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Guerra declarada
a las minas terrestres

por Mary-Anne Andersen

Acabemos con las minas terrestres. Con este lema inequÍvoco, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha emprendido una campaña
pÚblica para obtener la prohibición total de las minas terrestres. El avance en la consecución de esta meta es irreversible pero la batalla dista de haberse ganado y todavÍa queda mucho por hacer.

“Uno tiene que aceptar que para salvar al paciente no hay más remedio que amputar, buscar la forma de hacer abstracción de los sentimientos e intervenir sin vacilar”, explica el Dr. Bernard Vermuelen, cirujano suizo que cumplió misiones para el CICR en Peshawar, Pakistán, en 1987, y en Khao-i-Dang, Camboya, cuatro años más tarde. Entre sus múltiples recuerdos de víctimas de las minas, la imagen más patente es la de un niño a quien tuvo que amputar las dos piernas y que tenía la misma edad de su hijo. “No era un combatiente, tan sólo una víctima más de esa arma usada para aterrorizar a civiles”, comenta.

El Dr. Vermuelen es uno de los tantos cirujanos de guerra que, aterrados por la enorme cantidad de heridos por minas que les tocaba atender en el quirófano, comenzaron a enviar informes a la sede del CICR en Ginebra, en los cuales describían esta situación y pedían encarecidamente que la Institución tomase las medidas del caso.

Por su parte, el Dr. Robin Coupland, también cirujano de guerra, empezó a recabar los datos que mandaban los hospitales del CICR sobre los heridos por minas. Su estudio permitió hacerse una idea del pasmoso número de personas cuyos cuerpos y cuyas vidas destrozaban las minas antipersonal en decenas de países. Asimismo, demostró que los efectos de esta arma no se limitaban a muertes y mutilaciones, ya que el tratamiento de los supervivientes insumía una parte considerable de los recursos hospitalarios, habitualmente escasos, en zonas donde ha habido o hay conflictos armados. Otra conclusión alarmante del estudio fue que la mayoría de las víctimas de las minas eran civiles. “Pudimos comprobar que la utilización de las minas superaba su objetivo militar ya que, en principio, estaban destinadas a los soldados enemigos pero entre los pacientes que atendíamos había muchos niños y mujeres”.

 

 

No hay otra salida

Tras haberse percatado de que el problema había cobrado proporciones endémicas, en 1993, el CICR convocó un coloquio de expertos médicos, militares y jurídicos para buscar soluciones a esta crisis. “Durante años habíamos tenido conciencia del problema pero en la época de la guerra fría resultaba muy difícil avanzar en cuestiones relativas al armamento. En 1993, por el contrario, se daban las condiciones y por fin conseguimos llamar la atención de la opinión pública respecto al costo humano que entraña el empleo de esta arma”, explica el Dr. Coupland.

Habida cuenta de la dimensión del problema, saltaba a la vista que la única vía de acción posible era lanzar una campaña para la prohibición total de la producción, uso, almacenamiento y transferencia de las minas terrestres antipersonal (minas AP). Los argumentos en favor de esta opción se fundan en tres principios básicos del derecho internacional humanitario: Emplear armas que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios es ilegal; las armas de efectos indiscriminados y el uso de las mismas están prohibidos, y las armas que contradicen “los dictados de la conciencia pública” deberían prohibirse.

En febrero de 1994, el CICR hizo un llamamiento para que se prohibieran las minas AP. El presidente Cornelio Sommaruga, declaró: “Desde un punto de vista humanitario, creemos que la única solución efectiva es la prohibición total de las minas terrestres antipersonal”, e invitó a los gobiernos a esforzarse por lograr tal meta en la Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, cuyo Protocolo II reglamenta el empleo de las minas terrestres.

Ahora bien, cuando la Conferencia de Examen se reunió en septiembre de 1995, los Estados Partes en la Convención de 1980 no lograron ponerse de acuerdo sobre las enmiendas a dicho protocolo; tal fracaso obedeció a que las decisiones debían tomarse por consenso. El resultado de las dos sesiones siguientes, que tuvieron lugar en Ginebra en el primer semestre de 1996, fue la aprobación de la versión revisada del Protocolo II que prevé prohibiciones y restricciones de carácter limitado en cuanto al empleo y, hecho sin precedentes en un tratado de DIH, a la transferencia de minas AP.

