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La zona gris

 

La práctica de pagar por servicios militares y de seguridad es tan antigua como la guerra misma. Hoy en día, el rápido crecimiento y la evolución de la industria militar y de seguridad con fines de lucro plantean serios problemas a la aplicación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En  septiembre de 2007, los empleados de una empresa militar y de seguridad privada estadounidense, llamada Blackwater Security Consulting, despejaron el camino en la plaza Nisour, atestada de gente, en el centro Bagdad, para permitir el paso de un convoy diplomático del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Lo que ocurrió luego es hasta hoy objeto de controversia. Los guardias contratados por Blackwater dicen que fueron atacados y que respondieron en legítima defensa. Los testigos que se encontraban allí ese día dijeron que habían sido los empleados de Blackwater los que abrieron fuego sin ser provocados y que continuaron disparando a los civiles que intentaban huir.

Pero lo que sí es cierto es que al término del tiroteo, había 17 muertos y 20 heridos. El público iraquí estaba indignado y se produjo una grave ruptura diplomática entre los Estados Unidos y el incipiente gobierno iraquí.

El episodio también marcó un punto de inflexión en el debate sobre el creciente uso de empresas militares y de seguridad privadas en la continuación de la guerra. Este incidente sumado a la participación de empresas privadas en el escándalo de la prisión de Abu Ghraib en Irak en 2004, en el que unos prisioneros fueron sometidos a diversas formas de abuso y tortura, avivó el debate sobre la necesidad de subcontratar a empresas privadas para desempeñar las funciones básicas de la guerra.

Además, los escollos jurídicos que supusieron luego el enjuiciamiento de los responsables y la reparación de las víctimas plantearon la pregunta de saber si la utilización cada vez más frecuente de estas empresas no estaba creando una clase de personal militar que realiza efectivamente operaciones fuera de las normas habituales de la guerra. Incluso muchos expertos fueron incapaces de responder a algunas de las preguntas fundamentales: ¿qué estatuto tienen los contratistas privados de conformidad con el derecho internacional humanitario (DIH)?, ¿son combatientes,  civiles,  mercenarios o son algo totalmente nuevo? ¿Qué normas son vinculantes para ellos?

No están por encima del derecho
En 2008, 17 Estados firmaron una declaración en la que, en esencia, responden con un rotundo “no” a la pregunta acerca de si las empresas privadas  están por encima del derecho y  operan en un vacío legal.

Ahora firmada por 42 Estados y la Unión Europea, la declaración (conocida como el Documento de Montreux) reafirma que el derecho internacional humanitario y las normas de los derechos humanos se aplican a los contratistas  privados. Los Estados, por su parte, tienen la obligación de velar por que éstos acaten ambos  derechos.

Sin intentar legitimar la industria de actividades militares y de seguridad privadas, ni adoptar una posición sobre si el uso de contratistas privados es bueno o malo, el Documento de Montreux aborda cuestiones como la del estatuto jurídico del personal de estas empresas en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y las formas de asumir la responsabilidad individual en caso de conducta profesional indebida en diferentes jurisdicciones.

El Documento de Montreux, proyecto conjunto del Departamento Federal Suizo de Relaciones Exteriores y del CICR, también alienta a los Estados a elaborar una normativa destinada a prevenir y enjuiciar los abusos. Ofrece igualmente un conjunto de buenas prácticas para ayudar a los gobiernos a cumplir esas obligaciones.

El problema es que la normativa no está a la altura de la industria. Muchos Estados no disponen aún de leyes, reglamentaciones o prácticas nacionales suficientes para supervisar una industria en constante evolución, que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas y cuyo valor se calcula hoy en más de 100 mil millones de dólares.

