Varios años de investigación y
de consultas en todo el mundo dieron lugar a una nueva resolución
y un nuevo mandato para fortalecer el derecho humanitario.
Hace apenas diez años, tras los atentados del 11
de septiembre, muchas figuras clave en lo que se conoce como
la “guerra contra el terrorismo” impugnaron la
validez de los Convenios de Ginebra. Se preguntaron si, al
enfrentarse a grupos como el de Al Qaeda, las normas originales
de los Convenios eran verdaderamente aplicables o incluso
necesarias.
En el CICR y en otras organizaciones humanitarias, hubo
gran preocupación de que algunos de los principios
básicos de los Convenios pudieran quedar debilitados
y de que las personas que se encontraban en situaciones muy
vulnerables perdieran las protecciones esenciales. No era,
pues, el momento indicado para abrir un debate sobre cómo
se podían mejorar los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
adicionales.
“La opinión entonces”, recuerda Philip
Spoerri, director de Derecho Internacional en el CICR, “fue,
no los toquen... Nuestros juristas señalaron que la
mayoría de las normas han pasado la prueba del tiempo
y todos los principios fundamentales están allí”.
El CICR sostuvo que el derecho internacional humanitario
(DIH) seguía siendo pertinente y suficiente para abarcar
la lucha contra el terrorismo, en la medida en que ésta
representaba un conflicto armado.
Llenar las lagunas
Pero los tiempos han cambiado. En los últimos años,
se ha expresado la creciente preocupación de que en
los conflictos modernos, la mayoría de los cuales
son de índole no internacional, existen lagunas en
el derecho internacional humanitario —aspectos en los
que el derecho debe ofrecer a los Estados y a las otras partes
en el conflicto una mayor orientación sobre qué hacer
(o no hacer) en el terreno. Y existe una preocupación
constante de que, en general, el cuerpo del derecho internacional
humanitario actual no se aplica plenamente.
Aunque hay un acuerdo general de que el derecho internacional
humanitario sigue siendo pertinente y no habría que
debilitarlo o diluirlo, muchos especialistas en derecho opinan
que es el momento adecuado para llenar las lagunas y mejorar
el cumplimiento de las normas ya existentes.
Para reconocer esas lagunas con mayor precisión y
determinar los aspectos en los que los Estados podrían
estar dispuestos a acordar nuevas normas, el CICR llevó a
cabo un estudio a fondo que permitió detectar una
serie de problemas. Tras consultas con los Estados, se logró llegar
a un consenso en torno a dos cuestiones: la detención
(en particular en los conflictos no internacionales) y la
aplicación del derecho internacional humanitario.
En la XXXI Conferencia Internacional, celebrada en Ginebra
en noviembre de 2011, los preparativos se vieron recompensados.
Tras un largo debate, en el que se formularon 84 declaraciones,
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra aprobaron
una resolución en la que, esencialmente, se da luz
verde al CICR para abordar con los Estados una
amplia gama de temas (como la detención y la aplicación,
a que se alude en la resolución), y luego informar
a la XXXII Conferencia Internacional en 2015.
En la parte dispositiva de la resolución, aquella
en la que se describe la acción futura, no se recomienda
ningún cambio específico del derecho internacional
humanitario, sino que simplemente se “invita al CICR
a proseguir las investigaciones, las consultas y los debates,
en cooperación con los Estados y otros actores pertinentes
a fin de “garantizar que el derecho internacional humanitario
es útil y pertinente para prestar protección
jurídica a todas las personas privadas de libertad
en relación con los conflictos armados”.
En la resolución se pide también al CICR que
colabore con los Estados a fin de hallar formas de “mejorar
y asegurar la eficacia de los mecanismos para el control
del respeto del derecho internacional humanitario”.
“El lenguaje utilizado es bastante general”,
precisa Jakob Kellenberger, presidente del CICR. “Pero
la formulación en realidad es muy apropiada porque
nos da el respaldo político para seguir avanzando
y debatir con los gobiernos acerca de las mejoras concretas
que pueden introducirse en el derecho internacional humanitario”.