Lo más decepcionante para el Movimiento fue la insuficiencia de las restricciones al empleo de las minas AP. “Se trata de un conjunto de normas complejo y poco eficaz, difícilmente aplicable en la guerra. De ahí que el CICR decidiera dar el paso y emprender una campaña que movilizara al Movimiento a fin de despertar la conciencia pública”, comenta el Sr. Herby, experto jurídico del CICR.

La publicidad

El CICR lanzó oficialmente su campaña en noviembre de 1995 con el lema “Acabemos con las minas terrestres”; campaña que contó con un elemento inusual, es decir, la publicidad.

“Para el Movimiento, esta fue una iniciativa revolucionaria a varios niveles”, dice Johanne Dorais-Slakmon, coordinadora de la campaña del CICR. Profesional con una sólida formación en comunicaciones, la Sra. Dorais-Slakmon considera que la publicidad puede ser una herramienta útil cuando se trata de transmitir un mensaje a la opinión pública. “Es la única manera de llegar a todo el mundo y sensibilizar a gente de diversas culturas; además, ofrece la ventaja de la concisión. Ahora bien, para el CICR el hecho de utilizar la publicidad en el ámbito de su estrategia de comunicación no tenía precedentes, lo que provocó una viva controversia entre progresistas y conservadores”.

Se encargó a una agencia especializada que preparara conceptos creativos, y provocadores, dentro de los límites aceptables para el CICR. El Sr. Gian Battista Bacchetta, director adjunto a la Dirección General del CICR, reconoce que la campaña supuso un paso de gigante para el Movimiento porque “es innovadora y ha sacudido actitudes culturales profundamente arraigadas en el CICR, lo que en buena medida explica las reticencias iniciales. No obstante, la campaña ha servido para convencer a los gobiernos de que tienen que asumir su deber en esta materia.” En 1996, los anuncios del CICR publicados en espacios donados por la prensa escrita y la televisión internacionales, de un valor superior a 3.000.000 de francos suizos, llegaron a unos 745.000.000 de personas en todo el mundo.

 
 

Las pruebas

La campaña publicitaria se centró en dar a conocer las horribles secuelas que dejan las explosiones de minas y se aprovecharon diversas reuniones y conferencias para presentar datos estadísticos y otras informaciones a las autoridades y los responsables políticos. “Tenemos que informar y al mismo tiempo polemizar, equilibrando adecuadamente estos dos elementos, pues no podemos limitarnos a repetir que las minas AP son un arma terrible. Además, tenemos que lograr que las autoridades asuman la carga de la prueba sobre todo en lo que atañe al costo humano del empleo de las minas. A ellas incumbe justificar la necesidad de emplear este tipo de armas”, sostiene el Dr. Coupland.

A diferencia de las campañas en favor de la prohibición que han llevado a cabo algunas ONG, el Movimiento se ha abstenido de acusar o denunciar a los países que producen o exportan minas AP, concentrando sus esfuerzos en señalar la perversidad del arma, sensibilizar a la opinión pública al respecto e influir en el proceder de las autoridades.

“Las ONG pueden actuar como factores de presión ciudadana pero la Cruz Roja desempeña otra función. Nosotros aportamos nuestra pericia, nuestra experiencia de terreno y nuestra credibilidad. Por ello, los gobiernos recurren a nosotros en busca de consejos, orientación e información”, dice Johanne Dorais-Slakmon.

Colombia: Entre dos fuegos

Después de más de 30 años de guerra civil entre la guerrilla y las tropas del gobierno, varias regiones del país están infestadas de minas AP. Las emplean la guerrilla, para precaverse de ataques contra sus campamentos, y también las fuerzas gubernamentales, para proteger los oleoductos porque el petróleo es uno de los más valiosos productos de exportación. Si bien no existe un registro estadístico del número de víctimas ni de las minas diseminadas, se estima que la mayoría de los afectados son niños.

En mayo de 1996, la Cruz Roja Colombiana lanzó una campaña de sensibilización mediante carteles, folletos y anuncios en radio y televisión. En menos de seis meses, la mayoría de los 40.000 voluntarios de la Sociedad Nacional participó en dicha campaña, enseñando a niños y adultos a protegerse contra los peligros que entrañan las minas y las medidas que debían tomarse si alguien resultaba herido por una de estas armas. A la labor de estos voluntarios se ha sumado la colaboración de los medios de difusión, que han apoyado la campaña cediendo espacios publicitarios gratuitos.

