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Eliminar los escollos jurídicos en la asistencia humanitaria

 

Con las nuevas directrices se intenta asegurar que la asistencia que se preste después de los desastres sea oportuna y adecuada.

Tras el tsunami en el Océano Índico, en diciembre de 2004, acudieron a Tailandia 200 organizaciones internacionales de ayuda, un tercio de las cuales eran recién formadas.

“Era el caos total”, comenta Saundra Schimmelpfennig, que dirigía una ONG creada para controlar las organizaciones que prestaban ayuda. “Nadie sabía lo que hacían los demás pues ningún organismo coordinaba las operaciones.”

A pesar de la cantidad de ayuda sin precedentes que movilizó la comunidad internacional, desgraciadamente la confusión y el caos entorpecieron la distribución. Para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, la rapidez es lo esencial. Pero tal como se ha comprobado en innumerables catástrofes naturales, como el huracán Katrina en Estados Unidos, el terremoto en Pakistán y las inundaciones en Filipinas, a menudo son las leyes o la falta de ellas las que impiden desplegar la labor internacional de socorro en situaciones de desastre.

“Las barreras jurídicas pueden ser tan perjudiciales como la propia catástrofe para una operación internacional de socorro”, asegura David Fisher, responsable jurídico principal de la Federación Internacional. Pero la ausencia de reglamentación también puede desembocar en una respuesta poco coordinada, desacertada y de derroche que deja a las comunidades sin la ayuda necesaria en su debido momento.

Escollos jurídicos

La lentitud de los trámites aduaneros genera obstáculos importantes para la entrega rápida de asistencia y la cuenta puede resultar muy cara para las organizaciones humanitarias si no hay exoneración de impuestos sobre los artículos de socorro. Después del tsunami en el Océano Índico, centenas de contenedores de socorros se amontonaron en las aduanas de Sri Lanka e Indonesia mucho después de que se necesitaran las carpas, mantas y bolsas para cadáveres y los alimentos se echaron a perder. En un caso del que se hizo mucha publicidad, las autoridades srilankesas presentaron a Oxfam una factura por más de un millón de dólares estadounidenses por 25 vehículos importados.

Si bien los trabajadores humanitarios pueden ingresar al país fácilmente, a menudo tienen problemas para renovar los visados y obtener permisos de trabajo.

En algunos desastres, las ONG internacionales ya inscritas legalmente en el país afectado pueden obtener permisos de trabajo para el personal internacional de socorro. Pero cuando no están inscritas, los trámites suelen ser tan engorrosos que se tiene que actuar fuera de los requisitos legales y esto crea problemas también para contratar a personal local, abrir cuentas bancarias y obtener exoneraciones de impuestos. Los requisitos para los médicos extranjeros pocas veces son adaptables a las situaciones de desastre, lo que constituye un obstáculo para sus servicios o, las más de las veces, induce a las autoridades a hacer la vista gorda ante la falta de reglamentación.

Ahora bien, tales problemas no son propios de un solo país o de las emergencias. Las organizaciones humanitarias que intervienen en los desastres de evolución lenta también se topan con escollos burocráticos. En Mali durante la crisis de alimentos y la plaga de langostas entre 2003 y 2006, los engorrosos trámites aduaneros retrasaron durante semanas la entrega de víveres y vehículos que se requerían con urgencia.

La deficiente preparación en materia de normas no es sólo un problema que enfrenta el mundo en desarrollo. Durante el huracán Katrina en 2005, reinó la confusión porque no fueron claras las señales enviadas por diferentes organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos respecto de la ayuda que se necesitaba. La ausencia de un organismo central para coordinar la asistencia internacional significó que algunos vuelos con ayuda fletados desde Suecia y Suiza fueron cancelados.

Falta de responsabilidad y de calidad

Pero todo esto no sólo se debe a las barreras legales impuestas por los gobiernos. Las organizaciones humanitarias internacionales a menudo no respetan el papel principal de las autoridades y de los socorristas nacionales en el manejo de la asistencia y pueden dificultar aún más su labor al enviar el tipo de ayuda que no corresponde. Después del tsunami se envió a Indonesia ropa de invierno, hasta chaquetas de Papá Noel, a un país predominantemente musulmán, junto con otros artículos totalmente improcedentes como tabletas de Viagra y zapatos de taco alto.

“La ayuda adecuada a menudo se ve literalmente atrapada detrás de la que no sirve”, asegura Fisher. “Esto no sólo no sirve a los necesitados sino que además ocupa un valioso espacio de almacenamiento y desvirtúa la percepción que tiene la comunidad local de la asistencia internacional.”

