Atención de salud para los excluidos

Dar a luz en Suecia puede costar 22.000 coronas suecas (3.140 dólares EE.UU.). Este es el precio que deben desembolsar las personas que no están cubiertas por el sistema social sueco. Nadie sabe cuántas personas viven fuera de dicho sistema en Suecia. El número puede rebasar las 10.000. Pero cada día Charlotta Arwidson tiene más pruebas de que muchas personas viven en esa situación.

“Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que hay un grupo de personas que están fuera del sistema de seguridad social. Creemos que todos formamos parte de él, pero no es así”. Arwidson maneja el proyecto de la Cruz Roja Sueca, titulado “atención de salud para las personas excluidas”. Se trata de ayudar a quienes no tienen derecho a un tratamiento. Unos 50 médicos, matronas, psicólogos y otros profesionales constituyen la red de la Cruz Roja.

Según la ley sueca, las personas sin documento de identidad tienen derecho solamente a una atención de urgencia, lo que en la práctica supone un tratamiento urgente pero no subvencionado en el hospital. En cuanto al resto, desde el tratamiento de una otitis a la asistencia materna, pasando por la insulina para la diabetes, o el tratamiento precoz de cáncer no hay nada previsto para estas personas. Dado que la atención mínima no está subvencionada, una visita a la sala de urgencias puede costar 2.000 coronas suecas (285 dólares). Un estudio hecho por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM por su sigla en inglés) reveló que Suecia es uno de los países que presta la peor asistencia de salud a las personas indocumentadas. Esta Plataforma busca promover el respeto de los derechos sociales fundamentales de los migrantes sin papeles en toda Europa.

“Nosotros los suecos estamos muy bien organizados. No hay lagunas jurídicas. Creo que estamos orgullosos de vivir en un país con esa organización. Pero, los que no forman parte de ella, están realmente excluidos”, explica Arwidson. “La atención de salud no es un bien que se gana sino un derecho humano”, afirma.

María, de 22 años, es boliviana y ha trabajado en Suecia como empleada doméstica durante dos años. Nunca se ha registrado ante las autoridades suecas y forma parte del grupo de personas indocumentadas con las que Arwidson tiene contacto.

Hace poco María tuvo una uña encarnada del pie, una afección menor que normalmente no causa mayor molestia. Pero como María tenía miedo de ir al médico, no recibió atención médica. La uña empeoró y el pie se hinchó y comenzó a dolerle. María ya no podía caminar y sabía que necesitaba ayuda.

“Lo pensé mucho antes de ir al médico ese día. Creí que me iban a pedir que mostrara un montón de papeles o llamar a la policía... Tenía miedo. Tengo que ocuparme de mi pequeña”, cuenta hablando de su hija de dos meses. María tuvo suerte, aunque le negaron hacerle un tratamiento en el consultorio, una mujer del personal le dio el dato sobre el proyecto de la Cruz Roja. María nunca antes había oído hablar de la Cruz Roja, pero llamó a Arwidson y obtuvo ayuda rápidamente encontrando a un médico que le curó el pie de manera gratuita.

Después del primer contacto por teléfono, Arwidson, que es enfermera, siempre se reúne con las personas para evaluar sus necesidades. Luego las deriva a un médico. Los pacientes no tienen que pagar y la Cruz Roja tampoco. Los trabajadores de atención de salud de la red son todos voluntarios.

A veces, se le pregunta a Charlotta Arwidson si su trabajo es ilegal. “La gente debería saber que no es ilegal ayudar a las personas no registradas a obtener atención de salud. Prestar asistencia gratuita es perfectamente legal”, explica. “Por otro lado”, añade, “negarle a alguien atención médica es una actitud inmoral y puede tener graves consecuencias”.

María también se puso en contacto con el sistema de atención de salud sueco cuando estaba embarazada. Hace un año, al inicio de su embarazo, no tenía ni idea que existían organizaciones que podían ponerla en relación con una matrona. Empezó a echar de menos su patria cuando supo que esperaba un bebé, pero quería quedarse en Suecia con su marido, que vive y trabaja también allí. Como tenía miedo de que la matrona la denunciara a la policía y que la deportaran, sólo a los seis meses de embarazo contactó a una matrona que la logró convencer de dar a luz en el hospital porque tenía que pensar en la vida de su hijo. Pero la familia debe hoy al consejo local 22.000 coronas (3.140 dólares).

Casos como el de María enfurecen a Arwidson. ¿Qué habría ocurrido si María hubiese elegido dar a luz en la casa por temor a las autoridades?

Muchas de las personas que viven clandestinas en Suecia, por una razón u otra, ganan muy poco. Algunos reciben apenas 30 coronas diarias (4,30 dólares) y no pueden exigir sus derechos.

Según las estadísticas de la Cruz Roja, las personas que no pueden costearse los gastos médicos están en malas condiciones físicas y psicológicas porque viven al margen del sistema.

A Arwidson le parece que no corresponde a los trabajadores de salud decidir quién tiene o no derecho a un tratamiento. Los médicos y las enfermeras deben hacer lo que saben hacer: efectuar un diagnóstico y tratar a las personas que tienen problemas de salud.

“Cuando los enfermos van al hospital, lo primero que se les pregunta es “cuál es el número de su documento de identidad? ¿Tiene dinero para pagar? Sus necesidades no cuentan, el factor decisivo es su situación jurídica”, destaca Arwidson.

Los convenios internacionales suscritos por Suecia afirman que el derecho a la atención de salud es un derecho humano fundamental.

María no se queja de las condiciones en Suecia. No está pidiendo que se presete asistencia de salud gratis. Pero hay una pregunta que le preocupa: “¿Qué ocurrirá si no podemos pagar la factura del hospital?”

Los migrantes sin documento de identidad quedan excluidos de gran parte de la atención de salud en Suecia, explica Charlotta Arwidson de la Cruz Roja Sueca.
©MAGNUS BERGSTROM / CRUZ ROJA SUECA