“Las minas son tan odiosas que resulta fácil sensibilizar a la gente. Sin embargo, impedir la diseminación ha resultado más difícil, a raíz de los enfrentamientos actuales”, dice el Dr. Guillermo Rueda, presidente de la Cruz Roja Colombiana. “Las partes involucradas en los enfrentamientos están demasiado ocupadas como para inquietarse por los civiles heridos por las explosiones de las minas que han disimulado. Por ello estamos aquí”.

El Movimiento cierra filas

La campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres ha representado para el Movimiento una oportunidad sin parangón de demostrar su vigor y potencial. El CICR se ocupó de informar a los medios de difusión internacionales y de organizar reuniones y conferencias para estigmatizar el uso de minas AP y sensibilizar al respecto; las Sociedades Nacionales, por su parte, impulsaron la campaña a escala nacional, adaptándola a sus respectivas culturas y necesidades. Hasta ahora, han participado 83 Sociedades Nacionales, lo que ha sido decisivo a escala mundial. Desde el inicio de la campaña, más de 80 Estados han declarado su apoyo a la prohibición total y mundial de las minas AP, lo que significa que la respaldan 109* países.

Otro beneficio para el Movimiento ha sido la actualidad que ha dado a la promoción del derecho humanitario en un momento crucial. En efecto, el tema de las minas ha permitido que en muchos países las Sociedades Nacionales y las delegaciones del CICR analicen con funcionarios de gobierno y militares la aplicación del derecho internacional humanitario.

 

 

Ideas e iniciativas

Además de utilizar el material suministrado por el CICR, muchas Sociedades Nacionales demostraron gran ingenio. Por ejemplo, en las escalinatas de los parlamentos e iglesias de muchos países, entre ellos Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia, se hicieron “montañas de zapatos”, símbolo de las 24.000 personas que cada año matan o mutilan las minas AP.

“La publicidad fue importante para que la opinión pública cobrara conciencia del problema y la prensa se interesara”, dice Kristina Hedlund Thulin, consejera jurídica de la Cruz Roja Sueca. “Pero hacía falta un planteamiento distinto para tratar con los políticos”, agrega. La Cruz Roja Sueca logró que todas las secciones locales participaran y las alentó a que se comunicaran con los parlamentarios de su circunscripción respectiva para informarles del problema. También se distribuyeron postales con información sobre las minas que luego la gente envió a los políticos.

En octubre de 1995, la Comisión de Derecho Internacional de la Cruz Roja Danesa publicó un estudio completo sobre las minas AP, que versa sobre los aspectos legales, militares y humanitarios del tema. Dado que entre los integrantes de esta Comisión había eminentes doctores y abogados daneses, el estudio dio lugar a un debate nacional que culminó con la suspensión del empleo de las minas AP.

Las Sociedades Nacionales de los países directamente afectados por las minas también han participado en la campaña, poniendo el acento en la prevención y la sensibilización. En Mozambique, país marcado por los estragos heredados de una guerra civil que duró 16 años, las minas se cobran víctimas civiles todos los días. La Cruz Roja de Mozambique ha capacitado a un gran número de voluntarios que informan sobre las minas, sirviéndose del teatro, la canción y la radio. Además, jóvenes voluntarios se han encargado de levantar mapas de algunas zonas infestadas con minas y de llevar un registro de los accidentes. Las minas AP siguen empleándose en los conflictos internos de Afganistán, Colombia y Bosnia, países donde la necesidad de contar con programas de sensibilización es cada vez mayor.

Acción ecuánime

Pese a que han tropezado con algunos obstáculos, muchas Sociedades Nacionales toman parte activa en la promoción de la campaña contra las minas. Encontrar la manera de hacer llegar el mensaje ha exigido de ellas gran tacto y diplomacia.

La Cruz Roja Británica optó por centrar su campaña en las necesidades humanitarias de las víctimas, para no comprometer su estatuto de organización caritativa. En virtud de la legislación británica, a dichas organizaciones les está prohibido ocuparse de asuntos de carácter político. Ahora bien, al obtener la cooperación de personalidades como Diana, princesa de Gales, cuyo viaje a Angola fue ampliamente difundido por la prensa británica (véase pág. 25), la Sociedad Nacional ha logrado que la gente se interese por el problema.

