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“Old Bilibid”

 

En Filipinas, el CICR tiene por objetivo mejorar las condiciones de detención a través de la reforma del sistema judicial, la mejora de la atención de salud y el restablecimiento del contacto entre familiares, servicio a cargo de la Cruz Roja de Filipinas.

En un deteriorado edificio del siglo XIX, construido originalmente por los gobernantes coloniales españoles en el corazón de la capital filipina, Manila, cerca de 4.000 reclusos varones se amontonan en un espacio diseñado para 1.800 personas. Enclavada entre los centros comerciales y una estación de metro, la prisión de “Old Bilibid”, que significa simplemente “antigua cárcel”, es el principal centro de detención de Manila.

En uno de los 14 dormitorios, cuyas paredes de concreto están cubiertas por un techo de chapa corrugada, la coordinadora adjunta de protección, Kirsty Macdonald, hace una visita a Ruben*, un detenido de seguridad (designación dada a las personas imputadas por delitos relacionados con los conflictos internos del país), que lleva en la cárcel más de cuatro años y que sigue en espera de un juicio.

En los dormitorios se han improvisado unos compartimentos construidos con madera contrachapada y cartón. El hacinamiento es tal que solo algunos presos tienen acceso a ellos, por lo general los que tienen cierto poder o dinero.

Ruben durmió en el suelo de uno de los pasillos durante dos años y solo recientemente logró ahorrar suficiente dinero para comprar su propio compartimento, donde apenas le cabe el colchón.

“Lo peor”, explica Macdonald, “es que la cárcel está construida en una zona baja, así que cada vez que llueve, se inundan los dormitorios”. Los reclusos que gozan de cierto poder o tienen dinero consiguen compartimentos en el piso superior, pero otros, como Ruben, no tienen otra opción que estar en la planta baja y a menudo les toca lidiar contra el agua que empapa colchones y ropa.

La visita a Ruben es un ejemplo de las actividades habituales que lleva a cabo el CICR en favor de los detenidos en todo el mundo. Los delegados le hacen preguntas sobre sus condiciones de vida, los contactos que tiene con su familia y el progreso de su proceso ante los tribunales, tema respecto del cual Ruben se siente cada vez más frustrado.

Llamado a la acción

Sin embargo, las actividades de Macdonald no concluyen con la visita a Ruben, pues en los últimos años el CICR ha ampliado su campo de acción y emprendido una ambiciosa y amplia iniciativa titulada “Llamado a la acción”. La idea es sencilla: mejorar las condiciones de vida en las cárceles filipinas y ayudar a agilizar los procedimientos judiciales para que los detenidos no tengan que esperar años antes de que se pronuncie un fallo.

Pero es una tarea compleja y desalentadora. Hoy Macdonald también se reunirá con el director de la cárcel, Ruel Rivera, para hablar sobre la instalación de un sistema de drenaje que permita reducir las inundaciones y abordar luego un tema mucho más delicado: el tiempo durante el cual los reclusos permanecen en “Old Bilibid”.

Las estadísticas son asombrosas. De 3.986 detenidos, solo 210 han sido procesados y condenados. Los otros siguen esperando la vista o la conclusión de su causa. Un hombre lleva allí 17 años y aún no ha recibido la sentencia. Por lo general, los tiempos de espera pueden variar de cinco a diez años.

Los retrasos son una fuente de frustración no sólo para los internos, sino también para el director Rivera, que debe manejar una cárcel superpoblada, simplemente porque el sistema judicial es lento e intrincado.

Las causas pasan de mano en mano: policía, fiscales, tribunales y vuelta a empezar. Algunos funcionarios a veces hasta desconocen el tiempo que la persona lleva detenida y todos se sienten abrumados por la desmedida acumulación de causas. Por ello, el CICR, junto con funcionarios penitenciarios y jueces, también está trabajando en un grupo destinado a identificar a los detenidos con más años de cárcel y tratar de que sus procesos no se demoren tanto. “A veces”, dice Macdonald, “lo que falta es solo un documento que debe llevarse al tribunal competente”.

Un día en el tribunal

Ese día, el objetivo de Macdonald es ayudar a encontrar algunas soluciones en este complejo sistema jurídico nacional. Después de la visita a la cárcel, se dirige a la oficina de la jueza Marlo Magdoza-Malagar, que se encarga de coordinar los tribunales metropolitanos de Manila y quizás tenga la posibilidad de acelerar algunos de los procesos más lentos.