Mientras tanto, los Estados también adoptaron un
Plan de Acción cuatrienal para la aplicación
del derecho internacional humanitario, en el que acordaron
trabajar con miras a mejorar el acceso de la población
civil a la asistencia humanitaria en los conflictos armados,
proteger a niños, mujeres y personas discapacitadas,
mejorar la protección de los periodistas, tipificar
las violaciones del derecho internacional humanitario en
la legislación nacional y limitar la transferencia
de armas cuando puedan utilizarse para cometer violaciones
del derecho internacional humanitario, entre otros aspectos.
Ya se mencionan algunas de las opciones para lograr estos
objetivos: por ejemplo, instrumentos que no sean vinculantes
o “directrices sobre mejores prácticas” que
los Estados pueden adoptar sin necesidad de aceptar cambios
en el derecho de los tratados. Si esos instrumentos se consideran
adecuados, tal vez podrían codificarse luego en el
derecho internacional humanitario.
Prosigue también el debate sobre la espinosa cuestión
de cómo garantizar que los Estados, los ejércitos
u otras fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados
no estatales respeten las normas del derecho internacional
humanitario. Si bien existen órganos destinados a
controlar el respeto del derecho internacional humanitario,
tales como la Comisión Internacional Humanitaria de
Encuesta (CIHE), la impresión general en el Movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y entre los Estados
Partes es que estos órganos no funcionan adecuadamente.
Uno de los obstáculos, por ejemplo, es que la Comisión
sólo puede investigar si todas las partes en un conflicto
están de acuerdo en dejarla trabajar, una de las razones
por las cuales la Comisión aún no ha podido
llevar a cabo ninguna investigación sobre violaciones
del derecho internacional humanitario.
Ian Seiderman, director de cuestiones jurídicas y
normativas de la Comisión Internacional de Juristas,
dice que los mecanismos de control, tales como la CIHE, se
podrían reforzar, dándoles tal vez el poder
de investigar violaciones sin tener que obtener el consentimiento
de las partes involucradas.
“Con respecto al cumplimiento, podría haber un progreso real”,
asegura Seiderman. “Creo que un aspecto que podría considerarse
es el establecimiento de un mecanismo para proporcionar reparación [a
las víctimas de violaciones]”.
Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Sobre la cuestión de los detenidos, también
hay acuerdo en que, mientras el derecho internacional humanitario
es muy específico en lo que respecta al trato debido
a los detenidos en los conflictos armados internacionales,
cuando se trata de los conflictos civiles —cuyo número
es cada vez mayor— el derecho es mucho más limitado.
Sin embargo, los grupos de derechos humanos señalan
que hay una gran cantidad de normas de derechos humanos que
rigen el trato de las personas detenidas y que se podrían
utilizar algunas de ellas para fortalecer el derecho internacional
humanitario. Por lo tanto, en los futuros debates sobre el
fortalecimiento del derecho internacional humanitario, no
hay que pasar por alto las normas de derechos humanos vigentes,
dice Gerald Staberock, secretario general de la Organización
Mundial Contra la Tortura, una coalición mundial de
organizaciones dedicadas a poner fin a la tortura.
“En un típico conflicto armado no internacional,
las normas de los derechos humanos son claras”, señala. “No
quisiera que la perspectiva del derecho internacional humanitario
sustituyera al derecho de los derechos humanos”.
Seiderman coincide con esta afirmación: “Hay
que dar al derecho de los derechos humanos la importancia
que tiene. En esta consulta es indispensable aplicar un enfoque
complementario al derecho de los derechos humanos”.
Este es sólo uno de los muchos temas que se abordarán
en el largo proceso de consulta que ha de iniciarse tras
la Conferencia Internacional y la aprobación de la
resolución sobre el derecho internacional humanitario.
En el CICR, dice Philip Spoerri, se sabe que tiene que ser
un “proceso muy integrador” y que es demasiado
pronto para predecir en qué consistirán las
recomendaciones finales. “Aquí no estamos dando
inicio a un ejercicio de elaboración de tratados”,
precisa. “Pero es realmente importante que estudiemos
todas las opciones”.
Imogen Foulkes
Corresponsal de
la BBC en Ginebra, Suiza. |
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