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Justicia internacional para todos

por Kim Gordon-Bates

El 11 de marzo de 2003, tuvo lugar en La Haya la sesión inaugural de la Corte Penal Internacional. Establecida por un tratado internacional, esta institución permanente complementará a los tribunales nacionales que no pueden o no quieren enjuiciar a quienes cometen actos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad

Es un tanto extraño buscar la solución a uno de los problemas mundiales más delicados en un barrio de La Haya, donde abundan las tiendas y los estacionamientos. En 2007, la Corte Penal Internacional (CPI) habrá encontrado una ubicación permanente más digna en un barrio residencial de la capital holandesa. Entre tanto, un edificio anodino alberga temporalmente el impresionante legado de historia jurídica, desde Nuremberg, Tokio, Arusha y La Haya.

El 10 de marzo de 2003, los primeros 18 jueces de la CPI (11 hombres y 7 mujeres), elegidos por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, tratado que da autoridad a la CPI, prestaron juramento ante la Reina Beatriz de los Países Bajos en presencia de numerosos dignatarios de todo el mundo. Representó al CICR su presidente, Jakob Kellenberger. El acto, que tuvo lugar mientras se preparaba otra guerra internacional y tras varios sangrientos conflictos recientes, fue celebrado por la comunidad internacional, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos. Las naciones que no figuraron en la lista de los 89 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma o de los 139 que lo firmaron inicialmente, deben de haberse sentido muy aislados.

Pese a las grandes festividades inaugurales, la Corte desea que se moderen las expectativas. Según Morten Bergsmo, asesor jurídico principal de la Fiscalía, el advenimiento de la CPI "no es un salto sorprendente, sino más bien la continuación de un impulso dado a la justicia internacional a comienzos de los años noventa".

La circunspección se justifica dado que la CPI es, como lo reconoce ella misma, una red que actuará únicamente en los casos en que los países de que se trate no puedan o no quieran tramitar las denuncias pertinentes dentro de sus propias estructuras jurídicas. Sin embargo, diversos acontecimientos ocurridos recientemente, en Sierra Leona, Camboya y Timor-Leste por ejemplo, han mostrado que incluso los Estados profundamente afectados por un conflicto grave pueden hallar la voluntad y los medios para hacer comparecer ante la justicia a los acusados de crímenes de guerra. Los expertos jurídicos del CICR apoyan estas iniciativas locales asistiendo a las autoridades en la elaboración de leyes nacionales para proscribir los crímenes de guerra de conformidad con el principio de jurisdicción internacional.


Sarajevo, 1993. Dirigir Intencionalmente ataques contra bienes de carácter civil es n crimen de guerra imprescriptible.

 

Demandantes y perpetradores

El cometido de la CPI es intervenir cuando fracasan los esfuerzos locales por hacer justicia. Oficialmente en funciones desde julio de 2002 después que 60 países ratificaron el Estatuto de Roma, la CPI ha emprendido la parte seria de su labor. Al cabo de unos meses, se han recibido unas 200 "comunicaciones", como se denominan las denuncias. Aunque no hay indicación acerca de la índole de las denuncias, se dice que proceden principalmente de América Latina, África y Asia. El inmenso interés que despierta la CPI se debe, por lo menos en parte, al hecho de que cualquier persona que tenga una acusación grave, sea una persona, una asociación o un Estado que representa los intereses de los demandantes, puede tratar de incoar un proceso legal contra el presunto autor de un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o un acto de genocidio.

El proceso comienza cuando la Fiscalía de la CPI somete una denuncia a un meticuloso examen jurídico y fáctico y decide presentarla a la Sala de Cuestiones Preliminares. La CPI no podrá juzgar sobre todas las acusaciones que reciba, puntualiza Bergsmo "lo que queremos es agarrar a los que conciben el propósito criminal", en otras palabras, la CPI considera que es más conveniente perseguir a un general que a diez capitanes.

La Corte puede instar a los Estados Partes en el tratado a que ayuden a recopilar información sobre una causa. También puede realizar investigaciones por su cuenta. Pero no es porque un Estado se opone al juicio, que este se dejará de tramitar. "Los testigos son lo más importante", declara Bergsmo. La Corte no otorgará la exención de la acción judicial a un acusado dispuesto a cooperar, aunque esta cooperación se tendrá en cuenta cuando se dicte la sentencia.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, se podrá imponer a la persona declarada culpable "la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado" (artículo 77), pero lo más común será que la reclusión no exceda los 30 años. Cabe destacar también que la Corte tiene la facultad y la responsabilidad para decidir si una víctima tiene derecho a la reparación y, en tal caso, determinará en su decisión el alcance de la reparación debida.

Una formidable tarea por delante

El embajador Philippe Kirsch (Canadá) fue recientemente elegido presidente del grupo de jueces de la CPI. Es también miembro del grupo de asesores internacionales del CICR hasta agosto de 2003.

¿Podría describir brevemente el vínculo entre el Estatuto de Roma, la CPI
y el derecho internacional humanitario (DIH)?

Lo que el Estatuto de Roma añade a la normativa del DIH existente es que crea una institución permanente para la aplicación eficaz de ese derecho cuando los Estados no lo hacen. Esto crea el vínculo que faltaba entre el DIH y la responsabilidad penal individual para garantizar tanto el respeto efectivo del DIH como la solución eficaz a la impunidad por sus violaciones.

¿Cuál sería, en su opinión, el efecto más notable de la CPI en los meses o años venideros?

El efecto de la CPI se puede evaluar correctamente sólo desde la perspectiva de un historiador futuro. Lo que espero es que se vea que dicho efecto habrá reafirmado los principios de la justicia internacional e impedido asi violaciones contra esa justicia que de otro modo se hubieran cometido Sarajevo, 1993. Dirigir intencionalmente ataques contra bienes de carácter civil es un crimen de guerra imprescriptible.

Una advertencia convincente

Se han puesto muchas expectativas en el hecho de que con el tiempo la CPI sea una advertencia para los potenciales criminales y sirva para disuadir de manera convincente. En opinión de Bergsmo la CPI hará que se respete más el derecho internacional y contribuirá a restringir más la impunidad.

Aunque la CPI se funda en una amplia gama de normas de derecho aplicables — por ejemplo no se impone el requisito general de que debe prevalecer un contexto de conflicto armado para que el fiscal de la Corte examine un crimen contra la humanidad o incluso un acto de genocidio — es un hito esencial en el accidentado camino hacia la aplicación satisfactoria del derecho internacional. Según Louise Doswald-Beck, secretaria general de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, "es una clara subestimación decir que los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales influyeron en el Estatuto de Roma; éste está basado casi totalmente en ellos".

El CICR participó activamente en las negociaciones diplomáticas que condujeron a la aprobación del Estatuto de la CPI y acogió con satisfacción su entrada en vigor el año pasado. Su Servicio de Asesoramiento está también a disposición para ayudar a los Estados a incorporar las obligaciones dimanantes de la CPI al derecho nacional. En reconocimiento del cometido humanitario único que desempeña el CICR en situaciones de conflicto armado, en particular la necesidad de preservar el acceso a las víctimas en todo momento, en las Normas de Procedimiento y Prueba de la CPI se exime al personal del CICR de la obligación de testificar ante la Corte.

 

Kim Gordon-Bates
Redactor principal del CICR.

 


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