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Sólo buscan trabajo

por Andrew Nette

Hace veinte años, se había estimado en 1.000.000 el número de emigrantes por motivos económicos en Asia oriental y sudoriental. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que, en la actualidad, unos 6.000.000 de personas han dejado su país de origen para trabajar en la región, y que por lo menos la mitad se encuentra en situación ilegal.

Antes del auge económico de los años 1980, los desplazamientos de mano de obra se regían por diversos mecanismos de contratación legal y organizada. Durante los ochenta y a principios del decenio de 1990, las crecientes desigualdades económicas y la disminución de la fuerza de trabajo en el sector agrícola provocaron un incremento espectacular del éxodo rural. Asimismo, los trabajadores de los países más pobres, como Indonesia y Filipinas, han buscado mejor suerte en economías industrializadas como las de Tailandia, Malasia, Corea del Sur y Hong Kong. Esta situación coincidió con el colapso de los controles fronterizos en gran parte de la subregión del Mekong –Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y el sur de China– situación que abrió las puertas a la proliferación de nuevas redes comerciales y de transporte, así como al crecimiento incontrolado de la fuerza de trabajo emigrante.

 

 

Detrás de las estadísticas hay un ser humano

Hoy, Tailandia alberga casi 1.400.000 trabajadores inmigrantes, casi todos indocumentados; en Malasia hay más de 700.000. La mayoría de los trabajadores emigrantes son jóvenes varones solteros y proceden de zonas rurales. «A muchos no les queda más alternativa que aceptar los trabajos más ingratos y sucios en las fábricas», dice Robert Bennoun, encargado de programas del UNICEF, residente en Bangkok, y coordinador del grupo de trabajo sobre mano de obra migrante y VIH establecido por el ONUSIDA. «Lejos de las estructuras de apoyo familiares y comunitarias, con poca instrucción y sin ningún derecho, quedan totalmente expuestos a la explotación».

Según un estudio reciente de la Universidad de Mahidol (Bangkok), las mujeres, atraídas por las nuevas oportunidades laborales que les ofrecen las economías con fuertes sectores industriales y de servicios, constituyen una creciente proporción de las corrientes migratorias. Este contexto es propicio a toda clase de abusos, de los que son víctimas sobre todo las legiones de mujeres jóvenes y niños que se incorporan a la llamada «industria del sexo», en condiciones de verdadera esclavitud. Este tráfico forma parte de las corrientes ilegales de emigración, que según los especialistas, genera cada año entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en Asia.

El milagro era un espejismo

Hubo tiempos mejores en que la policía y las autoridades hacían la vista gorda, pero desde la crisis económica que se propagó por toda la región el año pasado, muchos extranjeros descubren que ya no son bienvenidos. Tailandia ha deportado a unos 250.000 inmigrantes, la mayoría birmanos. Cuando Corea del Sur decretó la amnistía –suspensión de las multas o las penas de prisión– para los extranjeros residentes ilegales que partieran voluntariamente, 50.000 personas abandonaron el país. En 1998, Malasia deportó a 50.000 inmigrantes indonesios, y mucha gente de la provincia indonesia de Aceh (donde predomina una situación de conflicto) buscó refugio en la oficina del ACNUR en Kuala Lumpur. La Media Luna Roja de Malasia les prestó asistencia inmediatamente, distribuyendo comida, agua y mantas.

La emigración económica «puede convertirse en un gran problema», afirma Thorir Gudmundsson, encargado de información en la delegación regional de la Federación Internacional en Kuala Lumpur. «Si antes había muy poco espacio económico para esta gente, ahora se ha reducido aún más por culpa de la crisis».

«En la Conferencia Regional del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Hanoi en el mes de noviembre de 1998, se llegó a la conclusión de que la condición de toda esta gente debía ser una de las principales preocupaciones.

Hasta ahora, las Sociedades Nacionales han considerado que los migrantes son vulnerables cuando entran en determinadas categorías. En adelante, los consideraremos vulnerables de por sí, independientemente de las circunstancias», precisa el Sr. Gudmundsson.

 
 

Problemas de salud pública

Se considera que los movimientos de población favorecen la propagación de cepas virales resistentes a los medicamentos contra el paludismo y el VIH/SIDA. Ha quedado claramente establecido que la propagación del VIH/SIDA sigue un corredor que lleva desde Myanmar a Camboya, pasando por Tailandia, Laos, Vietnam y el sur de China, región donde la acción conjugada del auge del comercio, el desarrollo de los medios de transporte, el uso de drogas por vía intravenosa y los movimientos transfronterizos de población han contribuido a la explosión de la pandemia.

