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De puño y letra

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¿Por qué el CICR ayudó a construir prisiones en Ruanda?

En 1995, el CICR tomó una decisión extraordinaria y sin precedentes. Al conocer las espantosas condiciones de detención en que se encontraban millares de detenidos en relación con el genocidio se ofreció para ayudar a las autoridades a edificar instalaciones donde acoger al número creciente de prisioneros, medida que puede prestarse a malentendidos. Cruz Roja, Media Luna Roja pidió al delegado general del CICR para África que explicara esta decisión.

A fines de 1994, millares de detenidos se hacinaban en las cárceles de Ruanda, que según las autoridades tenían capacidad para unos 10.000 reclusos. Meses más tarde, la población penitenciaria había alcanzado la cifra de 60.000 y proseguían las detenciones.

A los detenidos se les acusaba de haber participado en el genocidio. El número extraordinario de detenidos se explicaba en parte en el hecho de que la población civil había participado en las matanzas. Pero también es cierto que el genocidio ha creado un clima de desconfianza generalizado: una buena parte de quienes se encuentran en la cárcel fueron detenidos a partir de una denuncia. A fines de 1995, ninguno de ellos había sido procesada. A largo plazo, la única solución al problema del hacinamiento en las cárceles consiste en restaurar el sistema judicial, llevar adelante los procesos, condenar a los culpables y liberar a los inocentes. Sin embargo, habida cuenta de la enorme cantidad de acusados y de las dificultades que supone llevar a cabo la instrucción de cada caso, ello implicaría decenios de trabajo, incluso tratándose del aparato judicial más competente del mundo.

En los primeros meses de 1995, centenares de presos murieron a raíz de las abominables condiciones sanitarias de los centros de detención y de una alimentación y atención médica deficientes que a su vez obedecían al hacinamiento y la falta de recursos materiales. La situación escapaba por completo las autoridades penitenciarias. Rápidamente quedó claro que la reforma del sistema judicial no era una solución inmediata. Había que tomar medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención.

Todo ello obligó a nuestra institución a emprender la mayor operación de su historia en favor de detenidos civiles. La labor tradicional del CICR consiste en visitar los lugares de detención, detectar los problemas relativos a las condiciones de detención y al trato que se reserva a los reclusos, y presentar recomendaciones a las autoridades sobre las mejoras que se deben efectuar y la manera de llevarlas a cabo. En principio, el CICR no se involucra directamente en la intendencia de las cárceles para no suplantar funciones que incumben a las autoridades, ya que de hacerlo, perdería su estatuto de intermediario neutral entre dichas autoridades y los prisioneros. En Ruanda, habiendo cuenta de la gravedad de la situación, el CICR rebasó ese límite y asumió la responsabilidad de participar activamente en los esfuerzos por asegurar la supervivencia de los detenidos.

Se comenzó por reparar y ampliar las instalaciones sanitarias en las cárceles existentes, y suministrar provisiones esenciales y atención médica a los detenidos. En colaboración con una comisión interministerial del gobierno de Ruanda y las instituciones especializadas de las Naciones Unidas presentes en el país, contribuyó a equipar las celdas, cocinas y dependencias sanitarias y médicas en seis centros de detención temporarios con capacidad para unos 10.000 detenidos. El CICR comenzará a transferir progresivamente a las autoridades ruandesas todas las tareas penitenciarias que normalmente le incumben.

El procesamiento de los implicados en el genocidio es una cuestión esencial, a la que hay que atender si se quiere que los distintos componentes de la sociedad ruandesa puedan volver a convivir. A tales efectos, es indispensable que las autoridades de Ruanda y la comunidad internacional encuentren soluciones justas y realistas a la cuestión.

Jean-Daniel Tauxe
Delegado general del CICR para África



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