La Cruz Roja Finlandesa tuvo que responder a menudo al argumento de que era imprescindible que las fuerzas armadas de su país colocaran minas terrestres a lo largo de la frontera con Rusia. Últimamente, tuvo que postergar una audiencia prevista con autoridades militares y representantes de un amplio espectro de la sociedad civil porque estaban “demasiado ocupadas” para participar.

“Debemos andar con cuidado. En este país, las consideraciones militares siguen teniendo mucho peso y no nos corresponde inmiscuirnos en un debate sobre la doctrina militar. Mucha gente tiene ideas bien precisas en cuanto a la necesidad de defender nuestras fronteras, pero desconoce lo que se podría hacer con respecto a las víctimas civiles en otras partes del mundo”, dice Helena Korhonen, directora de Políticas Orgánicas y Recursos de la Cruz Roja Finlandesa. “De ahí la dificultad de centrar el debate en la dimensión mundial del problema. A pesar de esa dificultad, considero que estas cuestiones incumben a la Cruz Roja y deberíamos aprender a considerar su dimensión transnacional”.

La Cruz Roja Japonesa (CRJ) también experimentó dificultades. “Más de 40 por ciento de la población japonesa no sabe nada de la guerra”, explica Otohiko Hori, subdirector de Planificación del Departamento de Relaciones Internacionales de la CRJ. “Por esta razón, nuestra campaña ha tenido más bien un carácter informativo. Mucha gente no sabe que las minas siguen mutilando a civiles mucho tiempo después de terminadas las guerras. Una vez que conocen el problema, los japoneses prefieren aportar asistencia para las víctimas y para las labores de remoción en lugar de exigir la prohibición de las minas.”

 
  Redes regionales

Las iniciativas a escala nacional y regional también han contribuido al avance registrado a escala internacional. En mayo de 1996, con la ayuda del Gobierno y la Sociedad Nacional de Nicaragua, el CICR organizó en Managua un seminario regional sobre las minas AP. Este seminario, en el cual participaron representantes de los Estados de América Central y México, sentó las bases de una iniciativa con miras a establecer una zona libre de minas AP hacia el año 2000 y de la resolución de la Asamblea General de la OEA, en la que se preconiza convertir el continente americano en zona exenta de minas.

En febrero de 1997, durante una conferencia internacional celebrada en Maputo, Mozambique, por la coalición de ONG denominada Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres (CIPMT), 12 Sociedades Nacionales de África austral formaron una red regional de cooperación para promover en cada país la prohibición de las minas AP y obrar juntas para lograr que se establezca una región exenta de minas.

En Europa, las Sociedades Nacionales de 14 países han formado un Grupo de Apoyo Jurídico por cuyo intermedio sus consejeros jurídicos intercambian información y se asisten mutuamente en cuestiones relacionadas con las minas AP.

Austria: Meta Cumplida

No existe receta para que una campaña contra las minas terrestres sea perfecta, pero utilizando como lema de la campaña nacional el principio de “ver para creer” la Cruz Roja Austríaca logró algunos resultados notables.

“Si queremos conseguir algo más que despertar conciencias, tenemos que actuar. De ahí que desde un principio, nuestro objetivo fuera la promulgación de una ley”, señala Christian Marte, secretario general adjunto de la Cruz Roja Austríaca. A efectos de traducir la preocupación pública por las víctimas en un llamamiento concreto a la prohibición de las minas terrestres, la Sociedad Nacional usó avisos publicitarios, recolectó firmas y organizó reuniones informativas para diversos grupos. Asimismo, informó a la opinión pública que empresas austríacas promovían la venta de minas AP a otros países en el catálogo Jane’s Military and Logistics, pero se abstuvo de denunciar a las empresas productoras. Los medios de difusión se hicieron eco, lo que dio lugar a titulares como este: “Austria contribuye a la matanza mundial causada por las minas terrestres”.

“Pese a que la obtención de firmas era algo nuevo para nosotros, tuvimos un éxito inesperado”, explica el Sr. Marte. Tras haber recibido las 60.000 firmas conseguidas, el presidente de la República Federal decidió apoyar la prohibición.