Crecimiento exponencial
¿Qué tan rápido ha crecido? Después de la invasión  y la posterior ocupación de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, se estima que más de 100.000 contratistas privados fueron empleados en funciones que iban de la vigilancia de convoyes al apoyo logístico, pasando por el análisis de inteligencia, hacer guardia en el puesto de control, entre muchas otras tareas. Sus tareas eran diez veces más exigentes que durante el período de la guerra de Irak. Mientras tanto, en Afganistán, el número alcanzó un máximo de unos 20.000. ¿Por qué este crecimiento? En los años que precedieron a los atentados de Nueva York y Washington D.C. el 11 de septiembre de 2001, el ejército de los Estados Unidos había sufrido un período en el que habían disminuido sus efectivos. Con dos guerras de gran escala en Afganistán e Irak, los dirigentes militares tenían que aumentar sus fuerzas. En ese momento, predominaba  también la tendencia que favorecía la privatización de los servicios estatales, desde las cárceles y los hospitales hasta las escuelas.

La tendencia iba mucho más allá de los militares de  Estados Unidos. “La mayoría de la gente cuando piensa en las empresas militares y de seguridad privadas  piensan en Irak y Afganistán”, señala Faiza Patel, presidenta relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios. “Pero estas empresas se utilizan en muchos sectores, por ejemplo para proporcionar seguridad en las industrias extractivas o como parte de los esfuerzos destinados a la erradicación de la droga en América Latina”.

En realidad, la mayor parte de las actividades de este sector no se llevan a cabo en situaciones de conflicto armado y queden fuera del ámbito de aplicación del DIH. No obstante, las empresas actúan a menudo en zonas inestables donde hay mucha violencia o disturbios civiles: secuestros, asesinatos y otros crímenes son un riesgo diario para quienes realizan esas actividades. Habida cuenta de esas complejidades, ¿cómo se debe regular esta nueva industria en expansión? En situaciones de conflicto armado, ¿quién velará por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario? y ¿quién enjuiciará a los contratistas si violan ese derecho?

Los casos de abuso en Abu Ghraib son un ejemplo de las dificultades que se plantean. Si bien se han efectuado numerosos procesos de miembros militares de los rangos inferiores por diversos cargos relacionados con el abuso de detenidos, ninguno de los contratistas privados implicados en los abusos en Abu Ghraib han sido procesados por cargos criminales. En algunos casos, se concedió a los contratistas inmunidad judicial al amparo la ley iraquí.

Las demandas civiles posteriores presentadas por ex detenidos en virtud de la ley de los Estados Unidos han sido bloqueadas o retrasadas con el argumento de que los contratistas deben disfrutar de la misma inmunidad que los soldados durante el combate o que se les debe otorgar “una exención de campo de batalla”. Esta exención permitiría que los casos civiles puedan desestimarse por motivos de que los tribunales no deben respaldar las decisiones tomadas en los centros de detención en lo  más álgido de la batalla.

“Estos casos han estado pendientes durante muchos años sin llegarse a ver el fondo del asunto”, señala Katherine Gallagher, abogada principal del Centro de Derechos  Constitucionales, con sede en Nueva York, que ha presentado una denuncia en contra de dos contratistas militares en nombre de 330 iraquíes detenidos en Abu Ghraib en 2004.

El desafío de la regulación
Cualquiera que sea el resultado de estos casos, el objetivo de muchas personas que trabajan sobre el terreno hoy es prevenir futuros abusos y esclarecer los derechos y obligaciones de los contratistas privados, que son considerados personas civiles y protegidos de los ataques en virtud del derecho internacional humanitario, a menos que participen directamente en las hostilidades. (No obstante, cabe señalar que  es difícil definir en términos generales estas protecciones y lo que constituye “la participación en las hostilidades”, ya que dependen del contexto y de las circunstancias).

Es indispensable tener claro su condición jurídica y sus obligaciones puesto que los contratistas trabajan a menudo en situaciones sumamente inestables. En Irak, numerosos miembros de las empresas militares y de seguridad privadas (incluidos los de Blackwater) resultaron muertos desempeñando diversas funciones (relacionadas o no con la seguridad) para el Gobierno de los Estados Unidos.

Los intentos de los Estados de conceder inmunidad a los contratistas privados al amparo del derecho nacional durante determinados conflictos armados (como ocurrió durante la guerra de Irak en 2003) y al mismo tiempo bloquear causas civiles o penales alegando que los contratistas están efectivamente actuando como soldados, pone de relieve la necesidad de aclarar la situación.

