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Detrás de las rajas

En toda situación de conflicto o de violencia en un país, las personas son capturadas y detenidas y pueden ser víctimas de malos tratos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Durante decenios, el CICR se ha esforzado por visitar a los prisioneros y detenidos en las cárceles donde su acción puede aportar muchísimo.

Aveces la historia se hace en los lugares más inusitados. Hace unos años, la mayoría de nosotros difícilmente habría podido ubicar en un mapa la bahía de Guantánamo. Hoy la base naval estadounidense es conocida en el mundo entero como un lugar de detención de Estados Unidos. Lo mismo cabe decir de la prisión de Abu Ghraib, situada en la periferia de Bagdad, donde los abusos cometidos contra los detenidos iraquíes en manos de soldados estadounidenses causaron profunda indignación en todo el mundo. En lo que suele denominarse la «guerra mundial contra el terrorismo», la Bahía de Guantánamo y Abu Ghraib han pasado a ser importantes campos de batalla para la opinión pública mundial.

Estos dos lugares captaron también la atención del público sobre una actividad que ha forjado la identidad e imagen del CICR durante decenios: las visitas a los prisioneros de guerra y otros detenidos. Desde la I Guerra Mundial, el CICR ha visitado a combatientes y civiles detenidos durante la mayoría de los conflictos armados, así como en numerosas situaciones de tensión interna y agitación política. En 2004, los delegados del CICR vieron a más de 570.000 presos en distintos centros de detención en cerca de 80 países. Sin embargo, poco se sabe de estas visitas, principalmente porque el CICR casi nunca habla de lo que ve y escucha detrás de los muros de las prisiones.

Lo que motivó, en un principio, al CICR a visitar a los prisioneros de guerra durante la I Guerra Mundial fue la preocupación por su vulnerabilidad. Lejos de su hogar y con escasas salvaguardias jurídicas, los prisioneros de guerra estaban a merced de sus captores. Desde entonces se han ampliado considerablemente las normas para proteger a las personas detenidas en relación con conflictos armados, así como el acceso que el CICR tiene a ellas. No obstante, el mandato jurídico en el que se sustenta para sus visitas a los centros de detención es reducido. Si bien en los conflictos armados internacionales los Convenios de Ginebra otorgan explícitamente al CICR el derecho a visitar a los prisioneros de guerra y los detenidos civiles, en caso de guerra civil o en situación de violencia interna el CICR tiene sólo el derecho de solicitar el acceso a los detenidos, pero los gobiernos y otras partes en dichas situaciones no tienen la obligación de aceptarlo.

Sin embargo, muchas de las visitas que efectúa el CICR tienen lugar en situaciones de violencia, que ya no son guerras. «Las visitas dependen de las necesidades y la vulnerabilidad de los detenidos », explica Alain Aeschlimann, jefe de la División de Actividades de Protección del CICR. «Incluso en las situaciones de violencia que no son guerras las personas detenidas por motivos políticos o por su pertenencia a una determinada etnia a menudo están expuestas a abusos. El CICR interviene para garantizar que los detenidos sean tratados con humanidad y dignidad.» Cuando el poder judicial, los medios de comunicación, las ONG, los gobiernos extranjeros o las Naciones Unidas tienen poca influencia, el CICR es quizás la única institución que puede verificar lo que sucede en las prisiones.

 

 

 

 

 


Un grupo de detenidos esposados y con los ojos vendados son trasladados en una camioneta a un centro de detención tras su captura en Najaf, Iraq, 25 de febrero de 2005.
©REUTERS / Ali Abu Shish, Cortesíade www.alertnet.org

 

 

 

 

 

 


Noticias de casa. Un delegado del CICR distribuye mensajes de los familiares a los detenidos en la cárcel de Pokhara, Nepal.
©Jon Björgvinsson / CICR

Las Sociedades Nacionales y los migrantes detenidos

Algunas Sociedades Nacionales también realizan visitas a los detenidos como parte de su cometido humanitario, dedicándose sobre todo a satisfacer las necesidades específicas de los solicitantes de asilo y de los migrantes detenidos. La Cruz Roja Canadiense visita lugares de detención desde 1999 cuando se produjo la afluencia por mar a la parte occidental de Canadá de chinos en busca de refugio, que fueron detenidos. Voluntarios debidamente formados supervisan con regularidad la situación de los extranjeros detenidos según las leyes de inmigración canadienses. «Es un aspecto de nuestra labor humanitaria que reconoció el Gobierno canadiense en un acuerdo firmado en 2002», explica Johanna Hökeberg, responsable adjunta para asuntos de detención de la Cruz Roja Canadiense. «Estos detenidos son un grupo vulnerable que requiere protección». Como organización neutral e independiente, la Cruz Roja procura garantizar que los detenidos sean tratados de conformidad con el derecho canadiense y la normativa internacional (por ejemplo, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos).