Apenas entró en la oficina de la jueza situada en la alcaldía de Manila, a la delegada le quedaron claras las dificultades que enfrenta la jueza. En la sala contigua a su oficina, varios empleados auxiliares están sentados en unos escritorios estrechos detrás de una gran cantidad de papeles apilados. Un par de computadoras anticuadas no parecen adecuarse al trabajo con tal cantidad de expedientes.

En la oficina misma de la jueza Malagar, el panorama es similar. Es un espacio pequeño sin ventanas, donde no hay un centímetro cuadrado que no tenga expedientes. Sin embargo, la jueza se siente optimista. Después de ponerse en contacto con varios tribunales de Manila, sobre todo para agilizar los procesos más lentos, señala que varios de ellos le respondieron el mismo día; ella cree que es un excelente progreso.

“Debemos cooperar si no no avanzamos”, dice Malagar, una acérrima defensora del llamado a la acción. “Estamos hablando de una reforma total del sistema [judicial], así que la tarea es enorme”.

“Mi marido se está poniendo viejo”

En otra zona de Manila, en la sede de la Cruz Roja de Filipinas, los familiares de los detenidos buscan apoyo emocional y económico tras años de espera.

Aquí las madres pueden hablar con los consejeros sobre las dificultades de arreglárselas solas y pueden recibir apoyo económico para pagar los viajes a menudo largos hasta las cárceles donde sus esposos, hijos o hermanas se encuentran detenidos.

Entre los que se reunieron en el edificio de la Cruz Roja figura Ami*, una mujer con siete hijos, cuyo marido lleva 12 años detenido. El hijo menor de Ami nació cuando su padre estaba encarcelado y todos sus hijos, dice, “siempre me preguntan cuándo lo van a liberar”.

Con la ayuda de la Cruz Roja de Filipinas y el apoyo del CICR, Ami se las arregla para visitar a su marido cuatro veces al año; un largo viaje que le lleva un día entero.

La mujer llora mientras pregunta si hay algo nuevo sobre su caso. Ella, como tantos otros familiares de detenidos, ha recibido escasa información de las autoridades y, a pesar de que ha oído que el juicio de su marido ha finalizado, ni ella ni su marido han sabido nada acerca de un veredicto o una fecha de liberación.

“Nos contamos anécdotas”, dice de sus visitas a su esposo, “y yo le doy noticias de los niños”.

“Pero”, continúa con cansancio, “mi marido se está poniendo viejo”.

Imogen Foulkes
Corresponsal de las Naciones Unidas para la BBC en Ginebra, Suiza.
*Nombre ficticio.

 


En la sección de los hombres de la vieja cárcel de Manila, cerca de 4.000 presos viven en un espacio destinado a 1.800 personas.
Fotografía: ©L. Piojo/CICR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Debemos cooperar si no no avanzamos. Estamos hablando de una reforma total del sistema [judicial],
así que la tarea es enorme”.

Marlo Magdoza- Malagar
, jueza del Tribunal Metropolitano de Manila.

 

 

 

 

 

 

 

 

Una misión que va evolucionando

Este método holístico para propiciar condiciones carcelarias más humanas para todos los detenidos es tan solo un ejemplo de cómo ha ido evolucionando el enfoque del CICR a lo largo de las décadas.

La Institución comenzó las visitas a detenidos e internados civiles hace casi 100 años y su derecho de visitar a los detenidos durante los conflictos armados fue reconocido oficialmente en los Convenios de Ginebra de 1949.

Tras los conflictos de poder acaecidos durante la Guerra Fría, la índole de la guerra cambió, lo que trajo consigo un aumento cada vez mayor de los conflictos internos o no internacionales, y los delegados del CICR tuvieron que visitar cada vez con más frecuencia a personas detenidas por razones de seguridad que compartían el mismo espacio que los presos acusados de delitos de derecho común.

En Filipinas, por ejemplo, donde el CICR comenzó a trabajar hace más de 50 años, su principal cometido era visitar a los detenidos acusados de participar en los conflictos internos que se han librado en el país. Medio siglo después, esta labor sigue siendo uno de los mayores esfuerzos que despliega el CICR en el país, donde visita a unas 700 personas detenidas por razones de seguridad y presta apoyo a sus familias.

Debido a que estos detenidos por razones de seguridad se encuentran en las cárceles civiles, donde un cálculo moderado sitúa a la población carcelaria total en 130.000 presos, resultó rápidamente evidente que el CICR tenía que ocuparse también de la población carcelaria en general.

“Íbamos a visitar a cinco o seis detenidos de seguridad en una cárcel con una población de 4.000 reclusos”, explica el coordinador de protección del CICR, Sébastien Bourgoin “y nos dimos cuenta de las condiciones espantosas que tenía que soportar todo el mundo, sin importar los motivos de su detención”.

 

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