ONG: ¿dónde ha ido a parar la 'N'?

De más en más, las organizaciones no gubernamentales (ONG) son financiadas por los gobiernos. Según algunas estimaciones, las contribuciones oficiales a determinadas ONG representan hasta el 85% del dinero que reciben. ¿A qué se debe este fenómeno y cuáles son sus repercusiones?

En un principio, la independencia financiera y orgánica respecto a los gobiernos era lo que caracterizaba a las ONG pero con el tiempo, las fuentes de financiación y los métodos de trabajo fueron cambiando y hoy en día, muchas ONG se encuentran desempeñando funciones totalmente integrados en el complejo sistema de la asistencia humanitaria internacional.

Entre 1990 y 1995, el valor de las contribuciones para socorros de fuentes de institucionales cuadriplicó, pasando de menos de 500 a casi 2.000 millones de dólares. Impulsado en gran medida por este considerable aumento de la ayuda oficial, la intervención de las ONG en situaciones de emergencia, sobre todo en conflictos, se ha ampliado considerablemente.

¿Cómo interpretar esta evolución? ¿Qué motivos han llevado a los gobiernos a canalizar la asistencia humanitaria por conducto de las ONG? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esta situación? ¿Qué repercusiones tienen estas tendencias para las ONG y los grupos vulnerables que protegen?

Eficiencia y autonomía

Para contestar a todas estas preguntas, valdría la pena preguntarse por qué las ONG se han convertido en un elemento tan importante del sistema de ayuda humanitaria. Históricamente, los argumentos en favor de la participación de las ONG en actividades de socorro y en obras de desarrollo se han fundamentado en las polémicas sobre los vínculos entre la sociedad civil y el Estado. Las ONG han representado parte del proceso de liberación del ciudadano frente a las opresivas estructuras estatales, han sido instrumento de participación social y de solidaridad con los desfavorecidos.

El aumento de la financiación institucional para las ONG que se ocupan de proyectos de desarrollo comenzó a mediados de los años 80. Sin embargo, el papel de las mismas en las operaciones de socorro, sobre todo en emergencias provocadas por los conflictos, seguía siendo limitado. La soberanía y la inseguridad eran las barreras principales que les impedían intervenir en zonas de conflicto. Las operaciones de socorro se limitaban a las zonas bajo control gubernamental o a los países que acogían refugiados.

La ayuda oficial de emergencia distribuida por conducto de los gobiernos beneficiarios se redujo sustancialmente en la década de 1980. Por ejemplo, la proporción de la ayuda proporcionada a los gobiernos por la Comisión Europea pasó de más de 95% en 1976 a tan sólo 6% en 19901. Los gobiernos donantes dejaron de reconocer automáticamente la legitimidad de los gobiernos beneficiarios o la capacidad de los mismos de actuar idóneamente en situaciones de emergencia y los donantes llegaron a la conclusión de que estos últimos formaban parte del problema.

De ahí que las ONG se convirtieran en un medio de afirmar el compromiso humanitario en los países afectados por la guerra y sirvieran de amortiguador político entre donantes y gobiernos beneficiarios. Poco a poco, el principio de soberanía fue perdiendo peso, a medida que los donantes trataban de ampliar el espectro de interlocutores y buscaban la ayuda de las ONG para hacer frente a emergencias complejas.

Desde el punto de vista de los donantes, las ONG ofrecen considerables ventajas en cuanto asociados de la acción humanitaria, pues se considera que son políticamente neutrales y que su capacidad de suministrar servicios supera ampliamente la de los propios donantes o las instituciones especializadas de la ONU. Esta nueva modalidad de encauzar la asistencia ha planteado varios interrogantes pero cabe detenerse sobre todo en dos de ellos. En primer lugar se trata de determinar a quién incumbe la responsabilidad de garantizar la eficacia y pertinencia de las intervenciones humanitarias en un entorno donde subsiste el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, puesto que las ONG reciben cada vez más financiación estatal, ¿qué consecuencias tendrá esta dependencia en el funcionamiento de las mismas? En particular, hay que preguntarse cuál es el principal propósito de las ONG: ¿representar los intereses de los donantes o de sus mandantes?

Algunas normas de conducta

La necesidad de regirse por un conjunto de normas obedece a la complejidad moral y política que caracteriza la labor humanitaria en situaciones de guerra, y también a la necesidad de asegurar la coherencia de ciertas pautas técnicas. Partiendo de la base de que quienes prestan socorro pueden ser manipulados por los beligerantes, quienes tratan de defender sus respectivos intereses militares y políticos, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia son principios fundamentales para preservar el objetivo humanitario de las operaciones de socorro y la integridad de las organizaciones en el terreno.

Sin embargo, salvo el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las ONG no están obligadas a observar estos principios y se rigen por sus propios mandatos

Las últimas tentativas de reglamentar las operaciones de socorro de conformidad con los principios huma-
nitarios se dividen en dos corrientes. En el sur del Sudán, por ejemplo, la ONU está aplicando lo que considera principios humanitarios básicos, a saber: neutralidad, transparencia y obligación de rendir cuentas. Por consiguiente, el acceso de las ONG a las zonas bajo control rebelde está supeditado a la observancia de estos principios.

La otra tendencia propugna la autorreglamentación de las ONG. Cabe destacar que el Código de Conducta —redactado y ratificado por la Federación, el CICR y otras cinco importantes organizaciones humanitarias— hace hincapié en la necesidad de que los organismos de socorro internacionales apliquen determinadas normas universales de profesionalismo y comportamiento ético. Hasta la fecha, 77 ONG de todas partes del mundo han ratificado dicho Código, y los donantes han manifestado un creciente interés por integrarlo en sus procedimientos de toma de decisiones, estableciendo criterios de reconocimiento oficial, a los cuales habrán de ajustarse las ONG que quieran recibir financiación institucional.

Sea como fuere, habrá que garantizar que el respeto riguroso de los códigos de conducta y las normas profesionales por parte de las ONG no sirva únicamente para ocultar una crisis mucho más profunda de intervención de la comunidad internacional en emergencias complejas. Si bien es imperativo aclarar y oficializar los criterios, tanto políticos como técnicos, que han de regir la intervención de las ONG, ello no bastará para superar dicha crisis.

Los retos del futuro

El hecho de que el tono del debate lo hayan dado las propias ONG, y no los donantes ni las Naciones Unidas, es revelador y demuestra el interés de las mismas por defender los valores humanitarios frente a las exigencias cada vez mayores de los donantes y las situaciones cada vez más complejas y violentas en que les toca actuar. Asimismo, subraya la importancia que tiene para ellas seguir siendo independientes.

El mayor problema que han de resolver las ONG, tal vez no sea poner orden en su estructura operativa, sino persuadir a los beneficiarios, a la comunidad de donantes y a la ONU de que es necesario analizar las causas y repercusiones de las catástrofes de nuestra época, y preconizar medidas adecuadas en el ámbito político y en la esfera de los derechos humanos.

Los códigos que reglamentan la conducta en las operaciones de socorro han de estar vinculados con estrategias más generales, destinadas a reglamentar la conducta, tanto nacional como internacional, en la política y la guerra. De no existir un marco político coherente, las ONG se verían reducidas a simples subcontratistas en un mundo donde la asistencia y la guerra se han privatizado, en lugar de ser las defensoras de quienes no pueden valerse por sí mismos, a raíz de la pobreza, la violencia y la injusticia.