Son pasadas las 3 de la tarde en una extensa zona de entrenamiento militar anegada por la lluvia en Grafenwoehr, en el sureste de Alemania, a poca distancia de la frontera con la República Checa. Unos doce oficiales del ejército vestidos con sus uniformes de camuflaje están sentados alrededor de una mesa en una sala de conferencias mientras un oficial británico se prepara para hablar.

De repente, surge un problema: hay una presencia sospechosa en la sala: el corresponsal para esta revista; hay una discusión rápida con el organizador del curso. Se explica que está allí solamente para la ponencia que hará el CICR y luego se irá. Los presentes asienten con la cabeza, el reportero puede sentarse y el curso empieza.

Estos oficiales están preparándose para una misión en Afganistán a finales de 2008, donde formarán parte del personal de la sede del Comando Regional Sur, estacionado en Kandahar, de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) de la OTAN.

El jefe adjunto de la delegación del CICR en Afganistán, Patrick Hamilton, toma la palabra para informar a los oficiales del enfoque de la organización respecto de la protección de las personas civiles, lo que incluye también las denuncias presentadas por los civiles sobre presuntas violaciones del derecho internacional humanitario (DIH).

Las denuncias de este tipo se examinan en las reuniones periódicas que se mantienen con las autoridades militares y la oposición armada en Afganistán. El CICR solicita a las autoridades que lleven a cabo una investigación, comuniquen los resultados y velen por que haya un cambio de conducta.

Conociendo la sensibilidad de los militares ante cualquier queja de mala conducta, Hamilton insiste en que el CICR habla de “suposiciones” y no de “acusaciones”. Una vez terminada su exposición, los oficiales prosiguen con sus asuntos internos: una sesión de información sobre el propio procedimiento de la FIAS tras un incidente.

“Tengo la impresión”, observa Hamilton después de la sesión, “de que hay una buena comprensión general de lo que hace el CICR. La OTAN sabe que mantenemos contactos con la oposición armada y los talibanes; su deseo es que les transmitamos el mismo mensaje. A lo que les contestamos que es exactamente lo que hacemos, es el motivo fundamental de nuestra presencia en el conflicto: ser igual ante todas las partes y mantener el mismo discurso.

El CICR ha pasado a ser un participante regular en estos cursos, informando a los oficiales sobre su labor y las cuestiones con que tropezarán en el terreno. Es un nivel de cooperación y de confianza que difícilmente se hubiera podido imaginar hace diez años.

“No puede faltar alguien que exponga el punto de vista del CICR en estas sesiones”, asegura el Teniente General Agner Rokos, comandante danés del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Conjuntas de la OTAN, encargado de organizar el ejercicio previo al despliegue. Explica que el método de adiestramiento del Centro supone dar participación a los representantes de las organizaciones que encontrarán en el terreno, “lo que desde luego incluye al CICR”.

Rokos reconoce la importancia de la independencia del CICR: “Comprendemos que el CICR no puede verse como una parte implicada con los militares”.

La independencia del CICR, un aspecto esencial de su confianza en la acción humanitaria neutral e independiente, ha puesto durante mucho tiempo un freno al desarrollo de lazos institucionales más estrechos con las fuerzas militares, a pesar de que siempre ha sido una necesidad diaria mantener contactos operacionales en el terreno, indispensables para obtener acceso a los heridos, los detenidos y los civiles atrapados por el conflicto.

“La relación entre la Cruz Roja y las fuerzas armadas es algo fundamental”, declara Michael Meyer, jefe de Derecho Internacional de la Cruz Roja Británica. Este vínculo, explica, existe desde la fundación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sin él, los miembros del Movimiento no podrían cumplir sus cometidos respectivos.

Hoy, todos los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (CICR, Sociedades Nacionales y Federación Internacional) mantienen una relación periódica y estructurada con las fuerzas armadas, sea en la promoción del derecho internacional humanitario, sea en la respuesta a los desastres naturales y conflictos armados. La relación se define en los textos oficiales. En el artículo 3 de los Estatutos del Movimiento, se hace referencia al ámbito de actividades de la Sociedad Nacional, mientras que en el artículo 4, por el cual se establecen las condiciones para el reconocimiento oficial de las Sociedades Nacionales, se solicita explícitamente que sea reconocida por su gobierno como “sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario”.