En Australia la migración es una cuestión política particularmente controvertida y la política de detención obligatoria que practica el gobierno tiene dividida a la opinión pública. Durante las visitas periódicas que hacen a los centros de detención, los trabajadores de la Cruz Roja permiten a los detenidos comunicarse con su familia por medio de los mensajes de Cruz Roja, organizan actividades tales como clases de costura y de cocina y proporcionan ropa, tarjetas telefónicas y diarios en distintos idiomas. «Los detenidos ven nuestras visitas de manera muy positiva aun cuando el acuerdo que tenemos con el gobierno estipula claramente los límites de lo que podemos hacer», explica Hang Vo, ex refugiada vietnamita encargada de los servicios de refugiados y búsqueda de la Cruz Roja Australiana. «No nos ocupamos de las denuncias de abusos cometidos contra los detenidos ni abogamos públicamente en favor de ellos. Hay varias otras organizaciones que se encargan de ello.»

Al igual que el CICR, las Sociedades Nacionales australiana y canadiense han decidido realizar su labor en favor de los detenidos lejos de la atención de los medios de comunicación. Las conclusiones de sus visitas se examinan confidencialmente con las autoridades competentes. Existen también otras semejanzas con el CICR, asegura Peter Robinson, voluntario de la Cruz Roja Canadiense encargado de las visitas a los detenidos y ex delegado de detención del CICR en Ruanda, como las entrevistas sin testigos con los detenidos, una relación profesional y firme

Acceso directo

La cárcel tiene por función castigar y controlar y las personas allí detenidas están al margen de la sociedad. Diferentes normas se aplican en el entorno carcelario: las relaciones entre interrogadores, guardias y presos y entre los mismos presos se caracterizan a menudo por cierto grado de disciplina e incluso de violencia, sea ésta sancionada o no, más allá de lo que podría aceptarse en el mundo exterior. Las prisiones nunca son una prioridad en el presupuesto, lo cual plantea problemas en relación con las condiciones de detención. Para que la labor del CICR produzca un efecto, es necesario que la organización comprenda una serie de elementos, como quiénes detienen a las personas (en general el gobierno pero también grupos no estatales); dónde están encarceladas (el lugar puede ser desde centros de detención controlados por rebeldes hasta grandes establecimientos penitenciarios donde hay miles de presos), así como las normas que rigen la privación de libertad y los lugares de detención.

En la prisión, los delegados del CICR inspeccionan el recinto (celdas, retretes y cocinas) y registran los datos de los detenidos que se considera que pueden estar en peligro o de las personas particularmente vulnerables como los detenidos por razones de seguridad o los niños. Entrevistan a los reclusos en privado y hablan con los funcionarios encargados de la prisión para tener un cuadro completo de la situación. Asimismo, hacen lo necesario para que los detenidos se mantengan en contacto con sus familiares a través de los mensajes de Cruz Roja. Durante las visitas de seguimiento, los delegados del CICR también verifican el paradero de los detenidos cuyos datos se han registrado para impedir las desapariciones. También comprueban su situación judicial y si se respetan las garantías judiciales fundamentales.

