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Entrevista

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Marco Sassoli

En La Haya, Holanda, y en Arusha, Tanzania, se han constituido tribunales penales internacionales que investigan las atrocidades cometidas en ex Yugoslavia y Ruanda. ¿Qué significan estos juicios para el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?

¿Cuál es el cometido de estos tribunales?

El enjuiciamiento de criminales de guerra por un tribunal internacional deja claramente establecido que hay actos prohibidos, incluso en tiempo de guerra. Ello es importante, pues sin castigo, no hay ley que pueda surtir efecto. Quienes se sientan tentados de cometer crímenes de guerra tal vez lo piensen dos veces antes de pasar al acto, pues saben que un día quizá tengan que responder ante los tribunales.

 

 

¿Por qué los hay tan solo en relación con ex Yugoslavia y Ruanda?

El concepto de tribunal penal internacional remonta a los procesos de Nüremberg y de Tokio, después de la segunda guerra mundial. El fin de la guerra fría ofreció nuevamente la posibilidad de constituir tribunales para juzgar crímenes de guerra, lo que se concretizó en relación a ex Yugoslavia, habida cuenta de los crímenes tan atroces cometidos allí y de la presión de la opinión pública. En 1994, cuando se perpetró el genocidio en Ruanda, los Estados se sintieron moralmente obligados a cons-tituir un tribunal análogo.

¿Cuán eficientes pueden ser?

Es evidente que los tribunales sólo pueden conocer un mínimo de lo ocurrido. El tribunal encargado de juzgar los crímenes en ex Yugoslavia recién pudo comenzar a inculpar a los sospechosos 4 años después de iniciadas las hostilidades. En Ruanda, murieron más de 500.000 personas y en el mejor de los casos, el tribunal logrará procesar a unos 200 o 300 implicados.

Aun así, estos tribunales han contribuido a reforzar la credibilidad del derecho internacional humanitario, ya que por primera vez en 50 años, organismos internacionales han sometido a proceso a personas acusadas de infringirlo y se ha ordenado la detención de algunos dirigentes.

 
 

¿El CICR puede testimoniar en los juicios?

Únicamente tratándose de informaciones que ya se hayan hecho públicas. El CICR debe poder llegar a quien sufre y negociar con las autoridades. Ningún beligerante va a autorizar el acceso a las víctimas ni va a entablar negociaciones si teme que un día se le acuse y las informaciones obtenidas con carácter confidencial se entreguen a los tribunales. Este impedi-mento engloba también a la Federación y a las Sociedades Nacionales porque si sus miembros prestaran declaración o entregasen pruebas pondrían en entredicho su labor y la nuestra, suscitando desconfianza y hostilidad contra todo el Movimiento.

¿Respalda el CICR la idea de un tribunal penal internacional permanente?

Por supuesto. Si el DIH se aplicara como corresponde, los tribunales nacionales juzgarían los crímenes de guerra pero muchos Estados no cuentan con los instrumentos jurídicos necesarios, de ahí la necesidad de cons-tituirlos.

Los cínicos dirán que los tribunales especiales se crearon porque los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sabían muy bien que sus ciudadanos nunca serían procesados por ellos. Cabe señalar que la Asamblea General de la ONU está barajando la posibilidad de establecer un tribunal penal permanente que no dependa de las decisiones del Consejo de Seguridad. Los resultados de las deliberaciones demostrarán si estos tribunales han sido o no un intento frustrado. Esperamos sinceramente que no lo sean.

 


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