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Tribuna libre

 

¿Cómo garantizar
que se respeten
las normas
de la guerra?

En los dos últimos decenios la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) ha corrido suertes diversas.

La creación de instituciones internacionales para hacer cumplir el concepto de responsabilidad penal individual para los crímenes de guerra —desde los tribunales especiales para Ruanda y ex Yugoslavia hasta los tribunales especiales para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional— suscitó nuevas expectativas a fines de los noventa con respecto a una nueva era en la aplicación del derecho de la guerra.

El optimismo se desvaneció un poco con la respuesta internacional ante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El rechazo que éstos generaron a normas fundamentales como la prohibición absoluta de la tortura constituyó sin duda un revés en la aplicación del DIH, como también lo fue el cuestionamiento de arraigados principios del derecho de la guerra, entre ellos la distinción entre civiles y combatientes y el requisito de proporcionalidad en la respuesta militar.

Hubo quienes sostuvieron que en el contexto de la lucha contra el terrorismo y la guerra asimétrica las normas tradicionales de la guerra, destinadas inicialmente a regir los conflictos entre Estados, habían quedado obsoletas. Uno de los ejemplos más palmarios durante el decenio pasado ocurrió en los últimos meses de la guerra civil que soportó Sri Lanka en 2009, cuando los esfuerzos gubernamentales tendentes a acabar de una vez por todas con los rebeldes tamiles llevó al ejército a lanzar bombardeos indiscriminados en tal escala que decenas de miles de civiles resultaron muertos.

Sin embargo, en el decenio pasado no sólo hubo reveses. Por paradójico que parezca, la vulneración del derecho nos hizo tomar más conciencia de su existencia y se ha llegado a un mayor conocimiento de las disposiciones del DIH y de sus requisitos tanto en los círculos militares como entre los dirigentes políticos y el público en general. En algunos contextos, se han desplegado crecientes esfuerzos para lograr un mejor cumplimiento.

El camino a seguir debe fundarse en estos logros y apuntar a que se alcance un consenso respecto de las normas. Al haber consenso la observancia es voluntaria, lo que es un método de aplicación mucho más eficaz que la coacción. El CICR desempeña un papel preponderante en la preservación de la integridad de las normas del humanitarismo, así como en su modernización. Los actores de la sociedad civil y del círculo académico participan cada vez más en los debates.

Sería necesario hacer un empeño para mejorar la eficacia de los mecanismos destinados a hacer cumplir las normas, por ejemplo renovando las gestiones para que la Corte Penal Internacional se convierta en un órgano verdaderamente universal. La eficacia de la CPI reside en su legitimidad, lo que es difícil de alcanzar en un entorno de politización y doble rasero.

Se han hecho también atinados llamamientos en favor del establecimiento de un órgano de supervisión universal. La idea, expresada entre otros por Charli Carpenter, autor estadounidense y profesor asociado de ciencias políticas,  sería establecer una institución que hiciera por el DIH lo que la Agencia Internacional de Energía Atómica hace por la no proliferación y la Organización Mundial de la Salud hace por las normas médicas: proporcionar una autoridad independiente para investigar denuncias de violaciones del DIH sobre el terreno. Esto podría servir para concentrar y profesionalizar las iniciativas relacionadas con la investigación que han abundado en los últimos años, a veces con un efecto insuficiente.

El objetivo último debe ser, desde luego, la prevención de los conflictos armados. El compromiso político, la presencia humanitaria y la protección de los derechos humanos son todos factores que desempeñan un papel en la reducción de las consecuencias letales de la guerra. Pero mientras se recurra a la guerra, apostar a la aplicación de normas de alcance universal sobre la conducción de los combates seguirá siendo fundamental.

Louise Arbour
Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex jueza de la Corte Suprema de Canadá, ex fiscal principal en los tribunales penales internacionales tanto de la ex Yugoslavia como de Ruanda. Desempeña ahora el cargo de presidenta del Grupo Internacional de Crisis, www.crisisgroup.org


Fotografía: ©Naciones Unidas /Jean-Marc Ferre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por paradójico
que parezca,
la vulneración
del derecho
internacional
humanitario en
la última década
hizo que muchos
dirigentes y
funcionarios
oficiales tomaran
más conciencia
de su importancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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