[Así como la asistencia inadecuada produce dolores de cabeza a las autoridades locales, lo mismo sucede cuando tienen que coordinar a los múltiples actores internacionales. Después del tsunami, 200 organizaciones y personal militar y de protección civil de decenas de países arribaron a la provincia Indonesia de Banda Aceh. Unos pocos actores internacionales prestaron servicios de baja calidad, ensombreciendo la imagen de toda la comunidad de socorro.]

Directrices eficaces

Desde 2001, la Federación Internacional, a través de su programa sobre Normas, leyes y principios aplicables en las acciones internacionales en casos de desastre (IDRL), ha estado investigando cómo sentar una base jurídica más sólida para la respuesta internacional a desastres. Tras consultar con los gobiernos, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las ONG, los organismos de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, y comprobar las deficiencias en los reglamentos internacionales vigentes, se formuló un conjunto de “Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial” que especifican las funciones y responsabilidades de los Estados y de la comunidad humanitaria.

“El uso de las directrices puede servir a los Estados para anticipar los problemas jurídicos antes de que se produzca el desastre en lugar de tratar de darles una solución en medio del caos, así se presta ayuda a las víctimas de manera más rápida y más eficaz”, explica Fisher.

Según estas directrices, incumbe al Estado afectado guiar la labor de socorro en casos de desastre y decidir si se necesita asistencia internacional y cuándo, así como garantizar la eficiencia y la calidad de la ayuda internacional que se recibe.

“Sí se puede demostrar que la asistencia que se presta es realmente necesaria, se obtendrá con mayor prontitud el pase aduanero y las calificaciones del personal se reconocerán más rápidamente”, asegura Fisher.

Aunque la aplicación de las directrices es voluntaria, Fisher piensa que no por ello son menos efectivas que las normas obligatorias. “La clave está en convencer a los gobiernos de que estar legalmente preparados redunda en su beneficio y en el de las personas vulnerables a los desastres.”

Las directrices fueron aprobadas por unanimidad en noviembre de 2007 por los gobiernos y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en Ginebra.

“Una de sus principales ventajas”, acota Elizabeth Valdez, representante del Gobierno guatemalteco ante la XXX Conferencia Internacional, es que no son de cumplimiento obligatorio, son flexibles y adaptables a cada situación”.

Algunos países las han puesto en práctica incluso antes de que fueran aprobadas oficialmente. El representante de Filipinas dijo a la Conferencia que desde 2005 su país las había venido aplicando con otros miembros de la Asociación de Países de Asia Sudoriental como parte de los ejercicios de simulación de respuesta a desastres que se realizan anualmente en la región. Mientras hablaba, dos tifones se abatían sobre Filipinas, poniendo a prueba la preparación para intervenir del país.

En la XXX Conferencia Internacional, el representante de la Cruz Roja Australiana señaló que las directrices serán útiles. “La iniciativa es uno de los logros más importantes de la Federación en los últimos años. Durante el tsunami, hubo muchísimos actores que deseaban ayudar pero no toda la asistencia sirvió. Existe la ayuda buena y mala. Un ejemplo son los medicamentos, su fecha de vencimiento y sus nombres en otro idioma. Las directrices resuelven este tipo de problemas.”

A medida que el mundo se prepara para los desastres naturales a causa del cambio climático, la Federación Internacional alienta a los gobiernos a que utilicen las directrices.

“Muchos gobiernos dejan para última hora todos los detalles relativos a la regulación del socorro internacional en casos de desastre”, reconoce, el subsecretario general de la Federación Internacional, Ibrahim Osman. “Frente a la creciente complejidad de la respuesta transfronteriza y al número cada vez mayor de actores implicados, ello se volverá simplemente insostenible en el largo plazo.”

La Federación Internacional, junto con la Organización Mundial de la Salud, está planeando prestar asistencia técnica focalizada a varios países del valle del Mekong a fin de examinar la mejor manera en que podrían aprovechar las directrices y prevé ofrecer el mismo apoyo técnico a otros países de Asia y el Pacífico, así como de América Latina y África.

Pero la verdadera prueba vendrá cuando sobrevenga un desastre.


Claire Doole
Periodista independiente radicada en Suiza.
Para más información: www.ifrc.org/idrl


Una joven india superviviente elige
un vestido entre ropa donada después del tsunami.
©REUTERS / HO NEW, CORTESÍA DE www.alertnet.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En noviembre de 2007, residentes del estado de Tabasco en México, acarrean alimentos tras las inundaciones que dejaron 800.000 personas sin hogar.
©REUTERS / ARKO DATTA, CORTESÍA DE www.alertnet .org

 


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