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En espera del veredicto

por Jean-François Berger

Lentamente se va volviendo a la normalidad en Rwanda aunque se siguen sintiendo las secuelas de la guerra y del genocidio de 1994. En las cárceles, el CICR prosigue sus ingentes esfuerzos y se moviliza para prevenir la propagación del VIH/SIDA.

A comienzos del año, languidecían en cárceles y calabozos de Rwanda más de cien mil detenidos, de los cuales la mayoría están acusados de participación en el genocidio de 1994, que en tres meses de frenesí mortífero costó la vida a cerca de un millón de tutsis y hutus moderados. Como dice una rwandesa de Kigali, "el genocidio equivale a tres 11 de septiembre por día durante tres meses...". La mayor parte de aquéllos están en prisión desde hace ocho años en espera de un juicio, viviendo en condiciones de hacinamiento inconcebibles, aunque desde mediados de enero de 2003 miles de ancianos, enfermos y menores fueron liberados por decreto del gobierno.

 


Cárcel central de Kigali.

Frenar la hecatombe

Para comprender mejor la situación de esos presos, es indispensable retroceder en el tiempo. Cuando se puso fin al genocidio en julio de 1994, las cárceles empezaron a llenarse a un ritmo desenfrenado con personas presuntamente culpables de haber perpetrado las masacres. "Si esas personas no hubieran sido encarceladas después de esta terrible tragedia, habrían sido objeto de represalias mortales en las colinas", recuerda Jean-François Sangsue que se encontraba entonces en Rwanda y es actualmente jefe de actividades operacionales del CICR para los Grandes Lagos. Pero la situación se tornó rápidamente en catástrofe, pues en las cárceles faltaba de todo: espacio, agua corriente, infraestructuras sanitarias, atención médica, alimentos, personal, fondos para el mantenimiento. En muy poco tiempo, la mortalidad cobró proporciones alarmantes. En 1995, los delegados del CICR comprobaron la aparición de edemas en los miembros inferiores de los detenidos debido a la falta de movilidad.

Confrontado cotidianamente con problemas vitales, el CICR decidió hacerse cargo, como nunca antes en su historia, de miles de presos. "Mantener con vida a los detenidos que esperan juicio" fue la consigna. Ante la incapacidad de hecho de las autoridades para prestar servicios penitenciarios esenciales, el CICR fue sustituyendo gradualmente a las autoridades para establecer, con la ayuda de los presos, los sistemas de agua, higiene y salud preventiva y curativa, y ocuparse del aprovisionamiento de víveres y la supervisión nutricional.

A pesar de las ingentes necesidades que aún subsisten, se ha logrado superar la situación de emergencia gracias a la responsabilidad cada vez mayor asumida por las autoridades rwandesas, que suministran ahora el 50% de los alimentos, y a la acción paliativa del CICR.

Años de espera

¿Cómo han logrado los detenidos soportar todos estos años de espera sin juicio en un espacio tan exiguo? La sociedad rwandesa está muy bien organizada y en las cárceles se aplica exactamente la misma organización. Cada cual tiene su papel, y esto es sin duda lo que les ayuda a aguantar", observa Samuel Emonet, coordinador adjunto de detención.

Basta con entrar en la prisión central de Nsinda —situada a unos 80 km al noreste de Kigali— para comprender mejor lo dicho por Samuel. Aquí los detenidos llevan casi todos el mismo uniforme rosado que es el distintivo de los acusados de genocidio. Su vitalidad salta a la vista: miles de presos están atareados cocinando, reparando zapatos, haciendo trabajos de carpintería, mientras otros vuelven de los campos vecinos con carretillas. Acompañada del detenido encargado de la higiene de la prisión, Diana Couffeau, enfermera del CICR, se abre paso entre la multitud para participar en el curso piloto de sensibilización respecto al VIH/SIDA. En un rincón al resguardo de la intemperie, en el que se ha colocado una pizarra, se apiñan unos treinta detenidos de 15 a 20 años. El educador recientemente capacitado hace hincapié en los síntomas de las diferentes enfermedades de transmisión sexual antes de dar a conocer el mensaje de prevención centrado en la higiene básica y el riesgode las prácticas homosexuales sin protección. La concurrencia escucha atenta. Cabe señalar que estos cursos elaborados por el CICR y la ONG africana Society for Women and AIDS in Africa constituyen una tabla de salvación para esos presos, que luego tienen la posibilidad de someterse al examen médico correspondiente, si lo desean. "La reciente inclusión de los presos como categoría de riesgo en los programas de lucha contra el SIDA en Rwanda ya es un progreso en sí mismo, pero aún queda mucho por hacer", subraya Diana Couffeau, que comprueba que si los detenidos aceptan el examen médico, "es principalemente por el deseo de tener hijos después de la detención". De manera más general y, a falta de cifras oficiales sobre la incidencia del SIDA en Rwanda, los expertos calculan que la tasa probable de infección por el VIH es del 11% de la población.