En el I Convenio de Ginebra de 1949, se confiere al personal de la Sociedad Nacional que participa como auxiliar oficial, y bajo las órdenes militares, la misma protección que al personal sanitario de los ejércitos regulares.

En 2007, el Consejo de Delegados aprobó un documento orientativo sobre las relaciones con las fuerzas armadas, destinado a salvaguardar la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de su labor humanitaria, esencialmente mediante el respeto de los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La índole cambiante de las operaciones militares desde comienzos de los años noventa y la propia participación de los militares en las operaciones de socorro ha llevado a ambas partes a darse cuenta de que es indispensable adaptar su relación, para lo cual se ha necesitado un esfuerzo conjunto. “En general, en los últimos 10 años el acercamiento ha sido más de los militares a los civiles que todo lo contrario”, declara Flemming Nielsen, jefe de coordinación de las operaciones y coordinador para las relaciones civiles- militares de la Federación Internacional.

“Algunos actores humanitarios tienen la impresión de que el problema son los militares, son ellos ‘los asesinos’”, explica Nielsen, ex oficial de la Fuerza Aérea danesa que tiene una gran experiencia en la labor de socorro con las Naciones Unidas y la Cruz Roja y la Media Luna Roja (véase recuadro). “Deben entender que los militares están allí y tienen un papel. Debemos aprender a trabajar con ellos, y cuando no es posible, a explicar el por qué.”

David Horobin, coordinador del despliegue rápido en el CICR, opina que es inevitable la creciente participación de los militares. La frontera que existía tradicionalmente entre los desastres naturales y las emergencias relacionadas con conflictos va desapareciendo”, explica. “Los militares están preparados hoy para responder a todos los tipos de emergencia, pero precisan aún la pericia de las entidades civiles.”

Horobin, que también trabajó para la Federación Internacional y el Gobierno británico, asegura que aunque los recursos logísticos militares pueden ser útiles, el Movimiento debe conocer la dualidad de ese papel y utilizarlo solamente como último recurso. “En un momento dado los soldados pueden estar encargados de suministrar ayuda humanitaria y en otro de trasladar tropas y armas”, explica. Los militares conocen esta situación con el nombre de operaciones de “tres bloques”, en la cual pueden tener lugar casi simultáneamente la asistencia humanitaria, las operaciones de estabilización y los combates.

Estamos a años luz de los albores de la Cruz Roja. La batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859, fue el punto de partida, cuando Henry Dunant, hombre de negocios ginebrino, se encontró organizando los primeros auxilios para los soldados heridos. La obra que escribió más tarde condujo rápidamente a dos hitos: la creación de las sociedades voluntarias de socorro en cada país para apoyar a los servicios sanitarios de los ejércitos en tiempo de guerra y la aprobación de un tratado destinado a garantizar una ayuda imparcial a todos los heridos en el campo de batalla: el Convenio de Ginebra. Este tratado estableció el principio de neutralidad para el personal sanitario, que se identificaría por medio de un emblema común: la cruz roja sobre fondo blanco.

En los cincuenta primeros años de la Cruz Roja, se pusieron en práctica las ideas de Dunant: el Convenio de Ginebra fue aprobado por los países en Europa, Asia y América y se fundaron las sociedades de socorro nacionales, que movilizaron a equipos médicos y enviaron suministros al frente, incluso a conflictos en los cuales su país no estaba involucrado.

Durante ese período también se aprobó el emblema de la media luna roja utilizado por el Imperio Otomano, el CICR inició su labor en favor de los soldados capturados y las Sociedades Nacionales empezaron a encargarse de la asistencia a las víctimas civiles de los desastres naturales.

El desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial en 1914 trajo consigo la mayor movilización humanitaria de la historia: decenas de miles de enfermeras, un sinnúmero de ambulancias y trenes hospitales. Muchos voluntarios perdieron su vida cerca de las líneas del frente.

Pero después de la guerra, el mundo añoraba la paz. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, fundada en 1919, se convertiría en el nuevo punto de coordinación de las Sociedades Nacionales, que ya no tenían que preocuparse más de los soldados heridos porque ya no habría otra guerra...

