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Un mundo erizado de armas

por Mary-Anne Andersen

Aunque gran parte de los muertos y heridos en los conflictos de estos últimos años han caído víctimas de fusiles y otras armas de mano, muy poco se ha hecho para que resulte difícil obtenerlas. Además del elevado costo en vidas humanas, la plétora de armas en poder de los civiles de los países en conflicto representa una amenaza directa para las operaciones humanitarias. Para poner freno a este creciente problema es imprescindible la movilización internacional.

Hubo una época en que los pocos lugares donde se podían ver bandas de muchachos armados con fusiles automáticos eran los estudios de cine de Hollywood. Hoy, los grupos armados son espectáculo corriente en los países desgarrados por la guerra. La proliferación de las armas de mano constituye una amenaza constante para los frágiles acuerdos de paz, y los civiles son las víctimas por excelencia de esta abundancia de instrumentos de muerte.

«Para el ex combatiente sin formación ni trabajo, volver a empuñar un arma le parece una alternativa natural», explica Christophe Carle, Subdirector del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme (UNIDIR). En países donde la población lucha día a día por la supervivencia, poseer un arma equivale a un cheque en blanco: cuando el portador lo decide, le pone la cifra que estima conveniente.

Según estudios realizados por el Instituto para la Investigación de la Paz, de Oslo, Noruega, la proporción de civiles muertos en conflictos armados ha pasado de casi 10% a inicios de siglo a alrededor de 75% en la actualidad. Otro estudio, realizado a partir de la base de datos médicos del CICR sobre bajas provocadas por armas de fuego, permitió establecer que en los 18 meses posteriores al fin de las hostilidades, las heridas provocadas a civiles con armas de guerra de pequeño calibre apenas disminuyeron entre 20 y 40%.

 

 

Un peligro constante

En 1996, el CICR perdió nueve delegados asesinados en ataques directos en Burundi y Chechenia, y se vio obligado a retirarse de ambos lugares. Estos ataques se inscribían en una creciente tendencia de agresiones contra el personal del CICR, que pasaron de 21 en 1990 a 153 en 1996. También han sido objeto de un número creciente de ataques las Sociedades Nacionales y el personal de la Federación Internacional. Además de atentar contra la vida del personal humanitario, estos ataques han provocado un marcado aumento de los costos de las operaciones, pues la inseguridad obliga a transportar los socorros por vía aérea. El problema se plantea para todos, sea cual sea el emblema protector: casco azul, cruz roja o media luna roja.

Peter Herby, de la División Jurídica del CICR, afirma: «La abundancia de armas de fuego utilizadas con fines militares, hoy fácilmente accesibles a los civiles, amenaza con socavar los fundamentos del derecho internacional humanitario y nuestro mandato, es decir, la promoción del respeto de las normas humanitarias. El derecho humanitario se basa en el supuesto de que el armamento militar permanece bajo control de fuerzas armadas sujetas a determinadas normas de disciplina y entrenadas para utilizar este material en forma legítima. De pronto, esta situación cambia, cantidades de armas se dispersan y resulta imposible saber en poder de quién han ido a parar».

Urge tomar medidas

En 1995, en ocasión de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se pidió al CICR que llevase a cabo un estudio sobre la disponibilidad de armas y las violaciones del derecho internacional humanitario. En septiembre de este año se celebrará la reunión anual de los asesores jurídicos del Movimiento, que examinarán las experiencias de terreno del CICR en materia de armas; en esta ocasión se tratará también de determinar la magnitud del problema y se harán recomendaciones sobre posibles medios para resolverlo.

En los conflictos de los últimos años, una proporción abrumadora de muertes, heridas y demás sufrimientos fueron provocados por armas de pequeño calibre, disponibles en cantidades masivas en todo el mundo. Sin embargo, las campañas de desarme han centrado sus esfuerzos en la limitación de los grandes sistemas de armas (misiles, aviones de combate y artefactos nucleares) que, felizmente, se emplean con mucha menor frecuencia o no se utilizan en absoluto. Mucha gente ha tomado consciencia de la actual crisis provocada por la excesiva disponibilidad de armas pequeñas, y se han promovido diversas iniciativas encaminadas a solucionar el problema.

Cabe destacar la campaña Norwegian Initiative on Small Arms Transfer, que cuenta con financiamiento estatal, y es impulsada conjuntamente por la Cruz Roja Noruega, el Instituto Internacional de Oslo para la Investigación de la Paz, Norwegian Church Aid y el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales.

«Hay demasiadas armas, en demasiados países. Este es uno de los problemas humanitarios más graves de hoy en día», indica Jan Egeland, ex viceministro de Estado de Noruega y actual director de Norwegian Initiative. A su juicio, esta iniciativa es una expresión natural del activo papel desempeñado por Noruega en el marco de la campaña por la prohibición efectiva de las minas terrestres antipersonal, pero considera «que las dimensiones y la complejidad del problema son mucho mayores, y es arriesgado pensar que podamos tener tanto éxito como en el caso de las minas. Lograr la prohibición total de las armas individuales es sencillamente imposible, pero sí podemos conseguir que se limite la disponibilidad de las mismas».

 
 

Un ejemplo a seguir

Poner coto al derramamiento de sangre provocado por armas que se pueden obtener con toda facilidad y en abundancia es empresa difícil, pero no imposible. El 26 de marzo de 1991 fue derrocada la dictadura militar que había dominado Malí desde 1968, y se desencadenó un período de disturbios que duraría seis años. No obstante, hace algunos meses, unos 3.000 rebeldes aceptaron entregar las armas a cambio de recursos para reinsertarse en la vida civil. Desde entonces, otros 10.000 ex combatientes se han acogido a esta medida de integración. Diversos organismos de las Naciones Unidas contribuyeron al éxito del proceso de pacificación, aportando los fondos necesarios para costear la tierra y los cursos de educación que se les ofrecieron. Las armas recolectadas se destruyeron el 27 de marzo de 1996 en Timbuktú, en una gran hoguera que se denominó «Llama de la paz».

Muchos problemas planteados por el conflicto aún no se han solucionado en Malí, pero a medida que disminuye el número de armas en circulación se consolida la seguridad en el país y aumenta el interés de los inversores extranjeros.

«Los gobiernos donantes tienen que comprender que antes de lanzar proyectos de desarrollo en países devastados por la guerra más vale invertir dinero en recuperar las armas diseminadas», dice Christophe Carle, del UNIDIR. «El debate sobre la necesidad de controlar las armas y las municiones acaba de comenzar, se trata de que las personas indicadas atiendan a este asunto».

Mary-Anne Andersen
Periodista independiente, ex funcionaria de la Unidad de minas del CICR.



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