Uno de los objetivos clave de las visitas del CICR es saber el trato que se dispensa a los detenidos desde su arresto y durante su cautiverio. Puesto que los malos tratos a los detenidos suelen infligirse de manera oculta, es muy raro que los delegados del CICR sean testigos de actos de tortura; la información la obtienen de boca de los mismos detenidos durante las entrevistas realizadas sin testigos. Al informar sobre los posibles malos tratos a los detenidos, el CICR no puede aportar pruebas totalmente fidedignas pero trata de suministrar información que sea suficientemente creíble para garantizar que las autoridades procedan a una investigación formal. El personal del CICR verifica cuidadosamente la información facilitada por los detenidos y los somete a un examen físico y psicológico para detectar síntomas de malos tratos. Aparte de las heridas físicas, la tortura puede dejar profundas huellas en la salud mental de los detenidos. Puede ocasionar confusión y desorientación, trastornos del sueño, regresiones, ansiedad, depresión y reacciones psicóticas. Por consiguiente, la participación del personal médico en las visitas del CICR resulta esencial. El personal médico pide a los detenidos que describan los síntomas que provocan los malos tratos; observan su comportamiento y apariencia y examinan su estado físico y mental. Según Jonathan Beynon, médico del CICR especialista en cuestiones de salud en el entorno carcelario, el análisis de estos resultados sirve para evaluar la credibilidad de las denuncias de un detenido. «Si un detenido dice que hace un mes lo quemaron con una barra de hierro, se supone que veré algún rastro de esas quemaduras», explica. «Sinembargo, cada vez con mayor frecuencia los perpetradores saben cómo evitar dejar rastros físicos y usan métodos de tortura psicológica. Pero la ausencia de marcas externas no significa que no se haya torturado a la persona. Los signos psicológicos pueden ser igualmente elocuentes.» Documentar los daños psicológicos causados por la tortura es una tarea particularmente compleja, ya que es necesario analizar los síntomas agudos y a largo plazo y relacionarlos con la posibilidad de que haya habido malos tratos.

 

 

 

 

 

 

 


En la institución de tratamiento especial para presos tuberculosos, Bakú, Azerbaiyán. La entrevista inicial y la final entre el personal del CICR y los responsables de la cárcel son etapas esenciales en las visitas a los centros de detención.
©CICR

Poner en alerta

Durante las visitas, los delegados también evalúan las condiciones de detención, centrándose en la calidad del alojamiento, la comida, las condiciones de higiene y saneamiento y el acceso a la atención médica. «En algunos lugares, los detenidos mueren de desnutrición», explica Nicolas Roggo, asesor en cuestiones de detención del CICR. Aunque el verdadero castigo de los detenidos es estar privado de su libertad, no de alimentos, agua o asistencia médica. Particularmente en los países pobres, el subdesarrollo y los escasos recursos, como la falta de personal de prisión debidamente formado, son con frecuencia la causa de los problemas observados. Pero a menudo también hay una falta real de voluntad política de mejorar las condiciones de detención puesto que ayudar a los detenidos no suele ser una prioridad.

Cuando el CICR comprueba que hay problemas, empieza por persuadir a las autoridades detenedoras de que asuman la responsabilidad de garantizar que las condiciones de detención se atengan a las normas mínimas necesarias. El CICR lanza así una primera alerta llamando la atención de las autoridades gubernamentales sobre un problema hasta entonces desatendido y ofrece la pericia y la formación necesarias para afrontarlo. Duncan McLaughlin, ex director de prisión en Irlanda del Norte, a quien le tocó ocuparse personalmente de los equipos de visita del CICR, piensa que esta intervención es fundamental: «Los sistemas penitenciarios no suelen cambiar por sí solos. Los directores de prisión dirán: ‘Siempre hemos hecho así’. Según mi experiencia, la presión externa suele contribuir a cambiar sustancialmente la situación».

Si las autoridades no toman disposiciones a tiempo para evitar los problemas humanitarios graves en la prisión, el CICR puede adoptar una postura más directa. En general, ello también redunda en beneficio de los detenidos de derecho común que, aunque sus datos no son registrados por el CICR, también soportan las condiciones de vida deficientes en el medio carcelario. Uno de los programas de asistencia más importantes que haya llevado a cabo el CICR en favor de los detenidos tuvo lugar en Ruanda tras el genocidio de 1994, cuando las prisiones del país fueron abarrotadas con decenas de miles de sospechosos y el hacinamiento era tal que muchos ni siquiera tenían espacio suficiente para sentarse. En circunstancias tan excepcionales, y dadas las ingentes necesidades y la respuesta limitada del gobierno, el CICR no tuvo más remedio que suministrar alimentos, agua y atención médica para la mayoría de los detenidos. Tomó incluso la medida inusual de ayudar a construir una prisión para aliviar el hacinamiento. El inconveniente de esta postura es que las autoridades detenedoras pueden negarse lisa y llanamente a gastar dinero en los prisioneros si saben que el CICR intervendrá de alguna forma para evitar una emergencia.

