin protección. La concurrencia escucha
atenta. Cabe señalar que estos cursos elaborados por
el CICR y la ONG africana Society for Women and AIDS in Africa
constituyen una tabla de salvación para esos presos,
que luego tienen la posibilidad de someterse al examen médico
correspondiente, si lo desean. "La reciente inclusión
de los presos como categoría de riesgo en los programas
de lucha contra el SIDA en Rwanda ya es un progreso en sí
mismo, pero aún queda mucho por hacer", subraya
Diana Couffeau, que comprueba que si los detenidos aceptan
el examen médico, "es principalemente por el deseo
de tener hijos después de la detención".
De manera más general y, a falta de cifras oficiales
sobre la incidencia del SIDA en Rwanda, los expertos calculan
que la tasa probable de infección por el VIH es del
11% de la población.
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La violación como arma de guerra
Jamás se conocerá el número exacto de
víctimas del genocidio rwandés: 500.000 según
Human Rights Watch, de 800.000 a un millón según
las Naciones Unidas. De esta tragedia surge hoy otra forma
de atrocidad: la violación. En un informe de las Naciones
Unidas se concluye que unas 250.000 mujeres fueron violadas
durante el genocidio, de las cuales gran parte fueron ejecutadas
inmediatamente después de ser violadas. Entre las sobrevivientes,
se calcula que unas 15.000 quedaron embarazadas, de las cuales
más del 70% son hoy seropositivas según un estudio
de Save th Children.
La utilización del VIH como arma de guerra contra
las mujeres ha llevado al Tribunal Penal Internacional para
Rwanda (TPIR) a considerar la violación como un acto
de genocidio, opinión que comparten los tribunales
de la gacaca. Desde hace algunos meses, el TPIR de Arusha
inició el proceso contra Pauline Nyiramasuhuko, ex
ministra de la Familia y la Mujer del Gobierno rwandés
en 1994. Es la primera mujer acusada de incitación
a la violación en masa, acto considerado hoy crimen
contra la humanidad.
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Gacaca y liberaciones
A largo plazo, el mantenimiento de detenidos en prisión
constituirá un verdadero lastre para la estabilidad
del país, pues ello repercute en el funcionamiento
de toda la sociedad rwandesa, empezando por la economía
que es esencialmente agrícola. Ahora bien, ¿cómo
superar esta terrible situación? Deseoso de alentar
a los rwandeses a mirar hacia el futuro, el gobierno, con
el apoyo de la comunidad internacional, decidió recurrir
al sistema de justicia tradicional llamado gacaca, literalmente
"hierba pequeña", a fin de pronunciarse sobre
la suerte de los detenidos que siguen en prisión.
La gacaca consiste concretamente en formar en las colinas
tribunales de carácter consuetudinario integrados por
jurados populares que son "hombres probos", designados
localmente, cuyo cometido es establecer los hechos, instruir
cada caso y dictar sentencias. Las sentencias varían
según las categorías en las que entren los inculpados,
a saber: los planificadores del genocidio y los autores de
violaciones sexuales (que serán jugados por un tribunal
convencional), los autores de homicidios voluntarios (que
representan la mayoría de los acusados), los autores
de atentados graves contra la persona y, por último,
los autores de delitos contra la propiedad. Situada entre
la justicia clásica y la justicia tradicional, la gacaca
intenta inducir a confesar y a pedir perdón, condiciones
previas para la promesa de indulto. Para Graciela López
Marclay, coordinadora de detención del CICR, "la
gacaca se asemeja a una catarsis nacional que tiene como objetivo
reconstruir el tejido nacional rwandés".
Los especialistas opinan que se necesitarán por lo
menos dos o tres años de trabajo para llevar a término
la operación de los juicios. Sin embargo, cabe destacar
que numerosos acusados se muestran reacios a participar en
la gacaca debido a que los crímenes cometidos por el
Frente Patriótico Rwandés (FPR) tras el genocidio
no son de la incumbencia de los tribunales de la gacaca. Con
todo, este medio de justicia tradicional despierta tanto esperanzas
—de liberación para muchos inculpados y sus familias—
como escepticismo entre los sobrevivientes que temen el retorno
de los autores del genocidio. Este sentimiento es aún
más palpable tras el decreto presidencial del 3 de
enero de 2003, que prevé la libertad condicional de
los detenidos que corren el riesgo de estar en prisión
durante períodos más largos que la pena impuesta
por la ley. Un tercio de los presos, es decir unos 30.000
detenidos, deberían ser liberados condicionalmente.
La historia dirá si se trata de un simple correctivo
legal o de un primer paso hacia una amnistía.
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Jean-François Berger
Redactor CICR de Cruz Roja, Media Luna Roja.
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