La División Jurídica de la Cruz Roja Austríaca procedió entonces a preparar un anteproyecto de ley y consiguió que los parlamentarios favorables a la prohibición lo presentaran al Parlamento Federal que en diciembre de 1996, aprobó la ley relativa a la prohibición total de las minas terrestres antipersonal que entró en vigor el 1° de enero de 1997.

“El hecho de haber tomado la iniciativa de redactar el anteproyecto de ley demostró a la población que la Cruz Roja Austríaca no sólo hacía “ruido”, sino que también trataba el asunto con toda seriedad”, dice el Sr. Marte. “Gracias a la campaña, se conoce mejor a la Cruz Roja Austríaca y las funciones que cumple. En un Estado de derecho, la sanción y aplicación de leyes son el único medio para impedir que se vulneren los intereses de terceros. Habida cuenta de la índole humanitaria del tema y de que disponíamos de las competencias jurídicas necesarias en este campo, para nuestros consejeros jurídicos fue un honor redactar dicho anteproyecto”.

Aún cuando ésta ha sido una manera inhabitual de “vender” la Institución a la opinión pública, no cabe duda de que ha dado muy buenos resultados. De hecho, ya no nos consideran los “ingenuos e inofensivos” de turno, añade el Sr. Marte.

Actualmente, Austria forma parte del núcleo de países que anima el proceso de Ottawa. El gobierno austríaco ha redactado una primera versión del tratado que sirve de base para las negociaciones internacionales a nivel de gobiernos, y las industrias austríacas que hasta hace poco exportaban minas están importando estos artefactos de Bosnia, para destruirlos, claro está.

La recta final

A efectos de acelerar el proceso, en octubre de 1996, el gobierno de Canadá invitó a 50 Estados partidarios de la prohibición, el CICR, las Naciones Unidas y representantes de la CIPMT a reunirse en Ottawa para definir la estrategia a seguir. En dicha ocasión, se aprobó la Declaración de Ottawa y se redactó el borrador de un plan de acción que establece las medidas que han de tomarse a escala regional y mundial para prohibir la minas en todo el planeta. Al finalizar la Conferencia, Lloyd Axworthy, ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, invitó a todos los gobiernos a reunirse en Ottawa en diciembre de 1997 para firmar allí un tratado de prohibición total de las minas AP.

Después de la Conferencia de Ottawa de octubre de 1996, 155 Estados apoyaron una resolución presentada por los EE.UU. ante la Asamblea General de la ONU, en la que se pedía concluir cuanto antes un nuevo tratado jurídicamente vinculante que prohíba la producción, el empleo, el almacenamiento y la transferencia de minas AP.

“El denominado proceso de Ottawa es seguramente el camino más rápido para poner en práctica esta resolución”, observa el Sr. Herby. Incluso si en diciembre se consigue la prohibición total, ello no acabará con el legado mortífero de las minas terrestres y, durante muchos años, habrá que seguir prestando asistencia a los civiles que tropiecen con estos artefactos en medio de arrozales, a lo largo de un camino, mientras recogen leña o van arreando vacas. Por esta razón, en la conferencia sobre minas AP que tuvo lugar en Tokio los días 6 y 7 de marzo de 1997, el CICR presentó un programa bastante completo de asistencia a las víctimas que conjuga medidas preventivas y de rehabilitación.

“Prestar una asistencia suficiente y mejor sigue siendo la principal preocupación del CICR ya que nuestras competencias se centran en este campo. Pero también necesitamos la cooperación de otras entidades, a fin de
minimizar el sufrimiento que inevitablemente provocarán las minas en los próximos 20 ó 30 años”, señala el Dr. Coupland.

Un elemento fundamental de la propuesta es la creación de sistemas de información sobre las minas en todos aquellos países donde se han diseminado cantidades ingentes de estos artefactos. La centralización de la información permitirá mejorar el tratamiento de las víctimas y prestar asistencia a un mayor número de ellas. Además, los datos estadísticos servirán para orientar con mayor precisión las tareas de remoción y afinar los programas de sensibilización.