El Documento de Montreux proporciona a los Estados una orientación para resolver cuestiones jurídicas complejas. Pero compete ahora a los Estados que lo han firmado aplicar dichas orientaciones, asegura Marie-Louise Tougas, asesora jurídica del CICR especialista en las interacciones entre el DIH y las empresas militares y de seguridad privadas.

“Los Estados tienen que cumplir ahora sus obligaciones en ese sentido de conformidad con el DIH”, dice Tougas. “Lo que hacemos es ayudar a los Estados a elaborar las herramientas necesarias para cumplir las obligaciones establecidas en el Documento de Montreux: promulgar leyes nacionales, establecer mecanismos de vigilancia y crear controles de licencias”.

Cumplimiento voluntario
Pero la reforma legislativa requiere tiempo y es probable que cada país siga el camino que más le convenga. Por estas razones, se están haciendo algunos esfuerzos importantes fuera del sistema jurídico. Cabe citar la reciente creación de un Código Internacional de Conducta, que promueve el Gobierno de Suiza y muchos integrantes de la industria, que establece un sistema por el cual las empresas aceptan en forma voluntaria ser reguladas por un grupo de expertos en diversos ámbitos.

Entre tanto, se alienta a los gobiernos a considerar la posición de la empresa con respecto a ese código cuando adjudican contratos de seguridad. El Reino Unido, que cuenta con muchas de las empresas de seguridad más grandes del mundo, ha decidido que adjudicará contratos únicamente a las empresas que acatan las normas del código.

En agosto de 2012, un total de 464 empresas en 60 Estados habían suscrito este código, que fue elaborado por miembros de las asociaciones industriales, expertos en seguridad, juristas, gobiernos y dirigentes empresariales.

Los defensores del código aducen que este tipo de requisito, que podría afectar a la supervivencia de una empresa, ofrece suficientes incentivos para que las empresas mantengan un alto nivel de formación, investiguen cuidadosamente a los empleados y se adhieran a los principios del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos.

El código se funda en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, precisa Anne-Marie Buzato, que trabaja en el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra que encabeza el esfuerzo.

“El uso de la fuerza, por ejemplo, no debe exceder lo que es estrictamente necesario, deber ser proporcionado”, dijo Buzato en una reciente reunión de expertos del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo (Italia). “Los contratistas no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte o para evitar la comisión de un delito grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.

Algunos expertos en la materia se muestran escépticos en cuanto a lo que ellos consideran como “autorregulación” de la industria con relación a cuestiones de vida o muerte, y observan que algunos aspectos fundamentales respecto del cumplimiento del código siguen pendientes.

Pero Buzato opina que se trata más bien de un modelo de “corregulación”, dado que los expertos gubernamentales y de la sociedad civil serían miembros de los grupos especiales encargados de realizar los debidos controles y supervisar la observancia del código.

Un llamamiento en favor de un nuevo convenio
Para algunos, el código es al menos un paso positivo mientras se elaboran leyes o acuerdos vinculantes. Para otros, ni el código ni la reglamentación nacional serán una solución para controlar a las empresas que operan en varias jurisdicciones, a menudo en lugares donde será problemático investigar las denuncias. Lo que se necesita, dicen algunos, es un tratado internacional de cumplimiento vinculante.

En las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios está elaborando un proyecto de convenio en virtud del cual los Estados deberán regular las exportaciones de servicios de seguridad de manera mucho más rigurosa. Entre otras medidas, se  limitará la gama de actividades que los gobiernos podrán tercerizar y se exigirá a los Estados signatarios que establezcan regímenes de concesión de licencias similares a los que están vigentes para las exportaciones de armas.

“La idea es no solo regular las exportaciones de armas, sino también a los hombres y mujeres armados”, explicó Faiza Patel del Grupo de Trabajo en la reunión de San Remo. Muchos países, dijo Patel, aplican leyes estrictas y regímenes de concesión de licencias a las empresas de seguridad nacionales, pero exigen controles menos rigurosos a las empresas que trabajan en el extranjero.