«En Tailandia, a medida que la gente regresa de las ciudades a sus comunidades rurales, muchos hospitales de las provincias más pobres se van llenando de personas infectadas por el VIH, en un marco general de deterioro de la capacidad del sistema de salud pública», asevera el Sr. Bennoun. «El desarrollo de servicios apropiados para la población migrante es un desafío formidable. De nada sirve, por ejemplo, distribuir folletos sobre el SIDA en un barco pesquero tailandés si los tripulantes no tienen acceso a servicios apropiados o no disponen siquiera de preservativos», añade.

Inmigrantes ilegales: ¿A alguien le importa?

«Mujer de Bangladesh vendida por un par de bueyes». «Niños paquistaníes viajan de polizones para trabajar de jockeys de camellos en Arabia». «Devueltas a Nepal niñas seropositivas».

Detrás de cada uno de estos titulares hay una triste experiencia de inmigración ilegal.

Con 20% de la población mundial, Asia meridional está sometida a una presión demográfica considerable. Los inmigrantes ilegales ejercen una tensión suplementaria en infraestructuras ya frágiles y con escasos recursos. Cuando cobran importancia las cuestiones culturales, políticas, de identidad o de derechos civiles, las controversias entre los inmigrantes ilegales y la población del lugar son inevitables y para que tales disputas no tengan efectos desastrosos a largo plazo, la cuestión debe ser manejada con mucha amplitud de criterio por los gobiernos y las comunidades de los países en cuestión. Hasta ahora, ha primado la persecución.

La acción del Movimiento

El Movimiento debe decidir si la comunidad humanitaria puede intervenir en nombre de los emigrantes desamparados que desean reunirse con sus familias en el país de origen. ¿Se pueden utilizar los servicios de búsqueda de las Sociedades Nacionales para transmitir mensajes de la Cruz Roja a los familiares de los emigrantes que esperan regresar? El mejor ejemplo de «búsqueda en tiempo de paz» es la experiencia de una agencia establecida por el CICR en Bangladesh durante la «guerra de liberación de 1971», y transferida después a la Sociedad Nacional.

En 1997, la delegación del CICR en la India, junto con las Sociedades Nacionales de la región, organizó un seminario sobre la búsqueda de personas en tiempo de paz. Se trataba de examinar la forma de establecer una red de búsqueda para contribuir a la reunificación familiar de los migrantes en dificultades. Para sorpresa general, el seminario reveló que ninguna organización se había ocupado de la situación de los inmigrantes ilegales. Al no existir directrices políticas oficiales para abordar el problema, es inevitable que las repercusiones humanitarias sigan agravándose.

Las Sociedades Nacionales podrían desempeñar una función importante, sensibilizando a la opinión pública sobre la dura realidad de la inmigración ilegal e instando a las autoridades a que tomen medidas preventivas para evitarla.

Ahora bien, los importantes intereses políticos y económicos involucrados en la migración de ilegales han convertido este asunto en un escandaloso fraude internacional. ¿Cómo conciliar estos factores con la lógica humanitaria del Movimiento? Además, habría que lograr que los migrantes en busca de ayuda se sintieran seguros de la independencia de las Sociedades Nacionales, y que la información proporcionada no se empleara en su contra. Ello también implica lograr una coordinación excelente entre las Sociedades Nacionales de Asia meridional, y una respuesta positiva por parte de los respectivos gobiernos.

Savita Vardé-Naqvi, delegada del CICR en Asia meridional y enlace con los medios de comunicación, residente en Nueva Delhi.

Un problema persistente

Los gobiernos de toda la región comienzan a comprender que prohibir las corrientes de mano de obra sólo redundará en un aumento de la inmigración ilegal. Esta convicción ha sido confirmada por el estudio antes citado, en el que se explica que si bien los trabajadores migrantes representan una gran proporción de los pobres en Asia, se encuentran de todas maneras en una situación económica mucho mejor que la que tendrían de haberse quedado en sus hogares.

«A pesar de la política de deportación aplicada por el gobierno de Tailandia contra los trabajadores de Myanmar, cerca de 1.000.000 de personas se desplazan cada año entre estos dos países», observa el Sr. Bennoun. «Es comprensible, pues aunque la situación económica sea poco favorable en Tailandia, sigue siendo mucho mejor que la de los países de origen de los inmigrantes».

 

Andrew Nette
Periodista independiente, reside en Australia.



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