“Hay quienes sostienen que la campaña para la prohibición se ha llevado a cabo en detrimento de la atención a las víctimas, lo que no es cierto”, dice la Sra. Dorais-Slakmon. “Nos hemos esforzado por no despersonalizarlas, resaltando su experiencia a lo largo de toda la campaña. Antes se las consideraba simples bajas de guerra; ahora, en cambio, se reconoce que son pacientes que requieren un tratamiento especial y que tienen necesidades a largo plazo”.

Aun cuando la campaña puede haber hecho comprender a la opinión pública la necesidad de brindar asistencia a las víctimas de las minas, para el CICR el tratamiento de esas personas sigue siendo una de las tareas más exigentes. A partir de 1991, se han registrado en la base de datos quirúrgicos más de 26.000 pacientes atendidos en cinco hospitales de la Institución. Según estos datos, 27 por ciento son víctimas de minas y en su gran mayoría no combatientes. El CICR lleva a cabo 19 programas ortopédicos en ocho países afectados por las minas. Otros 26 programas en 16 países se han transferido a otras entidades, pero a todos se les sigue prestando apoyo técnico y material. Desde 1979 hasta la fecha, el CICR ha fabricado más de 100.000 miembros artificiales para 80.000 personas amputadas.

El 6 de junio, lanzó un llamamiento de fondos para seguir prestando asistencia a las víctimas de las minas, y hacerlo mejor. Pese a los esmerados esfuerzos del Movimiento y de otras organizaciones humanitarias, aún hay muchos heridos y mutilados por minas librados a su propia suerte, lo que supone una carga suplementaria para familias y comunidades cuyos escasos recursos se han utilizado al máximo.

Para los millones de civiles inocentes que viven en zonas minadas y que a diario corren el riesgo de morir o quedar mutilados, así como para los cientos de miles de mutilados por minas en todo el mundo, la prohibición total de las minas AP será tan solo el principio del fin.

 

Canadá: La union hace la fuerza

Al preguntarle qué siente ahora que su gobierno literalmente se ha hecho cargo de la campaña contra las minas terrestres, David Pardoe de la Cruz Roja Canadiense sonríe satisfecho: “Ha sido formidable, maravilloso. No es muy frecuente que un gobierno se comporte como debería en cuestiones humanitarias. De hecho, no siempre han apoyado la prohibición”.

La Cruz Roja Canadiense lanzó su campaña nacional contra las minas terrestres al mismo tiempo que el CICR hizo lo propio a escala internacional. Chris Giannou, cirujano de guerra canadiense, dio el impulso a la campaña con una serie de presentaciones sobre el tema. Apenas dos meses más tarde, el 17 de enero, el gobierno canadiense declaró una suspensión completa y unilateral de la producción, exportación y uso operacional de las minas AP. Habiendo logrado sus objetivos a escala nacional, la Cruz Roja Canadiense se ocupó de promover una mayor asistencia a las víctimas de las minas terrestres y a las operaciones de remoción de minas.

El 3 de mayo de 1996, en la sesión de clausura de la Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, el gobierno canadiense asumió un papel de liderazgo, invitando a los Estados a congregarse en Ottawa para tratar la futura estrategia con miras a obtener la prohibición. A la conferencia, celebrada en octubre, asistieron representantes de los 50 Estados que ya apoyaban la prohibición, de 24 Estados que participaban en calidad de observadores y de ocho organizaciones y organismos internacionales. Los 50 Estados mencionados firmaron una declaración en la que se comprometen a tratar de concertar a la mayor brevedad un acuerdo jurídicamente vinculante destinado a prohibir la producción, almacenamiento, transferencia y uso de las minas AP, y a incrementar la ayuda a los programas de sensibilización sobre el problema, a las operaciones de remoción de las minas y a la asistencia a las víctimas. Los participantes acordaron reunirse nuevamente en Ottawa, en diciembre de 1997, para firmar un tratado.

La Cruz Roja Canadiense ha colaborado estrechamente con el gobierno de su país, entregándole información y lineamientos generales, pero manteniéndose al margen de cuestiones de política exterior.

“En el último año, nuestra principal preocupación ha sido avanzar al mismo ritmo que el gobierno”, dice el Sr. Pardoe.

     

Mary-Anne Andersen
Encargada de enlace de la Unidad de Minas, del CICR, enviada en misión de servicio por la Cruz Roja Danesa.

Publicaciones sobre el problema de las minas en página 26.

* Incluidos los Estados que firmaron una declaración en Bruselas, en junio de 1997.



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