“Permitir que las empresas militares y de seguridad privadas operen [sin regulación] en entornos inestables con una potencia de fuego de manejo complicado, con todos los riesgos que esas operaciones pueden conllevar para los derechos humanos y el derecho humanitario, me parece una abdicación de la diligencia debida elemental”, asegura Patel.

No obstante, por el momento no hay un apoyo suficiente de los principales Estados, que son sede de muchas de estas empresas, para lograr la aprobación de un nuevo tratado internacional.

Un blanco móvil
Uno de los mayores obstáculos con que se topan todos estos esfuerzos es que la propia industria es un blanco móvil. En el número de otoño de 2012 de la Revista Internacional de la Cruz Roja, dedicado a examinar la forma en que el sector empresarial influye en los conflictos, Sarah Percy de la Universidad de Oxford, escribe que mientras la industria de las empresas militares y de seguridad privadas evoluciona con rapidez para satisfacer las nuevas exigencias políticas y del mercado, el proceso de desarrollo de la normativa internacional sigue un ritmo mucho más lento.

Como la ‘fiebre del oro’ de las guerras de Irak y Afganistán se ha apaciguado, la industria ya se ha adaptado a los nuevos mercados; a saber: la protección del comercio marítimo contra la piratería, la protección de la prestación de la asistencia humanitaria e incluso la prestación de la ayuda en sí.

En opinión de Percy, los enfoques actuales de la regulación están todavía demasiado orientados hacia el modelo más antiguo de mercenario o de empresa que presta servicios en un conflicto armado internacional, como fue el caso en Irak. “Como consecuencia, los encargados de establecer normas a todos los niveles se han quedado a menudo atascados en largos procesos de negociación, mientras que el objeto de las normas va cambiando rápidamente”, argumenta.

“El genio de la seguridad privada salió de la botella”, escribe. “No obstante, por el momento, los Estados le dejan un amplio margen de maniobra para que haga lo que quiera y luego lo disciplinan, en lugar de establecer desde un principio parámetros de acción”.

“Puede que sea difícil entablar conversaciones sobre la función de la fuerza privada, y tal vez habría que empezar a nivel nacional, pero quizás sea la mejor posibilidad de regular una industria cuya evolución probablemente sea siempre mucho más veloz que la respuesta que puedan dar los encargados de regularla”, señala Percy. 

Malcolm Lucard
Redactor de Cruz Roja Media Luna Roja.


Un contratista de seguridad extranjero monta guardia cerca del lugar donde explotó una bomba en Bagdad (Irak) en octubre de 2007. Fotografía: ©REUTERS/Ceerwan Aziz, cortesía de www.alertnet.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El genio de la seguridad privada
salió de la botella. No obstante, por el momento, los Estados le dejan un amplio margen de maniobra para que haga lo que
quiera y luego lo disciplinan, en lugar de establecer desde un principio parámetros de acción”.

Sarah Percy,
de la Universidad de Oxford, escribe en el próximo número de la Revista Internacional de la Cruz Roja, en el que se aborda la función del sector empresarial en los conflictos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Una mujer cuyo marido fue asesinado por los empleados de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater durante un tiroteo espera junto a su hija reunirse con los fiscales y los investigadores estadounidenses en Bagdad en diciembre de 2008.
Fotografía: ©REUTERS/Atef Hassan, cortesía de www.alertnet.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Permitir que las empresas militares y de seguridad
privadas operen [sin regulación] en entornos inestables con una potencia de fuego de manejo
complicado, con todos los riesgos que esas operaciones pueden
suponer para los derechos humanos y el derecho humanitario, me parece una abdicación de la diligencia debida elemental”.

Faiza Patel,
presidenta-relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre la utilización de mercenarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No todos los contratistas de seguridad privados son extranjeros. Aquí, un contratista de seguridad afgano registra a adolescentes que buscan trabajo en un puesto de combate militar estadounidense en el este de Afganistán, en septiembre de 2011.
Fotografía: ©REUTERS/Erik De Castro, cortesía de www.alertnet.org

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