A diferencia de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, el CICR apoya su acción en los contactos confidenciales más que en las declaraciones o condenas públicas cuando se trata de convencer a los gobiernos para que resuelvan los problemas en los lugares de detención. Está convencido de que su modo de proceder confidencial, lejos de los medios de comunicación, contribuye a que las autoridades hagan lo necesario para mejorar las condiciones dentro de las prisiones sin afectar su imagen ni politizar el asunto. Según Alain Aeschlimann, «la confidencialidad del CICR tiene sus límites. Al aceptar la presencia del CICR en sus prisiones y su manera de trabajar, las autoridades se comprometen a tratar de buena fe las cuestiones espinosas, como la tortura, sobre las cuales informa». Cuando falta la voluntad política de escuchar y actuar, el CICR puede decidir suspender sus visitas o tratar de ejercer presión movilizando a otros actores que tengan influencia en la autoridad detenedora. Como último recurso, el CICR también puede referirse públicamente a la situación en una cárcel siempre que se cumplan diversas condiciones, la más importante es que la organización esté convencida de que su acción redundará en beneficio de los interesados. Esto ocurre pero pocas veces.

 

 

 

 

 

 

 


Una entrevista sin testigos con un detenido en la cárcel de Anayancy, Quibdo, Colombia.
©Boris Heger / CICR

Confidencialidad y transparencia

Tras la publicación, en mayo de 2004, de un informe confidencial del CICR sobre la prisión de Abu Ghraib, las relaciones del CICR con las autoridades detenedoras fueron objeto de un detenido examen. En el informe, publicado sin el consentimiento de la organización, se abordaban problemas como los que se mostraron en las fotografías publicadas y que escandalizaron a la opinión pública de todo el mundo. Si bien algunos acusaron al CICR de haber dejado filtrar deliberadamente el informe para perjudicar a Estados Unidos, otros interpretaron su silencio público sobre lo que había presenciado en Abu Ghraib como una muestra evidente de connivencia con la nación más poderosa del planeta y uno de los donantes más importantes del CICR.

Abu Ghraib ilustra el dilema que enfrenta el CICR en sus relaciones con las autoridades detenedoras. Por un lado, entablar un diálogo confidencial antes que optar por la condena pública puede facilitar el acceso del CICR a los lugares de detención y aumentar, sin lugar a dudas, la posibilidad de que los gobiernos intenten resolver los problemas en las prisiones de su país sin necesidad de admitir públicamente sus fracasos. Por otro lado, las autoridades pueden hacer simplemente caso omiso de los informes del CICR y pretender que el silencio de la organización ante el público es una aprobación de su sistema de detención. No es fácil encontrar una solución. Adoptar una postura más firme hacia las autoridades detenedoras puede inducir a éstas a bloquear los contactos del CICR con los detenidos especialmente cuando no tienen ninguna obligación jurídica de garantizar el acceso. A la inversa, si se percibe que el CICR se muestra demasiado dócil con las autoridades detenedoras se podría poner seriamente en duda la independencia y neutralidad de la organización.

La crisis de Abu Ghraib puso también en entredicho la eficacia del CICR. Si a pesar de las visitas de sus delegados prosiguen los malos tratos, aducen los críticos, entonces ¿qué es lo que realmente aportan?
Hay una creciente presión sobre el CICR para que sea más transparente en medio de la inquietud de que los gobiernos que enfrentan la amenaza del terrorismo estén cada vez más determinados a pasar por alto los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cuando se trata de detener a sospechosos. «En el pasado», cuenta Pierre Kraehenbuehl, director de Actividades Operacionales del CICR, «solíamos decir: ‘tengan confianza en nosotros, estamos cumpliendo con nuestro trabajo’. Hoy la cosa es bien distinta; tenemos que demostrar que lo que hacemos da resultados y estamos obligados a probar que somos eficaces.»