 

La violación como arma de guerra

Jamás se conocerá el número exacto de víctimas del genocidio rwandés: 500.000 según Human Rights Watch, de 800.000 a un millón según las Naciones Unidas. De esta tragedia surge hoy otra forma de atrocidad: la violación. En un informe de las Naciones Unidas se concluye que unas 250.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio, de las cuales gran parte fueron ejecutadas inmediatamente después de ser violadas. Entre las sobrevivientes, se calcula que unas 15.000 quedaron embarazadas, de las cuales más del 70% son hoy seropositivas según un estudio de Save th Children.

La utilización del VIH como arma de guerra contra las mujeres ha llevado al Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) a considerar la violación como un acto de genocidio, opinión que comparten los tribunales de la gacaca. Desde hace algunos meses, el TPIR de Arusha inició el proceso contra Pauline Nyiramasuhuko, ex ministra de la Familia y la Mujer del Gobierno rwandés en 1994. Es la primera mujer acusada de incitación a la violación en masa, acto considerado hoy crimen contra la humanidad.

 

Gacaca y liberaciones

A largo plazo, el mantenimiento de detenidos en prisión constituirá un verdadero lastre para la estabilidad del país, pues ello repercute en el funcionamiento de toda la sociedad rwandesa, empezando por la economía que es esencialmente agrícola. Ahora bien, ¿cómo superar esta terrible situación? Deseoso de alentar a los rwandeses a mirar hacia el futuro, el gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional, decidió recurrir al sistema de justicia tradicional llamado gacaca, literalmente "hierba pequeña", a fin de pronunciarse sobre la suerte de los detenidos que siguen en prisión.

La gacaca consiste concretamente en formar en las colinas tribunales de carácter consuetudinario integrados por jurados populares que son "hombres probos", designados localmente, cuyo cometido es establecer los hechos, instruir cada caso y dictar sentencias. Las sentencias varían según las categorías en las que entren los inculpados, a saber: los planificadores del genocidio y los autores de violaciones sexuales (que serán jugados por un tribunal convencional), los autores de homicidios voluntarios (que representan la mayoría de los acusados), los autores de atentados graves contra la persona y, por último, los autores de delitos contra la propiedad. Situada entre la justicia clásica y la justicia tradicional, la gacaca intenta inducir a confesar y a pedir perdón, condiciones previas para la promesa de indulto. Para Graciela López Marclay, coordinadora de detención del CICR, "la gacaca se asemeja a una catarsis nacional que tiene como objetivo reconstruir el tejido nacional rwandés".

Los especialistas opinan que se necesitarán por lo menos dos o tres años de trabajo para llevar a término la operación de los juicios. Sin embargo, cabe destacar que numerosos acusados se muestran reacios a participar en la gacaca debido a que los crímenes cometidos por el Frente Patriótico Rwandés (FPR) tras el genocidio no son de la incumbencia de los tribunales de la gacaca. Con todo, este medio de justicia tradicional despierta tanto esperanzas —de liberación para muchos inculpados y sus familias— como escepticismo entre los sobrevivientes que temen el retorno de los autores del genocidio. Este sentimiento es aún más palpable tras el decreto presidencial del 3 de enero de 2003, que prevé la libertad condicional de los detenidos que corren el riesgo de estar en prisión durante períodos más largos que la pena impuesta por la ley. Un tercio de los presos, es decir unos 30.000 detenidos, deberían ser liberados condicionalmente. La historia dirá si se trata de un simple correctivo legal o de un primer paso hacia una amnistía.

Jean-François Berger
Redactor CICR de Cruz Roja, Media Luna Roja.

 


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