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La voluntad de vencer
el genocidio

Hace ya veinte años del inicio del genocidio de Ruanda y la memoria de este terrible suceso sigue conmocionando la conciencia colectiva de la humanidad y fortaleciendo nuestro compromiso de luchar contra la impunidad del crimen más odioso. Al igual que con las atrocidades presenciadas durante el Holocausto y en Srebrenica, el genocidio de Ruanda se ha incorporado a un proceso de reconocimiento colectivo de que el crimen de genocidio no puede ni debe quedar impune.

Estos episodios abominables subrayan la importancia de la labor pionera de Raphael Lemkin y sus incansables esfuerzos*, que llevaron a la adopción de la Convención sobre el genocidio (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio) y a la codificación del compromiso con la humanidad de disuadir a los genocidas y hacer que paguen por sus crímenes.

Lo que ha dejado el genocidio en Ruanda no solo es el casi millón de vidas perdidas y traicionadas por la inacción de la comunidad internacional, sino también su efecto en el desarrollo del derecho internacional humanitario, la prevención de atrocidades y la justicia para las víctimas. Este aniversario es una ocasión para recordar esas vidas y examinar con ojo crítico las lecciones que se han sacado de esa tragedia.

Los horrores del genocidio de Ruanda finalmente obligaron a la comunidad internacional a pensar en qué forma hacer más efectiva la Convención sobre el genocidio, en la cual se reafirma el consenso mundial de que los crímenes de esta naturaleza y magnitud no deben quedar impunes. El genocidio fue el ejemplo más dramático de los peligros que conlleva la vacilación política y de las consecuencias de la inacción. Hoy en día, la adopción de medidas para prevenir el genocidio no es una opción de principio, sino más bien una obligación legal internacional para hacer cumplir una norma imperativa.

En 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda como una respuesta directa al genocidio en Ruanda. Sin embargo, la vacilación política que permitió que se produjera el genocidio dejó enseñanzas más amplias que sentaron las bases para constituir un tribunal penal internacional permanente, como estaba previsto al principio en la Convención sobre el genocidio y que finalmente cristalizó en la Corte Penal Internacional (CPI).

La definición de delito de genocidio contenida en la Convención sobre el genocidio se reprodujo textualmente en el artículo 6 del Estatuto de Roma, lo que dota a la CPI con la competencia de juzgar las ocurrencias de ese grave delito. El Tribunal hace cumplir la obligación de los Estados de vencer el genocidio y promover la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos responsables. El Tribunal de Ruanda y la CPI representan una nueva era en materia de responsabilidad, en la cual no habrá refugio para los genocidas ni asilo para los que violen el carácter sagrado de la vida y la humanidad.

La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda es instructiva en muchos campos de aplicación del derecho penal internacional, en particular el genocidio. Por ejemplo, en el genocidio de Ruanda se perpetraron actos de violencia incalificables contra la mujer. Se han hecho grandes avances en la definición jurídica del modo cómo la violación y otros actos de violencia sexual pueden utilizarse como armas de guerra y ser calificados de crímenes. El 2 de septiembre de 1998, el Tribunal pronunció una decisión pionera en el caso de Akayesu, en el que se reconoció explícitamente, por primera vez en la historia, la violación como instrumento de genocidio cuando se comete con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha logrado avances significativos en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad del genocidio y la búsqueda de la justicia para las víctimas. Como mecanismo judicial permanente, la CPI ha heredado este legado y tiene un potencial enorme. Para la CPI, al igual que con todas esas instancias judiciales internacionales, la cooperación de los Estados es una condición sine qua non para su éxito. A pesar de la existencia de un cuerpo rico y completo de derecho internacional humanitario y penal, como son las instituciones internacionales independientes
con la jurisdicción de aplicar esa normativa, el cumplimiento es un elemento central para garantizar la aplicación plena, oportuna y sistemática del estado de derecho.

Si no se aplican las decisiones judiciales, si los sospechosos no son detenidos para que comparezcan
ante la justicia, si no se dispone de suficientes recursos; si no se destinan todos los esfuerzos a la protección de las víctimas y los testigos y si no se da curso a las solicitudes de otros tipos de cooperación, entonces no se podrá hacer justicia realmente ni habrá nadie que vele por ella. En cuanto a la CPI, los Estados Partes deben permanecer vigilantes para defender los valores fundamentales consagrados en el Estatuto de Roma y ser los firmes guardianes del propósito y objetivo del tratado. Por regla general, el conjunto es mayor que la suma de sus partes, lo que es sin duda cierto para el nuevo sistema de justicia penal internacional, en el que la cooperación de los Estados sirve de tabla de salvación.

Al recordar los horrores que tuvieron lugar en Ruanda y honrar a sus víctimas, renovamos el compromiso inquebrantable de prevenir atrocidades en masa y la esperanza del “nunca más”. Se nos recuerda que la prevención del genocidio es una empresa y un reto de toda la humanidad. La CPI cumplirá sin lugar a dudas su cometido.

Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y ex fiscal general y ministro de Justicia de la República de Gambia.

* Raphael Lemkin es muy conocido por su trabajo contra el genocidio, término que él acuñó en 1944, y definió como “la destrucción de un grupo nacional o étnico”.

 

Photo: ©REUTERS/Luc Gnago
Fatou Bensouda
Fotografía: REUTERS/
Luc Gnago

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