Según Jean-Christophe Sandoz, asesor jurídico del CICR, los lazos privilegiados entre la Cruz Roja y las fuerzas armadas fueron cuestionados. “En los años 20, cuando las Sociedades Nacionales se dedicaban a las actividades en tiempo de paz, sus relaciones con las autoridades cambiaron también de la posición original de ser auxiliares en el sentido estrictamente militar y para los fines en tiempo de guerra”.

Fue necesario articular los principios básicos del Movimiento, sobre todo el de independencia, lo cual , en cierto sentido, se desavenía con el carácter tradicional de auxiliar; los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja iban a ser universales, en contraposición con las perspectivas estrictamente nacionales que habían reinado hasta entonces.”

El CICR continuó trabajando con los gobiernos para mejorar la protección de los soldados, basándose en su experiencia de la Primera Guerra Mundial. En 1925, los Estados suscribieron un tratado que prohibía el uso de las armas venenosas y bacteriológicas y en 1929 se actualizó el Convenio de Ginebra, a fin de reforzar la protección de los prisioneros de guerra.

El derecho internacional humanitario siguió centrado en la situación de las víctimas militares. No fue sino hasta 1949, después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los civiles pasaron a beneficiarse de su protección.

No obstante, la ley debía aplicarse. Siempre los gobiernos han tenido la obligación de instruir a sus soldados sobre los Convenios de Ginebra, lo cual no siempre fue una prioridad en la guerra fría.

“Nos estábamos preparando para lo peor, lo que significaba la posibilidad de una guerra nuclear”, destaca Charles Garraway, ex asesor jurídico del ejército británico, hoy colaborador de la Cruz Roja Británica. La impresión era que esta vez ya no habría prisioneros de guerra que cuidar. La instrucción en derecho humanitario en aquella época era relativamente formalista.”

El capitán Abdul Aziz Ahmed, director de los servicios jurídicos de la Marina Real de Malasia, coincide con esta opinión. “Antes de 1996, si se preguntaba a los oficiales lo que significaba una “violación grave” del DIH, muy pocos sabían. Algunos pensaban que los Convenios de Ginebra trataban sólo de servicios sanitarios.

A medida que muchos países de Asia y África se iban independizando, en algunos, tras vivir guerras civiles, se iba haciendo cada vez más evidente la falta de conocimientos del derecho humanitario. En 1977, la Conferencia que aprobó los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, los cuales reforzaban la protección a las víctimas de la guerra, solicitó al Movimiento que hiciera más para ayudar a los gobiernos a enseñar el derecho a sus ejércitos.

El papel principal recayó en el CICR: secundado por un oficial del ejército suizo, organizó cursos, a los que asistían oficiales del mundo entero, y produjo su primer manual destinado a las fuerzas armadas.

El CICR creó una unidad especializada (llamada Unidad FAS) para ayudar a los ejércitos en la instrucción del derecho de la guerra y entablar relaciones con las fuerzas armadas y de seguridad en todo el mundo (véase recuadro). Pero este enfoque no logró llegar sistemáticamente a los grupos armados que no entran en las estructuras militares tradicionales, es decir, guerrillas, rebeldes y “combatientes por la libertad” que se encuentran a menudo en África, Asia y América Latina.

El problema se agravó en los años noventa, en las guerras que siguieron al desmembramiento de la Unión Soviética y Yugoslavia, en África y más recientemente en Oriente Próximo. Era necesario adoptar un nuevo enfoque. El CICR intensificó también sus contactos con las fuerzas de las Naciones Unidas y de la OTAN que intervienen en las operaciones de apoyo a la paz.

Desde el comienzo del nuevo siglo la labor de la unidad especializada del CICR se ha armonizado con los problemas operacionales que enfrenta el CICR, por ejemplo ayudando a la institución a comprender mejor el mundo y la mentalidad de los militares, promoviendo la confianza mutua y un verdadero diálogo en el cual el CICR puede expresar sus preocupaciones de índole humanitaria y obtener respuestas.

Tras los ataques contra los Estados Unidos y la consiguiente guerra contra el terrorismo, las relaciones del CICR con los militares han tomado un nuevo cariz.

“Hoy tratamos con unas fuerzas armadas cuyo poder se proyecta a nivel mundial, sobre todo en el caso de Estados Unidos, pero también las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”, explica François Sénéchaud, jefe de la Unidad FAS. “Eso significa que nos encontraremos con esas fuerzas armadas en todas partes. Debemos asegurarnos de que nuestro mensaje sea coherente, que se transmita en los Estados Unidos, Iraq, Djibouti o Filipinas.