Los cientos de miles de detenidos que visita cada año el CICR probablemente sean los más indicados para juzgar la eficacia de sus visitas. Muchos se sienten sin duda frustrados porque el CICR se niega a impugnar los motivos de la detención, lo que, según la organización, trasciende de su cometido estrictamente humanitario, y porque se muestra renuente a denunciar públicamente la situación de los detenidos de que se trate. Otros cuestionan la independencia de la organización frente a las autoridades detenedoras o aceptan mal los límites del CICR. Con todo, la mayoría de los detenidos están agradecidos por la presencia del CICR y lo que logra hacer durante lo que son a menudo los días más sombríos de sus vidas. «Gracias al CICR hemos recobrado nuestra dignidad humana», escribía Ali Najab, piloto de un caza marroquí, en una carta dirigida al presidente del CICR tras ser liberado por el Frente POLISARIO después de haber pasado 25 años detenido. «Pese a las enormes dificultades con que tropezaron los delegados, siempre pudieron aliviar la situación, gracias a su tacto y paciencia, nos ayudaron y reconfortaron e hicieron las veces de cordón umbilical entre los prisioneros y nuestros familiares por intermedio de los mensajes de Cruz Roja.»

 

 

 

 

 

 

 


Una delegada del CICR visita la superpoblada cárcel central de Kigali, Ruanda, en 1994. El CICR se vio obligado a proporcionar víveres y atención médica a los presos detenidos allí.
©Thierry Gassmann / CICR

 

 

Florian Westphal
Encargado de comunicación del CICR en Kuala Lumpur, Malasia.
Para más información consulte
www.cicr.org/spa/detencion

 


Los presos condenados a cadena perpetua utilizan el patio de la cárcel de Nubarashen en Ereván, Armenia, para hacer ejercicios.
©Boris Heger / CICR

Vigilancia de los abusos

Loubna Freih es la ex directora en Ginebra de Human Rights Watch, organización internacional encargada de controlar el respeto de los derechos humanos y hacer campaña en contra de los abusos.

Human Rights Watch denuncia públicamente las violaciones de los derechos humanos ejerciendo así presión en los gobiernos y las partes en un confl icto mientras que el CICR favorece los contactos confidenciales con ellos entre bastidores. ¿No se contradicen estas dos formas de trabajar?
No, en absoluto. Human Rights Watch alza la voz públicamente, sabiendo que esta postura puede costarle el acceso a los detenidos o a otras víctimas en un país dado. Trabajamos según el método de «nombrar y avergonzar» a los transgresores de los derechos humanos, mientras que el CICR utiliza la confidencialidad para lograr entrar a las prisiones y ver a los detenidos. A nuestro parecer estos dos modos de proceder se complementan y ambas organizaciones son necesarias.

¿Qué caracteriza la labor del CICR en los lugares de detención?
Es importante que haya una organización como el CICR que pueda tener sistemáticamente acceso a los detenidos y pueda visitarlos. Esto es particularmente cierto en situaciones en las que cuantas más cosas se mantengan en secreto más probabilidades hay de que se descubran las violaciones más inimaginables de derechos humanos.

El CICR afirma que su estrategia de diálogo confidencial le permite tener una influencia en los gobiernos y convencerlos de que pongan término a los abusos en las cárceles. ¿Sirve esto?
Sirve, claro, siempre que el CICR pueda remontar la cadena del mando, reunirse con las personas indicadas en los ministerios que corresponde. Si no obtiene una respuesta adecuada a sus informes sobre los abusos cometidos en las cárceles, es muy importante poder decir «estuvimos allí, vimos lo que ocurre, tenemos la información, aquí está el informe». Los casos en que el CICR puede ser más útil son aquellos en que las más altas jerarquías d el gobierno ignoran sencillamente lo que hace el personal de prisión. Sin embargo, cuando se trata con gobiernos que desconocen el CICR, la tarea puede resultar sumamente difícil. Piensan que nada les ocurrirá pues el CICR no ventilará la información. En ese aspecto, el CICR es un tanto frágil. Probablemente debería explicar de manera más sistemática sus procedimientos y su cometido al público y demostrar algunos logros obtenidos.

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la protección que confi ere el derecho internacional humanitario fue objeto de críticas. ¿Qué obstáculos plantea este nuevo entorno al CICR?
El CICR afronta realmente toda una serie de obstáculos no sólo por parte de los países responsables de violaciones del derecho. Algunas críticas se deben a la ignorancia y es ahí donde el CICR debe explicar mejor lo que hace y cómo lo hace. Otro obstáculo para el CICR es decidir qué se debe hacer en caso de repetidas violaciones. Dispone de un procedimiento para ejercer mayor presión sobre los transgresores, pero ¿sirve? El CICR debe estar en condiciones de decir al infractor: «Esto es lo que haremos si no cambia la manera de tratar a los detenidos».

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