O en Kabul. A decir verdad, las relaciones entre el CICR y los militares  están entrando en una nueva fase en Afganistán. Si bien las dos partes mantienen un diálogo más abierto que en el pasado, subsisten importantes divergencias de enfoque, por ejemplo respecto del papel de las fuerzas militares en la prestación de asistencia que, a juicio de las fuerzas armadas, es un aspecto esencial de las operaciones de estabilidad.

El director adjunto de Actividades Operacionales, Walter Fuellemann, explica que es un problema utilizar la acción humanitaria para llevar adelante los objetivos militares. Es mucho más que “difuminar los límites”; tal acción puede llevar a confundir a la población necesitada, y a todos los demás, sobre la naturaleza misma de la labor humanitaria; sobre el hecho de si existe realmente una acción humanitaria neutral e independiente o si la ayuda se presta con condiciones.”

Dado que los gobiernos para poder ser más eficientes en función de los costos tratan de integrar en la misma respuesta los desastres y los conflictos, utilizando a asociados profesionales civiles, la Cruz Roja y la Media Luna Roja se muestra reacia a intervenir.

Así pues, ¿dónde queda el carácter de auxiliares de los poderes públicos de las Sociedades Nacionales, base tradicional de su existencia? ¿Dónde se sitúan los límites? ¿Qué ocurre si un gobierno, que envía tropas a algún país como Afganistán o Iraq, pide a la Sociedad Nacional que desempeñe un papel que transgreda los principios del Movimiento?

Las consecuencias de esta realidad, para el carácter de las Sociedades Nacionales  y de cualquier gobierno donante, llevó a la XXX Conferencia Internacional del Movimiento, en 2007, a aprobar una resolución, en la que se estipula que las Sociedades Nacionales no sólo tienen la obligación de estudiar seriamente cualquier solicitud que le presenten sus autoridades, sino también de rechazar toda petición que esté en contradicción con los principios.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja no son las únicas en ver que este tipo de situación puede ser una amenaza para el “espacio humanitario”, y que podría afectar a la percepción que se tiene de los colaboradores humanitarios (y por ende a su seguridad), su capacidad para llegar a las víctimas y, por cierto, la noción de acción humanitaria verdaderamente independiente, que se sustenta en las necesidades y no en las consideraciones de orden político o militar.

El Movimiento, grupos de Estadosy organizaciones y ONG, han elaborado diversas directrices que rigen, por ejemplo, el uso de los recursos logísticos militares en situaciones de emergencia.

Dejamos abierto a las conjeturas lo
que hubiera pensado el General Dufour, distinguido jefe militar suizo y primer presidente del CICR, sobre la evolución de esta situación. Lo que está claro es que, 150 años después, el Movimiento que se creó a partir del gesto de un hombre en Solferino está redefiniendo sus relaciones con sus primeros beneficiarios, los militares, y el proceso dista mucho de haberse completado

Militares japoneses integrantes del equipo médico de emergencia preparan una bandera de la Cruz Roja en su campamento al iniciar sus tareas en Banda Aceh, ciudad asolada por el tsunami, en la isla de Sumatra, 19 de enero de 2005
©REUTERS / KIMIMASA MAYAMA, CORTESÍA DE www.alertnet.org

Primera Guerra Mundial, 1914–1918. Un soldado herido es trasladado en un tren de la Cruz Roja Húngara.
©VIENNE KRIEGSARCHIV / CICR

Durum, Sudán. Sesión de difusión del CICR sobre las normas de la guerra impartida a los
combatientes del “Movimiento Justicia e Igualdad”.
©BORIS HEGE R / CICR

Socorristas de la Media Luna Roja Palestina evacuan un cadáver del campamento de refugiados de Jenín en Cisjordania bajo la mirada de soldados israelíes, 15 de abril de 2002.
©REUTERS / HO NEW, CORTESÍA DE www.alertnet.org

Soldados estadounidenses con miembros de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad dirigida por la OTAN distribuyen útiles escolares a niños afganos en Orgun, en el este de Afganistán, 16 de marzo de 2007.
©AFP PHOTO / US HQ / THOMAS J. DOSCHER